Hoy finaliza el plazo para presentar alegaciones a la reforma del Plan Hidrológico del Guadiana y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha presentado 59 alegaciones, a través de la Agencia Regional del Agua, a esta reforma, al considerar que va en contra de los intereses de los castellano-manchegos.

Muy contundente fue ayer la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno, al afirmar que los cambios que propone el Gobierno socialista no se corresponden con las expectativas de su departamento y es «inadmisible porque perjudica al campo de Castilla-La Mancha».

Entre los argumentos que expuso Soriano para rechazar el plan está la reducción en un 52% de las asignaciones de agua para el regadío, respecto a la dotación actual, «que ya es bastante ajustada». Y puso como ejemplo que en la zona del Alto Guadiana, que tiene una asignación de 200 hectómetros cúbicos, con la reforma se quedaría en 130 hectómetros; y peor aún sería para la zona de regadíos Lillo-Quintanar (en Toledo), donde la asignación de agua se reduciría en un 91%, por lo que «prácticamente desaparecerían».

La consejera de Agricultura también afirmó que los recursos disponibles de agua actuales no se corresponden con la realidad, ya que no se tiene en cuenta en el documento del Plan la pluviometría favorable de los últimos años. En concreto, se habla de un déficit de 3.000 hectómetros cúbicos en la zona del Alto Guadiana por los acuíferos sobreexplotados; sin embargo, la situación actual es de un déficit de apenas 1.000 hectómetros cúbicos, ya que en los últimos años se han recuperado 2.000 hectómetros.

Por otro lado, indicó que el plan no se corresponde con los usos agrarios que existen en esta demarcación hidrográfica, al considerar que las necesidades para agricultura no se corresponden con la realidad pues están realizadas a la baja, ya que no se contemplan las 65.000 hectáreas de regadío de cultivos leñosos en la zona del Alto Guadiana.

Otro argumento esgrimido para rechazar el plan es que no se contempla la posibilidad de que haya una gestión de agua participativa entre las comunidades de usuarios «lo que es necesario para una buena gestión del agua», indicó Soriano; ni tampoco la posibilidad del intercambio de concesiones de agua entre los particulares, ni la posibilidad de aportar recursos hídricos externos para poder corregir los déficit que puede tener el sistema en un momento dado.

Tampoco consideró la consejera de Agricultura adecuado la declaración de nuevos acuíferos sobreexplotados, como pretende el Plan, «cuando la experiencia nos dice que el declarar un acuífero sobreexplotado por sí mismo no mejora ni resuelve nada si no se aplican otras medidas».

Por todo ello, y en correspondencia con las peticiones realizadas a la Consejería de Agricultura por las organizaciones agrarias, que también rechazan el plan, como ya lo puso de manifiesto Asaja de Castilla-La Mancha, se han presentado 59 alegaciones a través de la Agencia Regional del Agua.

La consejera criticó, además, el retraso que lleva la reforma de los planes hidrológicos, ya que deberían estar aprobados y enviados a Bruselas a finales del año 2009 y en aplicación desde marzo de 2010, y sin embargo, aún están en fase de alegaciones. «Ésta es la demostración de que el PSOE en 30 años lo único que ha hecho ha sido demagogia y no ha sabido resolver el problema del agua en la región y calla ante su Gobierno, que pretende reformar un plan en contra de los intereses de Castilla-La Mancha».

Confió en que con el nuevo Gobierno de España se preste mayor atención a la situación de déficit de agua en Castilla-La Mancha y se acepten las 59 alegaciones «como también esperamos ese pacto nacional de agua que evite el enfrentamiento que han provocado los socialistas entre las Comunidades y que garantice en calidad y cantidad las necesidades de agua que tenemos los españoles».