La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA) ha anunciado hoy que estudia recurrir el Real Decreto-Ley 17/2012 de medidas urgentes en materia de medio ambiente y que afecta de manera directa a las competencias hídricas en el territorio nacional.

Según ha asegurado el secretario general de UPA-CLM, Julián Morcillo, en una conferencia de prensa en Ciudad Real, esta organización entiende que el real decreto incurre en numerosas incorrecciones legales, además de que elimina "de un plumazo competencias" que antes gestionaban algunas confederaciones hidrográficas.

Además, ha señalado, el real decreto elimina competencias establecidas por ley al Consejo del Agua, elimina la necesidad de consultar ni siquiera en aspectos tan importantes como la declaración de sobreexplotación o la aprobación del programa de actuación para la recuperación del buen estado de estas masas de agua, dejando caer competencias en las juntas de gobierno de las confederaciones hidrográficas.

Para el secretario general de UPA-CLM, el Ministerio de Agricultura "no ha contado para nada con la opinión" de organizaciones de agricultores, ganaderos o ecologistas y muy al contrario, ha lanzado un real decreto con medidas urgentes "que no hacen falta", ha apuntado.

Morcillo, tras criticar la falta de interlocución de los gobiernos nacional y regional con respecto a la aprobación del nuevo decreto, ha considerado que lo más preocupante de la nueva normativa es que "deja barra libre al mercadeo en cuanto a la venta de derechos de agua" puesto que ahora los particulares que tengan explotaciones concedidas podrán, de manera unilateral, vender el agua de la que disponen.

Esto, ha explicado, supone una clara modificación de la actual Ley de Aguas, entre otras leyes, y, aún más, "un perjuicio muy grave" al Plan Especial del Alto Guadiana que en Castilla-La Mancha "se aprobó por consenso y con todos los sectores implicados".

UPA-CLM también ha denunciado que el texto permite de forma excepcional otorgar nuevas concesiones a titulares de explotaciones agropecuarias que cumplan las condiciones del plan del programa de actuación, previa adquisición de manera definitiva del volumen precisado más la parte de peaje que fije la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Esto, ha advertido Morcillo, supondrá "dar la posibilidad a particulares de especular y hacer negocio con un bien público".

De esta forma, ha precisado, no seguirá siendo el Estado o las distintas administraciones quienes compren los derechos y, por tanto, los gestionen a través de un banco público de agua.

Por tanto, ha señalado, se podría perjudicar "la recuperación medioambiental de los acuíferos y la situación de los más de 2.000 expedientes de regularización de agricultores profesionales que están esperando una concesión" y que están perdiendo subvenciones europeas.