El Plan de Saneamiento de Castilla y León

Javier Arribas Rodríguez*

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Descriptores: Castilla y León, Plan de saneamiento, Calidad del agua, Objetivos, Actuaciones, Zonas sensibles, Habitantes equivalentes, Costes, Financiación, Gestión, Actuaciones complementarias

La cultura del agua en Castilla y León

La cultura tradicional

En un territorio tan extenso y variado conviven culturas del agua bastante diferenciadas.

En las comarcas húmedas de las montañas septentrionales la vida de los valles se organiza al compás fluctuante de sus ejes fluviales. Las aguas cristalinas corren durante todo el año y son la mayor fuente de riqueza para sus ribereños, porque las beben, riegan sus prados y pequeños huertos por incontables acequias, que en León llaman presas, crían excelentes truchas y atraen tanto al lugareño como al foráneo, que bordean sus riberas para disfrutar de unos entornos singularmente bellos.

En las llanuras centrales, donde escasean las lluvias, los ríos, ligeramente hundidos, apenas son perceptibles por la delgada línea de soto de galería que los enmarca. El régimen torrencial ha repartido desgracias y sustos en las periódicas inundaciones, e intensas angustias y pestes en las frecuentes y prolongadas sequías. Aquí los ríos han sido fronteras, obstáculos difícilmente vadeables fuera del estiaje y lindes de las ciudades. En los dilatados interfluvios, especialmente en los planos páramos calizos, el agua se hace notar, sobre todo, por su ausencia.

Mientras en algunos lugares los ríos tienen un valor patrimonial cierto en la cultura de sus gentes, en otros casi no se dieron cuenta de su progresiva degradación por causa de la contaminación generada por los usos económicos del agua.

Nuevas perspectivas

Sin duda, el despertar de la conciencia medioambiental en el común de nuestra sociedad busca su principal proyección en la recuperación y protección de los ecosistemas fluviales. Emerge, así, un conflicto abierto entre la mentalidad tradicional de los usuarios económicos del agua –riegos, producción hidroeléctrica y abastecimiento– y la denuncia de los defensores radicales del medio natural.

En la necesidad de encontrar soluciones de equilibrio a estos conflictos, mejorar la eficiencia en el uso del agua y evitar la contaminación de ríos y acuíferos deben ser objetivos prioritarios para la moderna política hidráulica.

Un nuevo objetivo en la política hidráulica: la calidad del agua

Referencia para calificar la calidad del agua

Tanto para concretar un diagnóstico como para plantear unos objetivos es preciso disponer de una referencia para calificar la calidad del agua, que se puede graduar por sus características propias o por los usos que pueda servir de acuerdo con la calidad requerida por cada uno de ellos.

Por uno u otro camino se llega a la calificación final partiendo del valor de unos parámetros o variables que representan la calidad del agua referida a aspectos físicos, químicos y biológicos que guardan correspondencia con dicha calidad. Entre estas variables, se emplean con mayor frecuencia las que se refieren a aspectos físicos –materia en suspensión, temperatura, color, conductividad–, a la evolución del oxígeno disuelto –concentración, demanda biológica o química de oxígeno–, a la concentración de iones de las sales dominantes –cloruros, sulfatos, carbonatos, nitratos, sodio, potasio, calcio, magnesio–, de elementos más complejos –detergentes, cianuros, fenoles–, de los metales pesados, o de coliformes.

En cualquier caso, resulta complicado y engorroso manejar todas estas variables cuando se trata de definir la calidad del agua. Con objeto de simplificar la tarea se utilizan unos “índices de calidad” que son el resultado de ponderar e integrar los valores de las variables básicas.

Entre los índices que gradúan la calidad de acuerdo con las características del agua se han desarrollado en la práctica dos familias: índices físico-químicos, que reflejan la calidad instantánea, e índices biológicos, que registran la calidad a lo largo de un cierto período de tiempo pasado.

Sin duda, resulta más expresivo definir la calidad del agua de un río según su aptitud para servir a los usos más frecuentes de la misma. Este método toma en consideración las dos versiones del río –ecosistema y yacimiento– y es el utilizado como referencia de calidad del agua en el Plan de Saneamiento de Castilla y León.

En esta línea avanza la Comunidad Europea, que ya ha definido la calidad de las aguas de los ríos según la complejidad de su tratamiento para el uso en el abastecimiento de la población, la aptitud para el baño y la supervivencia de diversas especies piscícolas.

Para completar el panorama de usos del agua en nuestra región es conveniente tener en cuenta, además, el riego y el valor paisajístico. En el primer caso predominarán los aspectos relativos a la salinidad del agua (concentración total de sales y relación de absorción de sodio como referencia del peligro de alcalinización del suelo), la impermeabilidad del terreno (materia en suspensión, detergentes) y la toxicidad (boro, con límite máximo de 2 ppm y coliformes totales, con límite en 10.000 coliformes por mililitro de agua). En cuanto al valor estético, habrá que valorar la transparencia, la carencia de espumas tras los rápidos y la ausencia de color y olor.

En relación con la aptitud del agua para cada uso, se puede establecer diversas categorías o niveles de calidad (Fig. 1). Cabe, entonces, ponderar las diversas aptitudes de un agua para darle una calificación global de excelente, buena, mediana, mala o muy mala, según que sirva para todos los usos –sin precauciones o adoptando alguna cautela–, pierda alguno de los usos, o todos ellos (Fig. 2).

Establecida la anterior base conceptual para definir un sistema de referencia a la hora de calificar la calidad del agua, surgen varias dificultades para su empleo práctico.

