La política de aguas de 2011 ha estado marcada por la devolución «definitiva» por las competencias del río Guadalquivir, traspasadas a la Junta de Andalucía hace tres años, por lo que este año comienza el «camino hacia la cordura hidrológica», según los regantes. Así, para la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) estima que el detonante de esta «vuelta a la lógica hidraúlica» comenzó al anular el Tribuna Constitucional dos sentencias que anulaban las potestades de Andalucía y Castilla y León sobre el Guadalquivir y el Duero, respectivamente, alegando que transcurrían por sus territorios. Para Fenacore, este hecho supone la restauración de los principios de unidad de cuenca y gestión que ampara la Constitución y la Directiva Marco de Aguas (DMA), y sienta las bases para que el Estado «tome el próximo año de forma definitiva las riendas de la planificación general de todas las cuencas intercomunitarias».

En todo caso, insiste en que para cumplir totalmente la legalidad aún queda pendiente para 2012 la anulación del artículo de la Ley de Aguas por el que se otorgan competencias sobre el dominio público hidráulico a las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y Andalucía.

Por eso, la organización recuerda que desde hace tiempo defiende la aprobación de un Pacto Nacional que permita al Estado recuperar sus competencias constitucionales sobre las aguas que discurren por varias comunidades autónomas, cuya titularidad se ha ido atribuyendo a las administraciones autonómicas mediante distintas reformas estatutarias. Finalmente, Fenacore espera que con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy reviva la esperanza de retomar el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional que derogó el anterior Ejecutivo socialista, que logre promover embalses y trasvases intercuencas sostenibles.