En América Latina, como en el resto del mundo, después de varios decenios en que el abastecimiento de agua ha sido competencia de las compañías públicas, el Estado se muestra cada vez más dispuesto a transferir estas actividades a empresas privadas. En los lugares donde el abastecimiento de agua se ha considerado siempre como un servicio básico garantizado por el Estado, los monopolios públicos están dejando paso lentamente a los monopolios privados, con el fin de lograr una mayor eficiencia, atraer la inversión privada y ofrecer un servicio mejor en un entorno regulado.