Aunque la carga contaminante vertida puede estimarse uniforme a lo largo del año, con una suave tendencia decreciente interanual, la enorme variación estacional del caudal circulante hace que el diagnóstico sea totalmente diferente en torno al equinoccio de primavera (máximos caudales) respecto al equinoccio de otoño (mínimos caudales). Es necesario, pues, establecer un criterio de referencia. Las Directivas del Consejo Europeo relativas a la calidad exigible al agua según sus posibles usos establecen, como regla general, que un agua podrá calificarse con una determinada calidad cuando el 95% de las muestras cumplan las especificaciones correspondientes a dicha calidad.

Como quiera que se recomienda una frecuencia mensual para el muestreo, tendremos que el caudal continuo equivalente a la aportación media de la serie plurianual correspondiente al mes más seco de cada año tiene, aproximadamente, una probabilidad del 96% de ser superado cuando se va a coger una muestra cualquiera; por tanto, la calidad del agua vinculada a dicho caudal tiene a su vez una probabilidad del 96% de ser igualada o superada al tomar cualquier muestra.

Así pues, se adopta como calidad representativa del agua en un punto del río la correspondiente al mes que tenga su aportación más cercana a la media del conjunto del mes más seco de cada año.

Además, será necesario conocer la evolución de los procesos de autodepuración en los ríos para determinar, en cada época del año, la contaminación residual o acumulada antes de cada vertido.

Hay, pues, por delante una tarea compleja que debe casar el rigor de los conocimientos científicos y la progresiva familiarización con las circunstancias de nuestros ríos, acuíferos y otras zonas húmedas. Precisamente, el perfeccionamiento de un sistema de referencia para determinar la calidad del agua es un objetivo ambicioso que se marca en este plan, desde un estadio inicial que se estima suficiente para realizar un diagnóstico general de la red fluvial; objetivo que se empareja con la modelización de los ríos de la región de suerte que dispongamos de unos modelos que permitan simular el régimen de caudal y de calidad bajo diferentes circunstancias.

Las cuencas hidrográficas

El territorio de la Comunidad Autónoma drena hacia cuatro grandes vertientes o cuencas hidráulicas.

La de mayor superficie, la del Duero –el 80% de la Comunidad– ocupa el espacio central de la meseta Norte; las del Tajo y del Ebro recogen los caudales de unas áreas de notable superficie en el sur de Ávila y Salamanca, las del primero, y en el este de Soria y Burgos, las del segundo. Por último, en la vertiente norte se agrupan los territorios del noroeste leonés que vierten al Sil y los valles de Oseja, Valdeón y Mena, cuyos cursos fluyen directamente al Cantábrico.

A efectos tanto de estudio y caracterización como de programación de las actuaciones, se ha dividido cada una de estas cuencas en subcuencas, afluentes y sectores, tal como se muestra en la figura 3.

Presión contaminante

La presión contaminante en cada cuenca viene expresada por el número de habitantes equivalentes que vierten sus aguas residuales en ella.

La población equivalente se ha calculado sumando a la población humana estival las correspondientes a la ganadería y la industria una vez convertidas en habitantes equivalentes mediante los razonamientos que a continuación se explican.

El método empleado en este Plan Regional de Saneamiento para evaluar la presión contaminante de la cabaña ganadera tiene por fin primordial determinar la fracción de dicha presión que se evacua por los colectores municipales y que, por tanto, deberá depurarse en las estaciones incluidas en este plan.

De aquí que el plan, con un criterio simplificador, se fije exclusivamente en las especies bovina y porcina, que son las que tienen una incidencia significante en los vertidos realizados por los colectores municipales.

Conocido el desglose de las cabañas por términos municipales, se ha realizado una primera diferenciación entre municipios con alta concentración ganadera, y por tanto con fuerte incidencia en la contaminación orgánica de la red hidrográfica, y el resto de los municipios, donde, en principio, la intensidad de la contaminación ganadera que llega a los ríos es mucho menor porque la carga orgánica, más dispersa, puede ser absorbida mediante su “reutilización agraria” en mayor proporción que en el primer caso.

Se ha considerado que un municipio es de alta concentración ganadera cuando su censo de vacuno es superior a 600 cabezas (excepto Ávila, Segovia y Salamanca, donde se rebaja el límite a 350 reses, dada la mayor densidad territorial de municipios ganaderos, con el correspondiente efecto acumulativo) o si tiene un censo de porcino superior a 3.000 cabezas (salvo en Burgos, donde, por razones similares, se adopta un límite de 2.000 cabezas). Realizados los cálculos oportunos, se deduce que, como valores medios para el conjunto de la región, el 50% de las cabezas de vacuno y cerca del 70% del porcino están altamente concentradas. Es decir, unos 8.500.000 habitantes equivalentes se localizan en municipios con alta concentración ganadera, y 6.500.000 habitantes equivalentes, en el resto de los municipios.

En el programa que ha servido de partida para este estudio se analizan las posibilidades de absorción por el campo de los purines producidos por la cabaña ganadera, teniendo como referencia la determinación de la Directiva 91/276/CEE, que define como “zonas vulnerables” aquellas que soportan una carga ganadera superior a la reciclable por el terreno.

Puede considerarse que, aproximadamente, un 36% de la carga contaminante en municipios de alta concentración corresponde a localidades que tienen graves dificultades en eliminar los purines y, por tanto, precisarían de un tratamiento específico. En toda la Comunidad se ha detectado en estas circunstancias un total de 75 municipios con la posibilidad de agruparlos en 35 zonas por su proximidad y fácil intercomunicación.

