El principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los ambientales, es el que regirá en la nueva política de aguas de la Unión Europea. Se trata de incentivar el uso eficiente del agua a partir del pago de su precio real. En este sentido, España está ultimando los trabajos para la transposición de esta directiva comunitaria, que vendrá a modificar la vigente Ley de Aguas en nuestro país. Una modificación que el Ministerio de Medio Ambiente pretende hacer a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de cumplir los plazos previstos en la directiva, que estableció el año 2003 como límite para la transposición de la normativa.