El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la adjudicación del suministro de agua potable del área metropolitana de Valencia a la empresa Aguas de Valencia, que fue elegida como socio privado para la sociedad mixta. El contrato, por 50 años, supone una facturación aproximada de 50 millones de euros anuales. En el total de su vigencia, unos 2.500 millones.

La sentencia estima un recurso presentado por Aguas de Barcelona contra el acuerdo de la asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) celebrada el 31 de julio de 2008, que ahora queda anulado por ser contrario a derecho.

Según la resolución, el proceso de adjudicación se hizo mediante un informe externo encargado a la firma Secuenzia Pixels y otro suscrito por un técnico de Emshi, presidida entonces por Enrique Crespo, ex presidente de Emarsa e imputado en el caso que investiga la supuesta estafa y malversación de fondos públicos en la empresa de la depuradora de Pinedo.

Tal y como denunció Aguas de Barcelona, la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que la empresa que realizó la valoración externa -a la que se pagaron 18.000 euros- carece de la «habilitación profesional necesaria» para hacerlo. Su objeto social, seel es apunta, gún «desarrollo, venta o alquiler de aplicaciones informáticas», entre otras actividades relacionadas con las telecomunicaciones, algo que «para nada» confluye con el suministro de agua. Además, la recurrente alertó de la sospechosa coincidencia entre los resultados de este informe y las conclusiones del técnico de la Emshi, que según ha comprobado el Tribunal «son prácticamente idénticos».