De la carga restante de los municipios de alta concentración ganadera se ha deducido que el 34% puede aplicarse a los campos, lo que generaría una carga contaminante dispersa en los ríos del 7% –es decir, el 20% de la carga aplicada– y el otro 30% se eliminará por el sistema de saneamiento municipal.

A su vez, para los municipios de media y baja concentración ganadera se ha supuesto que el 70% de la carga contaminante se aplica a los campos, lo que comporta un 14% de carga dispersa en los ríos, y el restante 30% va a los sistemas municipales de saneamiento.

Para evaluar la presión contaminante generada por la industria, expresada en habitantes equivalentes, se ha buscado la relación entre dicha variable y el número de empleos de cada sector industrial.

Cuando el vertido industrial es básicamente orgánico, el número de habitantes equivalentes de cada industria se ha deducido de dividir la DBO₅ emitida por la DBO₅ de un habitante medio (60g/día), de acuerdo con la Directiva 91/271/CEE; si el vertido industrial es, fundamentalmente, de naturaleza inorgánica, se ha ido a buscar el número de habitantes equivalentes por la relación de los costes de inversión de las respectivas estaciones depuradoras. Conocida la población equivalente, se ha dividido por el número de empleos para obtener el índice de equivalencia de cada industria. Resolviendo el cociente entre población equivalente y número de empleos del conjunto de un sector industrial se deduce el índice medio de equivalencia para dicho sector que, en el plan, hemos considerado uniforme para toda la región, salvo el caso de las industrias alimentarias, que, por presentar una gran diversidad de efluentes, tienen un índice medio de equivalencia para cada provincia.

La presión contaminante de origen industrial en cada cuenca se calcula sumando los productos del número de empleos de cada sector, localizados en dicha cuenca, por el correspondiente índice medio de equivalencia. Integrando las poblaciones equivalentes de todas las cuencas de la región se obtiene una población equivalente total de 2.900.000 habitantes.

Así pues, descontada la carga retenida en los campos, la presión contaminante total existente en el conjunto de la Comunidad es de 14.800.000 habitantes equivalentes: el 20% corresponde a población humana, el 60% a la ganadería, y el restante 20% a la industria. Ahora bien, como, en principio, la mitad de los vertidos ganaderos y algo más de la cuarta parte de los industriales se evacuan por los sistemas municipales de saneamiento, corresponde a éstos el 55% de la presión contaminante, mientras que un 30% se asigna a explotaciones ganaderas y el otro 15% a industrias, con vertidos directos (Fig. 4).

Síntesis del diagnóstico

Cabe resumir el estado actual de la red hídrica de Castilla y León con la siguiente relación de principales problemas, reflejada en la figura 5:

a. Deterioro relativo de las cabeceras, sobre todo en la margen izquierda de la cuenca del Duero, con retroceso de los hábitats de salmónidos y eutrofización paulatina de algunos embalses con posibles usos de abastecimiento. Los pequeños caudales y especialmente la contaminación ganadera son sus principales causas.

b. Fuerte contaminación orgánica en algunos tramos medios y bajos de los cursos principales –Pisuerga, Bernesga, Duero, Ebro– debida a los grandes vertidos de los núcleos capitales.

c. Bajo nivel de aptitud para baños y usos recreativos en esos cursos medio y bajo de los cauces –por otra parte los más poblados–, por las mismas razones mencionadas anteriormente.

d. Dificultad en la potabilización del agua en algunos puntos de esa misma área por idénticas razones.

e. Incidencia comparativamente pequeña de los vertidos industriales, con las excepciones de los polígonos de la provincia de Burgos –Miranda, Aranda y la propia capital burgalesa–, Valladolid y las correspondientes a la industria relacionada con la minería en el Sil.

f. Agravamiento de la situación en las épocas estivales por la exigüidad de los caudales de estiaje de los cursos principales a causa de las detracciones realizadas para riego y otros usos.

g. Grave deterioro ambiental de los arroyos –de muy escaso caudal durante el estiaje– en gran parte del ámbito territorial. El fuerte impacto que muchos de ellos acusan procede de los núcleos rurales y ganaderos, como norma general, y en ocasiones afecta a los escasos caudales útiles para abrevado de ganados y usos de abastecimiento.

h. Salinidad y contaminación en las aguas subterráneas utilizadas para riegos en algunas áreas de la zona central de la región.

i. Incidencia no controlada, pero sin duda existente, de los microcontaminantes –pesticidas, herbicidas y abonos– propios de un ámbito agrícola.

j. Eutrofización avanzada en los embalses del eje del Duero y moderada en los embalses de cabecera, con mejor calidad en los de la Cordillera Cantábrica.

Objetivos de calidad

La situación horizonte

La situación horizonte puede describirse también a través de los objetivos cuya aproximación progresiva se pretende conseguir:

• Extensión del área de salmónidos y ciprínidos a la práctica totalidad de su hábitat originario, de forma que todos los cauces principales alcancen su potencialidad en lo que a vida piscícola se refiere.

• Posibilidad de baños y usos recreativos en todo el ámbito de la red fluvial, si bien en unos casos será con aptitud total y en otros tan solo ocasional, por falta de caudal suficiente.

• Mantenimiento en su estado originario de todos los ríos y arroyos situados en parajes catalogados en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

• Calificación, respecto a los usos para potabilización, como calidad A₁ en todas las cabeceras y como A₂, al menos, en el resto de la red principal.

• Control de la situación de oligotrofia o, como mucho, mesotrofia en los embalses.

