En marzo de 1992 las Cortes Valencianas aprobaron, sin ningún voto en contra, la Ley 2/1992 para el saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, que ha dado un nuevo impulso a las actuaciones que en materia de saneamiento y depuración se venían desarrollando desde que en 1985 son transferidas a la Comunidad Autónoma las competencias estatales en la materia