El Gobierno analizará la cesión a las diputaciones de todas las competencias referentes al ciclo integral del agua. Ese fue el compromiso que ha asumido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, en la sede del Ministerio en Madrid.

Moliner planteó en la reunión, en la que también estuvo el director general de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, una reforma en profundidad de los servicios que se prestan a los ayuntamientos. Y en esta línea, “el suministro y tratamiento del agua es esencial”, ha explicado el presidente provincial.

Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, está en proceso de revisión de la Ley del Agua y que Javier Moliner ha mostrado siempre una especial sensibilidad por garantizar el suministro del agua potable en toda la provincia, así como el correcto tratamiento de las aguas residuales. “No tiene sentido que no tengamos derivadas las competencias en esta materia, cuando desde la Diputación de Castellón estamos gestionando ya 87 instalaciones de depuración y dando servicio a 87.000 habitantes, con un coste anual de 5,9 millones de euros”, explicado el presidente de la Diputación.

Hay que recordar que antes de que se iniciase este debate de modificaciones competenciales para reforzar el papel de las diputaciones, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ya reivindicó en abril asumir todas las competencias en materia del ciclo integral del agua. “Somos quienes mejor conocemos el problema porque somos quienes más cerca estamos de los ayuntamientos y, por tanto, quienes más capacidad tenemos para poder resolver las carencias de agua que ya hoy nos toca solucionar”, ha apuntado.

En este sentido, desde la Diputación se gestionan 87 instalaciones de depuración, tratando 7,2 hectómetros cúbicos anuales con un coste anual de 5,9 millones de euros. Además, la Diputación, en su presupuesto de 2012, ha destinado importantes partidas para llevar el agua a toda la provincia como los 246.000 euros del programa de saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; las reparaciones de los sistemas hídricos; los cerca de tres millones de euros en colaboración con la Generalitat para poner en marcha las depuradoras, o los seis millones de euros destinados al saneamiento de depuradoras.

Otro punto planteado en la reunión fue el de la protección del litoral y la garantía de que se pondrán garantizar las 700 viviendas que estaban en peligro en la provincia con la interpretación y aplicación de la Ley de Costas que había hecho el Gobierno socialista, poniéndolas en peligro.
Así, Federico Ramos se ha interesado por la particularidad de la provincia de Castellón. Moliner le ha aclarado que no solo es importante la protección de las viviendas, sino también garantizar la regeneración del litoral, especialmente en puntos sensibles como Benicarló y otros muchos, perjudicados por la erosión de la costas. Hay que recordar que el Gobierno ya ha quitado la espada de Damocles a las viviendas en peligro y se les ha dado una solución provisional al prorrogar la concesión a 75 años, que permite tanto la transmisión hereditaria, escriturar las propiedades y hacer reformas, algo que hasta ahora no se permitía. La plataforma creada desde la Diputación seguirá siendo el eje a través del que articular las peticiones.

Además, también se han comprometido en el Ministerio de Medio Ambiente a estudiar las condiciones en las que se pondrán en marcha las desaladoras, ya que las que se han planeado inicialmente son inasumibles para los ayuntamientos que recibirán el agua desalada. Así, el secretario de Estado aceptó tratar en septiembre estas condiciones y se estudiará la aplicación de otros criterios más reales para calcular el coste de amortización, más acorde a la situación actual.

Por último, Moliner se ha interesado por el proceso en el que se encuentra el recurso presentado ante la negativa del anterior Gobierno socialista a un posible trasvase desde el Ebro. El presidente de la Diputación le ha recordado al secretario de Estado de Medio Ambiente que Castellón es una provincia cedente de agua a la cuenca del Ebro, a través del río Bergantes, por lo que reclama el derecho a travases, como ya se ha permitido en Cataluña con la puesta en marcha del canal Segarra-Garrigues para regar desde el Segre 70.000 hectáreas.