• Circulación de unos caudales mínimos de estiaje en la red.

• Eliminación del impacto visual que los vertidos producen en todos los arroyos, aunque no incidan en la calidad de la red general, y de las molestias originadas en localidades de aguas abajo cuando el cauce receptor las atraviesa o contornea.

Zonas “sensibles” en Castilla y León

La Directiva 91/271/CEE crea el concepto de “zona sensible” y establece unos criterios para su determinación, que en el ámbito de nuestra comunidad, se refieren a:

• Lagos de agua dulce naturales, y otros medios de agua dulce, que sean eutróficos o que podrían llegar a serlo en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección.

• Aguas dulces de superficie destinadas a la obtención de agua potable que, si no se toman medidas de protección, podrían contener una concentración de nitratos superior a la que fijan las disposiciones pertinentes de la Directiva 75/440/CEE, del Consejo, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable.

Calificada una zona como sensible, se deberá depurar con procesos más rigurosos las aguas residuales vertidas en ella procedentes de aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 habitantes equivalentes, aunque este requisito podrá obviarse si se puede demostrar que con todas las instalaciones urbanas existentes o proyectadas en la zona, se reduce, al menos, un 75% del fósforo y del nitrógeno totales.

Conviene avanzar con prudencia en este aspecto para no imputar cargas económicas adicionales a determinados núcleos urbanos sin estar probada su necesidad. A tal efecto, en este plan se opta por definir unas zonas sensibles claras –lagos, lagunas de relevante valor ecológico y embalses de cabecera que suministran agua a los abastecimientos de núcleos ayuso– y otras zonas que, reuniendo alguna condición para ser declaradas sensibles –embalses y tramos de captación para abastecimientos–, no se ha comprobado el riesgo cierto de eutrofización o de alta concentración de nitratos, ni la relación de estas concentraciones con los vertidos de los núcleos urbanos de aguas arriba, por desconocer en sus términos exactos los procesos de autodepuración y de contaminación difusa que condicionan y alteran aquella relación. Es un objetivo del plan el análisis detallado de estas zonas “potencialmente sensibles”, para resolver su calificación, razonablemente, en posteriores revisiones del Plan, tal como determina la propia directiva 91/271/CEE.

La situación objetivo del plan

La situación objetivo que se propone en el Plan de Saneamiento de Castilla y León, dentro de una estrategia de paulatina aproximación a la situación horizonte, es la perfilada en la Directiva 91/271/CEE:

a. Al 31 de diciembre del año 2000.

• Construcción de colectores y depuradoras con tratamiento biológico en las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes equivalentes.

b. Al 31 de diciembre del 2005.

• Construcción de colectores y depuradoras, con tratamiento secundario, en los núcleos o aglomeraciones entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes.

• Construcción de depuradoras con tratamiento adecuado a la calidad exigible en el medio receptor en los núcleos o aglomeraciones con menos de 2.000 habitantes equivalentes. La aplicación de este objetivo en nuestra Comunidad se plantea con los siguientes criterios: conseguir una calidad excelente en los ríos y arroyos incluidos en el ámbito territorial de la Red de Espacios Naturales y una calidad buena, cuanto menos, en los tramos urbanos de arroyos.

Cumplidos estos requisitos de depuración se alcanzará una situación, en cuanto a la calidad del agua en la red hidrográfica principal, igual o mejor a la reflejada en el mapa de la fig. 6, que puede considerarse como la “situación objetivo del plan”.

Actuaciones para alcanzar la situación objetivo

Clasificación y tipología

Dentro de las actuaciones necesarias para avanzar hacia la situación horizonte se han considerado tres grandes grupos que, de acuerdo con una secuencia lógica de ejecución, son los siguientes:

— Infraestructuras convencionales de conducción y depuración.

— Actuaciones para mejorar el conocimiento del medio hidráulico regional.

— Actuaciones complementarias al plan.

Se pasa a continuación a enumerar y tipificar los distintos conceptos y modalidades que se incluyen dentro de cada grupo.

Infraestructuras convencionales de conducción y depuración

Englobarán los emisarios de conducción de los vertidos y el tratamiento propiamente dicho.

Emisarios de conducción de vertidos

Son las conducciones que enlazan los puntos de vertido de los colectores generales municipales con la depuradora.

No incluyen las redes interiores municipales.

Para su concepción y diseño se fijan los siguientes criterios generales:

• Concentración de vertidos, evitando la existencia de más de una depuradora por municipio y tratando –en aquellos casos en que sea posible– de unificar los vertidos municipales cercanos, con el fin de evitar una innecesaria utilización de suelos con la consiguiente degradación del territorio.

• Conducción de vertidos municipales a distancias mínimas de 500 metros del núcleo, con capacidad para admitir como mínimo una dilución 1:5, recomendando admitir una dilución 1:10.

• Prolongación de dicha conducción –tras el aliviadero correspondiente– hasta la depuradora con dilución mínima 1:3, recomendando diseñar la conducción para admitir una dilución 1:5.

Depuración

En este plan se han seleccionado los siguientes sistemas (figura 7):

a. Núcleos con más de 10.000 habitantes y depuración convencional.

Fangos activados, o sus variaciones, con niveles mínimos de rendimiento del 90% de reducción de la DBO₅ (máximo valor en los vertidos depurados, 25 gr/m³) y de los sólidos en suspensión (máximo valor en vertidos depurados, 35 gr/m³) y eliminación del 50% de la demanda nitrogenada.

