| |
[2619 Caracteres]
El Gobierno aragonés va a intensificar su estrategia de acoso al Plan Hidrológico Nacional (PHN) y al trasvase del Ebro. Hoy presentará un recurso ante el Juzgado Central de lo contencioso, en el que se denuncia que las actuaciones previas llevadas a cabo hasta ahora por el Gobierno central con el trasvase vulneran la Ley estatal de Contratos de las Administraciones Públicas. De forma paralela, remitirá una queja al Parlamento Europeo por idénticas razones.
El Instituto Aragonés del Agua, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, es el encargado de impulsar esta nueva ofensiva, que se añade a las iniciativas contra el plan del PP presentadas en su día por el Gobierno aragonés ante el Tribunal Constitucional y la Comisión de las Comunidades Europeas. Partidos aragoneses y ecologistas también han impulsado varias quejas, que se debatieron la semana pasada en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
En esta ocasión, el recurso ante el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo número cinco incide en que todas las actuaciones previas realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en relación a la ejecución del trasvase vulneran los principios de publicidad y de libre concurrencia que establece la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
EMPRESA SIN INFRAESTRUCTURA La DGA sostiene en el recurso que la empresa estatal encargada de ejecutar el trasvase --Trasagua-- carece de la infraestructura suficiente para llevar a cabo las obras y estudios técnicos correspondientes, por lo que ha establecido contratos con otras empresas sin que hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Europea.
La normativa estatal obliga a publicitar en ambos boletines oficiales este tipo de contratos que superan el límite de la libre contratación de una Administración pública con terceros. A juicio del máximo responsable del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, que se estrena en la ofensiva contra el trasvase tras su reciente nombramiento, la actuación de la empresa pública "vulnera absolutamente todo".
La queja que el Ejecutivo aragonés enviará en las próximas horas al Parlamento Europeo también pondrá de manifiesto esa vulneración de la Ley de Contratos. Será la segunda iniciativa contra el plan que el Gobierno regional traslada a Bruselas. En la primera, el Ejecutivo resaltó que el PHN incumple varios preceptos del derecho comunitario, como el Tratado de Amsterdam de 1997 y directivas relacionadas con la política de aguas, la conservación de aves silvestres y de hábitats naturales, y la fauna y flora silvestres.
|
|