El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, aplaudió la aprobación anteayer del Decreto Ley de Medidas Urgentes de Medio Ambiente, que deroga las modificaciones introducidas en agosto del pasado año en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las cuales se facultaba a las comunidades de Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua.

De este modo, afirmó que la vulneración de competencias estatales que venían protagonizando las diferentes comunidades autónomas en materia de aguas forma ya «parte de la historia» y confió en que este tipo de episodios que, a su juicio, «obedecen a intereses políticos no vuelvan a repetirse».

Del Campo recordó que con esta determinación se cumplen todos los requisitos de legalidad vigente «zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias». En su opinión, este paso «decidido» de la Administración representa una «defensa férrea» de los principios de unidad de gestión y cuenca (reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución), garantizando que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés general.

Para Del Campo, «esta modificación de la Ley de Aguas no era más que una nueva vía ideologizada para que las autonomías pudieran territorializar la gestión de los ríos amparándose en una argucia jurídica aprobada con agostidad y alevosía y, lo que es más grave, burlando las sentencias del Constitucional y Supremo que anulaban la potestad de Andalucía y Castilla y León sobre los ríos Guadalquivir y Duero, respectivamente».

Por su parte, COAG celebró ayer que el Gobierno de la Nación «devuelva la cordura a la gestión pública del agua», después de la modificación del artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas que, el pasado mes de agosto, aprobó el anterior Ejecutivo, por la que se transferían las competencias de la gestión de concesiones de agua y policía del Dominio Público Hidráulico a determinadas autonomías, según informaron fuentes de la organización agraria. De este artículo, se derivaba que el control y vigilancia de las aguas es una herramienta fundamental para asegurar la ordenación y concesión de recursos cuando las cuencas atraviesen diferentes comunidades autónomas (tal y como lo establece la Constitución), como es el caso del Ebro y del Guadalquivir, objeto entonces de la decisión del Gobierno de ceder competencias a Aragón, Cataluña y Andalucía, como también lo es para el Segura y el Tajo.

Por ello, COAG Murcia hace una valoración muy positiva tras la aprobación por el Consejo de Ministros de la derogación de la referida disposición de la Ley de Aguas, que permitía a las autonomías asumir el dominio público hidráulico, «devolviendo con ello la cordura a la gestión pública del agua, ya que disipa cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias».
Por lo tanto, dentro de los regantes y los agricultores de la Región de Murcia se acogió de muy buen grado la decisión del Gobierno encabezado por Mariano Rajoy de modificar la legislación vigente sobre aguas y recuperar por completo su poder decisitorio en la gestión y administración de las cuencas intercomunitarias con la pretensión, de esta manera, de evitar fricciones entre los distintos territorios a cuentas del reparto hidrológico. Además, con el paso dado al frente se atendió una reivindicación del presidente de los regantes murcianos, José Manuel Claver, quien achacó en todo momento la modificación introducida en la Ley de Aguas por los socialistas a interes políticos.