La programación detallada del plan podrá optar por la construcción en una única etapa o en varias, implantando en la primera un tratamiento primario y en segunda etapa, el biológico.

b. Núcleos entre 2.000 y 10.000 habitantes, en circunstancias normales.

Sistemas de procesos blandos y semiblandos de bajo coste de explotación y mantenimiento. Dentro de estos tipos de sistemas se considerarán con especial atención los lagunajes, filtros verdes y lechos de turba, que si bien exigen costes de inversión similares a los convencionales y espacios mayores, permiten su explotación con medios técnicos y humanos sencillos y asequibles a los municipios de este tamaño.

En los casos en que la ocasión lo requiera se podrán combinar dichos procesos con elementos singulares propios de los procesos convencionales, como, por ejemplo, unos decantadores primarios.

La eficacia a exigir a estos sistemas será de una reducción mínima del 70% de la DBO₅ y del 90% del total de sólidos en suspensión.

c. Núcleos con menos de 2.000 habitantes, y circunstancias normales.

Además del lagunaje natural, sin aireación forzada, se ampliarán para este tipo de núcleos, como norma general, instalaciones prefabricadas con una eficacia de depuración medida por una reducción mínima del 60% de la DBO₅ y del 80% del total de sólidos en suspensión.

Cuando en el cauce receptor se requiera una calidad excelente del agua, la eficacia de la depuración será, como mínimo, de una reducción del 80% de la DBO₅ y del 90% de los sólidos en suspensión.

d. Núcleos entre 5.000 y 20.000 habitantes con requerimientos más altos de depuración.

Se recomienda instalar en estos núcleos sistemas con biodiscos, biofiltros y canales de oxidación.

e. Núcleos con más de 10.000 habitantes equivalentes que viertan a “zonas sensibles”.

Se incluirán procesos de alta reducción de fósforo y/o nitrógeno. Dentro de ellos se dará preferencia a los procesos biológicos, acudiendo a los físico-químicos tan sólo en los casos que presenten grandes fluctuaciones de caudal.

f. Núcleos con fuerte contaminación industrial relativa.

En estos núcleos se estudiará la conveniencia de implantar un tratamiento físico-químico.

Será común a todos los procesos mencionados el desbaste de basuras gruesas para los caudales de dilución máximos y los desbastes finos para los caudales de dilución mínimos, así como los tanques de retención de tormentas para todos los núcleos de tamaño superior a 15.000 habitantes, aunque se dejará prevista la fácil implantación en el futuro de estos tanques en todas las estaciones de depuración de núcleos con población comprendida entre 5.000 y 15.000 habitantes.

Actuaciones para mejorar el conocimiento del medio hidráulico regional

Con financiación expresamente prevista en el plan se incluye un conjunto de actuaciones ampliables en el futuro, que tienen por objeto mejorar el conocimiento del medio hidráulico regional de suerte que puedan afinarse, con mayor fundamento, las medidas adecuadas a los objetivos propuestos de calidad del agua.

Estas actuaciones son, básicamente, las siguientes:

— Estudio de las zonas potencialmente sensibles y de las medidas para su protección.

— Definición completa del sistema de referencia de la calidad del agua.

— Investigación de la contaminación de acuíferos por nitratos.

— Modelización del curso de los ríos principales tras los oportunos inventarios detallados de secciones, pendientes, fauna, flora, obras en cauces y riberas, vertidos, etc.

— Control del nivel de eutrofia en los embalses, especialmente los que sirvan a abastecimientos o desagüen en tramos salmonícolas. Incluirá el desarrollo de modelos dinámicos de eutrofización y medidas apropiadas para la corrección del efecto de los vertidos difusos.

Actuaciones complementarias al plan

Se incluyen como medidas de alto interés que no pueden dejar de ser apuntadas en el plan, aunque su coste, sin embargo, no figura dentro del sistema general de financiación, y su ejecución y puesta en servicio corresponde a órganos diferentes al que llevará la gestión de este plan.

Las principales son:

a. Planes complementarios de depuración.

Recogerán las actuaciones tendentes a fomentar, sin intervención directa, la corrección de los vertidos de procedencia pecuaria e industrial.

b. Implantación de técnicas minimizadoras de las infiltraciones en las redes municipales de alcantarillado.

c. Actuaciones directas en el dominio público hidráulico, como son la definición de caudales ecológicos, la regulación en cabeceras para suministrar caudal durante el estiaje o la implantación de infraestructuras e instalaciones con el fin de oxigenar las corrientes en sus tramos medios y bajos.

d. Ayudas a la repoblación de flora y fauna, sin destruir el equilibrio dinámico de los ecosistemas, y adecuación paisajística de las márgenes y elementos de interés ambiental hidráulico.

e. Protección legal mediante la normativa urbanística adecuada y, en su caso, declaración de espacios protegidos, así como vigilancia eficaz basada en la coordinación entre las Administraciones competentes.

Los focos de contaminación incluidos en este plan

Para dar cumplimiento a los requerimientos, tanto de la Directiva 271/91/CEE como de la Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, se incluye en este plan el tratamiento de las aguas residuales de los siguientes focos de contaminación:

— Núcleos urbanos y aglomeraciones con más de 2.000 habitantes equivalentes.

— Núcleos urbanos y aglomeraciones con menos de 2.000 habitantes equivalentes ubicados en cualquiera de los ámbitos territoriales catalogados en la Red Regional de Espacios Naturales.

Se entiende por “aglomeración urbana” el área urbanizada cuyos vertidos se tratan, o se piensa tratar, en una depuradora. Si el sistema de saneamiento no estuviese definido, se considera aglomeración urbana a cada núcleo urbano aunque en la actualidad existiera más de un vertido de aguas residuales.

El número total de habitantes equivalentes para cada núcleo se obtiene de la expresión:

HE_T = PH + HEG + HEI, donde:

PH, población de hecho.

HEG, habitantes equivalentes de la cabaña ganadera del núcleo que vierten al sistema municipal.

HEI, habitantes equivalentes de origen industrial del núcleo que vierten al sistema municipal.

En total, hay que disponer 852 instalaciones que depurarán los vertidos de más de 4,6 millones de habitantes equivalentes. De esas instalaciones, 39 son de tamaño grande, 237 de tamaño mediano y 576 de tamaño pequeño.

Coste y financiación del plan

Coste de emisarios y depuradoras

Para las aglomeraciones de más de 20.000 habitantes se ha evaluado el coste de sus emisarios de acuerdo con los estudios específicos existentes. Para las aglomeraciones con menos de 20.000 habitantes se han supuesto emisarios de 500 metros de longitud.

En cuanto a las depuradoras se ha estimado un coste unitario de 22.000 pesetas por habitante equivalente, de acuerdo con la experiencia de obras ya terminadas.

Del coste estimado para cada núcleo incluido en este plan, calculado a partir de los costes medios anteriormente reseñados y de la población equivalente de diseño de cada núcleo que se ha obtenido incrementando en un 20% la población equivalente deducida con los criterios expresados en apartados anteriores, se ha obtenido el coste total del plan (véase la tabla 2).

Además, para atender a las soluciones de problemas locales graves, no recogidos entre las actuaciones relacionadas con anterioridad, se establece una reserva general de 4.500 millones de pesetas.

Coste de las actuaciones para mejorar el conocimiento del medio hidráulico regional

Se incluye en este apartado tanto las acciones relativas a la profundización en el estudio de aspectos específicos relacionados con el objeto del Plan –zonas sensibles, sistema de referencia de la calidad del agua, modelización de ríos, nivel de eutrofia en los embalses…– como los gastos derivados de estudios, proyectos y direcciones de obra directamente relacionados con las inversiones previstas en el plan.

Se ha evaluado estos gastos en un 6% del coste de la inversión en obras, lo que equivale a una cantidad de 6.000 millones de pesetas.

Coste total del plan

El coste total de las actuaciones contempladas en este plan se eleva a 105.100 millones de pesetas, desglosados como se muestra en el tabla 3 y en la figura 8):

Fig. 8. Coste del plan.

Recursos financieros

Los recursos económicos necesarios para financiar este plan proceden de las siguientes fuentes:

a. Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

b. Fondos Europeos de Cohesión, creados por el Tratado de Unión Europea (Maastricht,1992), que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes estima cubrirán el 25%, aproximadamente, del coste de la inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración que debe realizar España en los próximos años.

c. Corporaciones Locales, fundamentalmente a través de los créditos emanados de los Programas Operativos Locales, que contemplan un eje referido al medio ambiente, con una línea específica dedicada a la depuración de aguas residuales.

d. Aportaciones directas de los usuarios, bien a través de un “canon de vertido” impuesto por la legislación nacional, cuya gestión se coordinaría con las Confederaciones Hidrográficas de suerte que se transfiriera a la Junta de Castilla y León el 85% de la cantidad recaudada en virtud de un convenio similar a los ya suscritos, o en vías de suscribirse; bien, a través de un “canon de saneamiento” de nuestra Comunidad, que sustituiría al canon de vertido si se comprobara la falta de la adecuada eficacia del anterior procedimiento. Se estima que el volumen de agua facturada sobre el que se aplicará el tipo del canon asciende a 130 millones de metros cúbicos anuales.

Escenarios de financiación

Escenarios

Este Plan contempla tres hipotéticos escenarios de financiación –restrictivo, normal y expansivo– que se diferencian entre sí por la cuantía de los recursos económicos disponibles anualmente. Dado que se considera constante el coste total del plan, 105.100 millones de pesetas, la consecuencia más notable de la elección del escenario de financiación es el plazo de tiempo necesario para llevar a la realidad las actuaciones planeadas.

Todas las hipótesis han sido concebidas desde las perspectivas actuales de una política económica futura que se encauce por la prudencia del gasto público, para reducir el déficit presupuestario, y por la reanimación de la demanda y el ahorro privados, con la precedente contención de las cargas impositivas.

El carácter regional de este plan, subrayado en diferentes capítulos, comporta, lógicamente, una mayor participación económica de la Junta de Castilla y León en los tres escenarios considerados (tabla 4).

La participación del Fondo Europeo de Cohesión es la anunciada en la Memoria del Plan Hidrológico Nacional.

Modelo elegido inicialmente y posible evolución

La Directiva Europea 91/271 fija la consecución de los objetivos establecidos en este plan para el 31 de diciembre del año 2005, es decir, dentro de 12 años si se cuenta el presente como el de iniciación del plan. Esta condición nos lleva a seleccionar el escenario expansivo.

Ahora bien, si la evolución de la coyuntura económica no permitiera desarrollar el escenario expansivo, habría que conseguir, al menos, el escenario normal, con el cual el plazo de ejecución se ampliaría a 15 años pero se cumpliría el objetivo de tener terminadas o contratadas todas las obras para el 31 de diciembre del año 2005.

