El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en manos de Convergència i Uniò (CiU), acordó ayer pedir formalmente al Gobierno central la paralización del trasvase del Ebro hasta que se garantice la preservación integral del río y su entorno y defina cuál es su postura oficial ante el trasvase del Ródano. Entretanto, el Ejecutivo catalán ya está estudiando la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la aplicación del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Cataluña responde así a la decisión del Gobierno central, por medio del Ministerio de Medio Ambiente, de sacar a exposición pública el estudio de impacto ambiental y el trazado del trasvase del Baix Ebre sin esperar a la aprobación previa del Plan Integral del Delta del Ebro, un mandato de la ley del PHN cuyo plazo de aprobación ha caducado.