Las políticas de desarrollo sostenible deben ser participativas (Declaración de Río, Principio 10). Un aspecto importante del desarrollo sostenible se refiere a la gestión de los recursos hídricos. La participación pública puede entenderse como un derecho individual y de grupos sociales, como medio para empoderar a los individuos y grupos y como medio para mejorar la calidad y efectividad de los procesos de toma de decisiones. Diversos instrumentos internacionales apoyan la participación pública en la gestión del agua. En el plano comunitario, la Directiva Marco del Agua (DMA) contiene disposiciones concretas sobre la participación pública en este terreno. El borrador de directriz sobre participación pública identifica tres formas de participación en la DMA: participación activa, consulta y provisión de información. En la Península Ibérica no existe una tradición de participación tan amplia como la contemplada en la DMA. En España y en Portugal la participación pública, prácticamente, se limita a la participación de los usuarios y no de la sociedad civil. En el ámbito transfronterizo, regulado por el Convenio de Albufeira, no se han previsto mecanismos que permitan una participación del público en los términos de la DMA. Ambos Estados deberán introducir reformas para articular mecanismos que permitan una participación real y efectiva.