Para adelantar la finalización al año 2005, podría acelerarse la ejecución del plan, en el marco del escenario normal de financiación, acudiendo a otras fuentes financieras –sean las instituciones específicas de financiación, sean las empresas adjudicatarias de las obras– lo que comportaría unos costes adicionales por causa de los intereses correspondientes a estos capitales complementarios. El importe de esos intereses debería cubrirse con las aportaciones de la Junta de Castilla y León y de los usuarios durante los años siguientes a la finalización del plan.

Ahora bien, cuando se propone una estrategia de endeudamiento para financiar un plan de inversiones hay que tener en cuenta la trascendencia real de los costes adicionales. En el caso de este plan, podría parecer que acelerar su ejecución tan solo precisaría de 13.000 millones de recursos complementarios, a razón de 1.000 millones/año, sin embargo no se puede olvidar que el precio de la deuda detrae capital de inversión y, en consecuencia, deben ir aumentando en la misma cuantía los recursos complementarios. Esto hace que, para mantener un ritmo de inversión de 8.000 millones/año cuando solo se dispone de 7.000 millones/año, se necesiten 41.500 millones al cabo de 13 años, que generarían un precio total de 74.850 millones si se amortizase la deuda al 12,5%, en 10 años y sin carencia inicial. De ahí que se aconseje no recurrir al endeudamiento salvo para cubrir desfases coyunturales de tesorería.

La fracción del canon de saneamiento aplicable a cubrir costes de inversión es de 9,5 pesetas por cada metro cúbico de agua potable facturado a los usuarios si se cumple la condición de facturar anualmente 130 millones de metros cúbicos en las localidades con más de 500 habitantes.

Hasta el momento actual, el Plan Regional de Saneamiento ha venido utilizando otras fórmulas de financiación, al no estar disponibles algunas de las fuentes de recursos que a partir de ahora se contemplan: Fondo de Cohesión y canon de saneamiento. El régimen financiero más normal ha sido la cofinanciación entre la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos interesados en las inversiones. Por razones de equidad hay que establecer unas compensaciones de modo que estos Ayuntamientos –o lo que es equivalente, los vecinos de sus municipios– recuperen las aportaciones efectuadas mediante una reducción del canon aplicable a esos usuarios.

Calculado en 3.000 millones de pesetas el importe global de las aportaciones municipales realizadas, la compensación a lo largo de 15 años supondría reducir el producto del canon en 200 millones/año, lo que lleva a establecer en 11pta/m³ el tramo normal del canon dedicado a inversiones, que será inferior en aquellos municipios cuyos Ayuntamientos aportaron financiación propia en las inversiones realizadas anteriormente en el marco del Plan Regional de Saneamiento.

El pasado 11 de abril se han suscrito sendos convenios de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León, relativos a la distribución de la financiación del plan y a la aplicación del producto del canon de vertidos recaudado por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Gestión del plan

Periodificación del plan

Ni se puede abordar simultáneamente todas las actuaciones previstas ni se debe organizar su ejecución de forma casuística a medida que avanza el desarrollo del plan.

Es necesario escalonar esas acciones a lo largo del tiempo mediante una programación diseñada con unos criterios de prioridad estables que tengan en cuenta tanto las obligaciones impuestas en las Directivas europeas como la consecución de la mayor y más sensible rentabilidad ambiental.

El plan organiza las acciones con estas pautas:

a. La unidad de planeamiento es la subcuenca fluvial. Se calificará cada subcuenca según el Valor Ambiental del Recurso (v.a.r.), estableciendo con tal fin dos niveles –A y B– en función del grado decreciente de los objetivos de calidad fijados para cada subcuenca.

b. Cada uno de esos dos niveles se calificará en tres órdenes –1, 2 y 3– según la mayor o menor presión contaminante que sufren, medida, para cada cuenca, por el índice imia, que relaciona la presión contaminante expresada en habitantes equivalentes con el caudal de estiaje en la desembocadura de la cuenca.

Para abordar una programación más detallada se divide el período de ejecución del plan en tres etapas, las dos primeras de la misma duración y la tercera con una duración mitad de las dos anteriores.

En la primera etapa se programan las actuaciones en depuración correspondientes a las subcuencas fluviales que reúnen más exigentes requerimientos de calidad del agua al tiempo que están sometidas a mayor presión contaminante (A₁ y A₂): Eresma-Voltoya, Bernesga-Torío, Carrión, Alberche y espacios naturales de la cabecera del Duero, del Tormes y Tiétar (Gredos), y del Esla-Porma y Sella-Cares (Picos de Europa). Además, se incluye en esta etapa la depuración de casi todas las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes de hecho que aún no tienen depuradora y no están comprendidas en las subcuencas indicadas anteriormente.

De esta manera, en la primera etapa se atiende a las determinaciones de la Directiva Europea y se lleva a cabo el saneamiento general de las cuencas fluviales más afectadas por la contaminación. Ello supone realizar actuaciones en las nueve provincias y en las cuatro grandes cuencas hidrográficas.

En la segunda etapa se programa el saneamiento general de las cuencas fluviales con altos requerimientos de calidad pero menor presión contaminante (A₃) y de aquellas otras en que siendo alta la presión contaminante son más moderados los requerimientos de calidad (B₁): Duero-cabecera, Duero-ribera, Pisuerga, Arlanzón, Cega-Pirón, Duero-medio, Orbigo, Tormes, Huebra-Yeltes, Águeda, Sil, Sella-Cares y Ebro alto. También se incorpora a esta etapa las depuradoras de Béjar y Benavente, que son los únicos núcleos con posibilidades de superar los 15.000 habitantes equivalentes que no estaban incluidos en las subcuencas programadas en esta segunda etapa ni en las actuaciones recogidas en la primera etapa.

