El Estado lleva años tratando de meter con calzador el trasvase del río Castril pero los jueces no parecen por la labor. Primero fue el Tribunal Supremo (TS) el que declaró nulo en 2009 el Real Decreto que puso en marcha las obras y ahora ha sido el Tribunal Constitucional (TC) el que pondrá la lupa sobre una ley que pretende legalizar las obras ejecutadas de acuerdo con el decreto declarado nulo.

El Alto Tribunal ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) en relación a una disposición de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en concreto la disposición adicional decimoquinta. A juicio de la Plataforma en Defensa del Río Castril, esa disposición intenta legalizar las obras del trasvase a Baza, actualmente paralizadas tras la citada sentencia del TS, cuya tardanza en ser ejecutada dio alas al Estado para diseñar ese 'regate' normativo, ahora sometido a examen.

En una providencia del 23 de abril, el TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad ante la posible infracción de tres artículos de la carta magna y da por suspendido el procedimiento hasta que se tome una decisión, paralizando así «cualquier actuación judicial y política» al respecto. La Plataforma en Defensa del Río Castril solicitó en su día este trámite al Supremo -la asociación ecologista no puede hacerlo directamente- por considerar que esta disposición de la Ley de Residuos pretendía saltarse la sentencia firme del Tribunal Supremo que declaraba ilegales las obras y expropiaciones del trasvase del río Castril. Las obras de canalización afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar y estaban enmarcadas en el Real Decreto de 2005 por el que se adoptaban medidas para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

El Supremo basó su decisión -de 24-11-2009- porque en la elaboración de ese Real Decreto no se dio audiencia previa a los organismos rectores de las cuencas hidrográficas afectadas, ni se incorporó el preceptivo informe del Ministerio para las Administraciones Públicas, el dictamen del Consejo de Estado y la necesaria memoria económica.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril, Miguel Ortiz, considera importante este trámite porque permitirá a la asociación «ganar tiempo» para buscar una solución consensuada para el aporte de agua a Baza sin que para ello se destruya el cauce y el entorno natural del Río Castril.

Aunque los trámites judiciales siguen su curso y las máquinas se retiraron en febrero de 2011 de la zonas donde se iba a llevar a cabo la canalización, Ortiz asegura que aún no se ha resuelto la situación de las fincas afectadas por el trasvase, «unas 600».

Según sus datos, la empresa ejecutora no ha «ejecutado la sentencia» del Supremo que declaró ilegales las obras y no ha retirado las tuberías de muchas de estas fincas, lo que impide a los agricultores cultivar en sus tierras, de forma parcial o total.

«Hay agricultores que han tratado de apartar a un lado los materiales de las obras para cultivar y la empresa los ha denunciado», ha lamentado Ortiz, que ve esta actitud como una «medida de presión» e insiste en la necesidad de que se resuelvan estas expropiaciones y que la zona natural afectada sea restituida a su situación inicial.

De hecho, la asociación ecologista ha reclamado una figura de protección para la Vega a fin de que no haya nuevos «ataques» al patrimonio natural de la zona.

El Alto Tribunal admite la cuestión planteada por el Tribunal Supremo, que ya dictó sentencia en noviembre de 2009 en contra de la norma que puso en marcha las obras.