El tiempo de las desaladoras ha pasado. Ya podía intuirse tras la salida de Cristina Narbona del Gobierno de Zapatero en 2008 cuando se paralizaron casi todos los proyectos del programa AGUA que se inició tras la abolición del Plan Hidrológico diseñado por el PP, pero es que ahora se tienen datos fehacientes del fracaso de dicho plan.

En su última comparecencia en el Senado, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, confirmaba con cifras las previsiones más negativas de los que ya advertían que la desalación tenía un coste demasiado elevado para ser una alternativa suficiente y efectiva a los trasvases.

El que fuera proyecto 'estrella' medioambiental del gobierno de Zapatero, las desaladoras para conseguir agua apta para el riego y el consumo humano a lo largo de la costa mediterránea, se ha quedado arrumbado en la cuneta.

El plan de Narbona proyectaba la construcción de 51 instalaciones y en éste momento 17 están en explotación y 15 en construcción. Andalucía se queda apenas con una decena, todas ubicadas en la Costa del Sol y Almería, con una producción anual que ronda los 160 hectómetros cúbicos pero que llegarán a más de 240.

Arias Cañete explicaba ante los senadores que en España «se han invertido 1.664 millones de euros y, en estos momentos, precisamos de otros 762 millones de euros más, si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas. La inversión total sería de 2.426 millones». Los resultados hasta ahora son muy escasos. Según los datos aportados por el ministro las 17 desaladoras operativas producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada, es decir, un 16,45 por 100 del total de los 678 hectómetros cúbicos que tenían que estar produciendo en la actualidad.

Ante estos datos se podría pensar que la construcción de las desaladoras se suspenderá inmediatamente, sobre todo en un momento de recortes drásticos en infraestructuras. Sin embargo, se da la paradoja de que los datos del ministro de Agricultura han alertado a la Unión Europea, desde donde se recuerda que Bruselas ha destinado al proyecto de desaladoras en España 1.500 millones de euros, una cantidad que se debería devolver si no se ejecutan.

Otra cosa es saber en qué se han empleado esos fondos que la Comisión Europea ya envió y destinó a un fin determinado. De momento, Bruselas ha tomado nota de que las desaladoras que financió están funcionado apenas al 16 por 100 de su capacidad.

El elevado coste del agua, sobre todo para el regadío, ha sido siempre el principal argumento de los detractores de las desaladoras. Según expuso el ministro Arias Cañete este coste es de 1,1 euros por metro cúbico frente a los 0,30 euros como máximo asumible.

Es por esto que el ministro planteaba que para hacer viable el uso de las desaladoras habría que acudir a «una cadena de subvenciones encubiertas, porque, de lo contrario, los agricultores no demandan el agua de la desaladora», algo que seguramente tampoco verán bien en Europa ni los tiempos de recortes los hacen posible.

Este planteamiento y la constatación de que las desaladoras no son la alternativa deseaba sin duda justificarían los nuevos planes del gobierno de Rajoy de recuperar los trasvases, eso sí, dentro de las limitaciones presupuestarias que pueden convertirlos en proyectos a medio o largo plazo.

La ofensiva del actual gobierno contra las desaladoras 'socialistas' ha tenido su prolongación en esta semana en las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, que en una visita a Murcia, otra de las zonas de preferente implantación de estos proyectos.

En su opinión, las desaladoras han supuesto «una improvisación de más de 2.000 millones», y «con un recurso tan valioso como el agua merece todas nuestras críticas» y añadió que «nos hemos encontrado con una herencia envenenada», con desaladoras caras, sin funcionar y mal planificadas tanto desde el punto de vista de la comercialización del agua como del de su propio funcionamiento».

El debate político iniciado por el ministro Arias Cañete promete continuidad. Desde el PSOE el secretario de Ordenación de Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, ha pedido al titular de Agricultura que «levante el veto» que impuso el PP al plan de desaladoras mientras le acusa de «intentar forzar» el rescate del trasvase del Ebro. Morón sostiene que la principal razón del fracaso de las desaladoras ha sido «la oposición y el boicot de las administraciones gobernadas por el PP».

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