En la tercera etapa se programa el saneamiento del resto de las subcuencas fluviales, no incluidas en etapas anteriores.

De acuerdo con esta periodificación, las inversiones en cada etapa se organizan del modo que se indica en la tabla 6, en cifras expresadas en millones de pesetas.

Si el ritmo inversor es de 8.000 millones de pesetas cada año, la duración de las dos primeras etapas sería de algo más de cinco años, aproximadamente, y de dos años y medio la tercera. Pero si el ritmo de las inversiones bajara a 7.000 millones de pesetas anuales, la duración de las dos primeras etapas sería de seis años y la tercera sería de tres años. En cualquiera de ambas hipótesis de financiación, la primera etapa estaría concluida antes del 31 de diciembre del año 2000, y la segunda, antes del 31 de diciembre del año 2005.

Estudios

Estos programas de cuenca se continuarán, en una segunda fase, con el estudio de la modelización de la calidad del agua en cada cuenca, que irá acompañado de un inventario descriptivo de esas cuencas y de una relación de las acciones a llevar a cabo en márgenes y riberas.

Cuando una actuación singular se anticipe al programa de su respectiva cuenca, se elaborará un Estudio Local de Saneamiento que contenga la caracterización de los vertidos y la propuesta de su recogida y depuración, con el siguiente contenido mínimo:

— Análisis de la red de alcantarillado existente. Inventario de vertidos.

— Caracterización de los vertidos.

— Capacidad receptora del medio donde se vierte.

— Propuesta de interceptores y emisarios. Posible cambio del cauce receptor.

— Propuesta de estación depuradora con indicación de procesos, componentes y parámetros básicos de diseño (carga, tiempo de retención, etc.).

— Ubicación geográfica de colectores y depuradora. Evaluación de su coste.

Para los espacios naturales se realizará un estudio comarcal para caracterizar vertidos y analizar soluciones alternativas sobre concentración-dispersión de vertidos. En principio se recomienda la concentración cuando no se genere con ello un problema de nivel superior al existente con una solución individualizada. En todo caso, dentro de un espacio se homogeneizarán tipologías y se agruparán los contratos de obras por tipos de actuación. El contenido de estos Estudios Comarcales de Saneamiento incluirá:

— Identificación de los vertidos a considerar. Caracterización de dichos vertidos.

— Posibilidad de agrupar vertidos y conveniencia de cambiar el cauce receptor.

— Tipologías de tratamiento a emplear.

— Ubicación geográfica de las infraestructuras.

— Evaluación del importe de las inversiones.

— Modelo de gestión de la explotación.

La explotación de los sistemas de saneamiento

Los gastos de explotación de los nuevos sistemas de saneamiento suponen una notable carga económica que, de no tratarse adecuadamente, pueden poner en peligro la efectividad de las actuaciones de depuración recogidas en este plan.

A tal efecto, los anteproyectos y proyectos propondrán soluciones técnicas que procuren un menor gasto durante la explotación.

También se adoptarán otras medidas con el mismo fin. Al menos durante un año, la explotación inicial de las estaciones depuradoras será llevada a cabo por las mismas empresas que las construyeron. Al cabo de dicho período de tiempo, y comprobado el buen funcionamiento de la estación, se procederá a la recepción provisional de las obras y a su entrega a los servicios municipales, sin perjuicio de la responsabilidad de las constructoras durante el período de garantía establecido en el contrato de obras.

Durante el período de ejecución del Plan Regional de Saneamiento, y con cargo a los ingresos del canon no comprometidos en la financiación de las obras, se subvencionará una parte de los gastos de explotación de las estaciones depuradoras que vayan entrando en servicio o ya lo están en la actualidad, con arreglo a unos baremos establecidos al contratar las obras. Estos baremos, que deberán adaptarse a las disponibilidades reales generadas por el canon, podrán afectarse de un coeficiente de minoración si se comprobara que la explotación no se realizara correctamente.

Dado el carácter finalista del canon, una vez ejecutadas las obras de saneamiento requeridas por la planificación hidrológica, se extinguirá y, por tanto, las compensaciones anteriormente citadas. El saneamiento, entonces, debe quedar integrado totalmente en el sistema hidraúlico municipal, junto al abastecimiento y la distribución.

El hábito adquirido hasta ese momento por las Corporaciones Locales con la adecuada repercusión en los precios al usuario de los costes de cada actividad del sistema, debe seguir manteniéndose, garantizando así una explotación estable y eficaz de todas y de cada uno de los sistemas.

En esas circunstancias puede hacerse recomendable la participación en la gestión del agua de entidades especializadas, con las ventajas evidentes que esto reporta, sin ser menor la potencialidad de estas entidades como fomento del desarrollo local y regional.

De otro lado, hay que tener en cuenta las circunstancias de naturaleza técnica y económica que acompañan a las pequeñas localidades incluidas en la Red Regional de Espacios Naturales. En estos casos parece justificada la intervención directa de las Diputaciones Provinciales en relación con el mantenimiento y explotación de las instalaciones de estas localidades, cubriendo el coste de esta actuación con la correspondiente tasa. Esta estrategia puede ser recogida en un convenio previo entre Junta, Diputación y Ayuntamiento, para cada espacio natural, donde queden expresados los compromisos fundamentales de cada parte: Junta, la financiación y ejecución de las infraestructuras; Diputación, la dirección de la gestión posterior; y Ayuntamiento, la puesta a disposición de los terrenos y el abono de la correspondiente tasa, repercutida en el precio del agua a los usuarios, como contraprestación por el servicio prestado por la Diputación Provincial.