Política de agua (de la mala)
Sáb, 10/11/2012
En el último Consejo del Agua de la Demarcación del Guadalquivir, celebrado para informar del Plan Hidrológico del río, la Junta expresó su rechazo a la eliminación de la limitación de volumen máximo de agua para las grandes comunidades de regantes, supresión que había sido solicitada por Feragua en el período de alegaciones y que logramos que fuera atendida por el Ministerio de Medio Ambiente.
Como toda demagogia, la argumentación de la administración andaluza para solicitar esos caudales máximos suena bien y a primera vista parece hasta plausible: dado que el agua es en el Guadalquivir un recurso limitado, pongamos topes a los volúmenes finales que pueden consumir las grandes comunidades, que son las que más gastan. Sin embargo, semejante afirmación es tan sugestiva como tramposa y populista, pues lleva implícita varias mentiras muy notables.
La primera, y quizá la más insidiosa, es la equiparación de grandes comunidades de regantes con grandes regantes, cuando la realidad es que existen grandes comunidades de regantes formadas exclusivamente por pequeños agricultores, como es el caso de las comunidades BXII, del Bajo Guadalquivir, y Marismas del Guadalquivir, donde ninguna explotación supera las 12 hectáreas. En la misma comunidad que tuve el honor de presidir hace años, la del Valle Inferior, la parcela media es de 10 hectáreas. Por tanto, que nadie piense que la intención de la administración andaluza es proteger a los pequeños agricultores porque no es así.
La segunda mentira es la equiparación del mayor consumo con el despilfarro. Las grandes comunidades de regantes lógicamente gastan más porque suman más hectáreas, pero si precisamente existen y funcionan en nuestro país desde hace décadas, y con gran éxito, es porque consiguen un mejor aprovechamiento de las aguas públicas destinadas a regadío y porque logran para sus agricultores una mayor eficiencia en el uso de los recursos de todos tipo, técnicos y económicos.
Por otro lado, la propia Junta de Andalucía en los Planes Hidrológicos que ha elaborado recientemente para las cuencas litorales andaluzas, en ningún momento discrimina la asignación de recursos entre grandes y pequeñas Comunidades de Regantes, lo que genera una desigualdad de tratamiento y agravio en el regadío andaluz de difícil explicación.
No hay además informe o estudio agronómico alguno que justifique esta discriminación entre grandes y pequeñas zonas regables. La cantidad de agua que necesita un cultivo es exactamente la misma en una zona superficie regable grande que en una pequeña y, por consiguiente, establecer límites máximos al consumo para las grandes comunidades de regantes resulta un agravio absurdo (y a nuestro juicio ilegal), que a lo único a lo que podría conducir es a que las comunidades de regantes se dividieran en dos, para evitar esta discriminación insoportable.
Porque, en el fondo, lo que oculta esta propuesta de limitación de los caudales máximos con la que está empeñada la Junta de Andalucía es eso: un afán de discriminación. Una maniobra muy poco disimulada para castigar a las grandes comunidades de regantes del Guadalquivir, que casualmente son las que están integradas en Feragua, y las que denunciaron la tropelía de la transferencia de la gestión de esta Cuenca a la Junta de Andalucía, y la deficiente gestión que la administración andaluza realizó en ella durante los años en que la gobernó.
Tenemos muchos problemas como para seguir haciendo política (de la mala) en el Guadalquivir. Esperemos que la Junta de Andalucía se concentre en lo suyo, que no es poco, y resuelva los problemas que tiene que solucionar en las cuencas litorales, que no son pocos. Y esperemos igualmente que el Ministerio se mantenga firme en su criterio y no ceda a las presiones de la administración andaluza evitando cualquier tentación de utilizar el Guadalquivir para negociar el apoyo de la Junta de Andalucía a los planes hidrológicos de otras cuencas. Resulta el peor momento para hacer esa política (de la mala).
Margarita Bustamante es presidenta de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua)
Como toda demagogia, la argumentación de la administración andaluza para solicitar esos caudales máximos suena bien y a primera vista parece hasta plausible: dado que el agua es en el Guadalquivir un recurso limitado, pongamos topes a los volúmenes finales que pueden consumir las grandes comunidades, que son las que más gastan. Sin embargo, semejante afirmación es tan sugestiva como tramposa y populista, pues lleva implícita varias mentiras muy notables.
La primera, y quizá la más insidiosa, es la equiparación de grandes comunidades de regantes con grandes regantes, cuando la realidad es que existen grandes comunidades de regantes formadas exclusivamente por pequeños agricultores, como es el caso de las comunidades BXII, del Bajo Guadalquivir, y Marismas del Guadalquivir, donde ninguna explotación supera las 12 hectáreas. En la misma comunidad que tuve el honor de presidir hace años, la del Valle Inferior, la parcela media es de 10 hectáreas. Por tanto, que nadie piense que la intención de la administración andaluza es proteger a los pequeños agricultores porque no es así.
La segunda mentira es la equiparación del mayor consumo con el despilfarro. Las grandes comunidades de regantes lógicamente gastan más porque suman más hectáreas, pero si precisamente existen y funcionan en nuestro país desde hace décadas, y con gran éxito, es porque consiguen un mejor aprovechamiento de las aguas públicas destinadas a regadío y porque logran para sus agricultores una mayor eficiencia en el uso de los recursos de todos tipo, técnicos y económicos.
Por otro lado, la propia Junta de Andalucía en los Planes Hidrológicos que ha elaborado recientemente para las cuencas litorales andaluzas, en ningún momento discrimina la asignación de recursos entre grandes y pequeñas Comunidades de Regantes, lo que genera una desigualdad de tratamiento y agravio en el regadío andaluz de difícil explicación.
No hay además informe o estudio agronómico alguno que justifique esta discriminación entre grandes y pequeñas zonas regables. La cantidad de agua que necesita un cultivo es exactamente la misma en una zona superficie regable grande que en una pequeña y, por consiguiente, establecer límites máximos al consumo para las grandes comunidades de regantes resulta un agravio absurdo (y a nuestro juicio ilegal), que a lo único a lo que podría conducir es a que las comunidades de regantes se dividieran en dos, para evitar esta discriminación insoportable.
Porque, en el fondo, lo que oculta esta propuesta de limitación de los caudales máximos con la que está empeñada la Junta de Andalucía es eso: un afán de discriminación. Una maniobra muy poco disimulada para castigar a las grandes comunidades de regantes del Guadalquivir, que casualmente son las que están integradas en Feragua, y las que denunciaron la tropelía de la transferencia de la gestión de esta Cuenca a la Junta de Andalucía, y la deficiente gestión que la administración andaluza realizó en ella durante los años en que la gobernó.
Tenemos muchos problemas como para seguir haciendo política (de la mala) en el Guadalquivir. Esperemos que la Junta de Andalucía se concentre en lo suyo, que no es poco, y resuelva los problemas que tiene que solucionar en las cuencas litorales, que no son pocos. Y esperemos igualmente que el Ministerio se mantenga firme en su criterio y no ceda a las presiones de la administración andaluza evitando cualquier tentación de utilizar el Guadalquivir para negociar el apoyo de la Junta de Andalucía a los planes hidrológicos de otras cuencas. Resulta el peor momento para hacer esa política (de la mala).
Margarita Bustamante es presidenta de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua)