Se veía venir este conflicto. La Mancomunidad de Canales del Taibilla -MCT- tiene más demandas que recursos disponibles, y necesariamente presenta un déficit al final de cada año hidrológico. Estamos viviendo además una desenfrenada eclosión urbanística, sobre todo de tipo industrial turístico o recreativo, que conlleva un alto consumo de agua, lo que obviamente va a incrementar el problema mientras no se aborde una actuación pública que ordene el crecimiento y permita la generación de nuevos recursos. Aquí no cabe apelar a la injusticia que sufrimos por el frustrado trasvase del Ebro, ya que el mismo no permitía el uso de sus aguas para riego de los campos de golf. Y en cuanto a las aguas del trasvase del Tajo, que constituyen más de las dos terceras partes de los recursos de la MCT, sólo están destinadas por ley para uso de abastecimiento de poblaciones y regadíos, pero no para la industria turística o de recreo, como indudablemente son esos nuevos desarrollos urbanísticos.
La MCT ha finalizado los años hidrológicos anteriores tomando agua de los regadíos, generando una deuda que nunca terminaba de saldar, hasta que ha concluido el último año debiendo nada menos que 45 millones de metros cúbicos, cuyo volumen no tiene posibilidad de devolver en un futuro inmediato. Y los regantes han dicho basta, haciendo valer su posición ante la Junta de Gobierno de la Confederación, la cual ha adoptado unas medidas para el uso racional del agua por los abastecimientos, desde todo punto razonables y que ya debían estar en marcha hace años.
Medidas éstas, entre las que se encuentran la fijación de una dotación o cupo de agua a cada municipio, o el control de las nuevas urbanizaciones hasta que no esté asegurada su disponibilidad de agua, que al parecer no han gustado a diversos responsables municipales, por considerar que pueden frenar las expectativas de desarrollo urbanístico de sus municipios. Parece lógica esta defensa, pero también deberían recordar que, mientras no se solucione el problema, dicho desarrollo tiene como consecuencia directa un grave perjuicio a las dotaciones de los regantes, quienes -no se olvide- son también ciudadanos de esos municipios, amén de residentes de forma estable en los mismos y que también han traído y siguen trayendo riqueza. No son meros visitantes más o menos eventuales, por muy pudientes que sean económicamente, lo cual es muy respetable y digno de toda protección, pero sin que conlleve perjuicio para nadie, sino compaginando ambos intereses.
Resulta insólito que haya quien se extrañe de que un municipio disponga de un cupo o dotación de agua, cuando lo verdaderamente asombroso es que pueda haber justamente lo contrario. No existen las dotaciones ilimitadas de un bien de dominio público como es el agua, aunque eso es lo que de hecho ha venido aquí ocurriendo en los abastecimientos, y así nos luce el pelo. Todos los usuarios del agua disponen de una dotación otorgada conforme a derecho, y los municipios no son una excepción.
Tampoco cabe argumentar que las nuevas urbanizaciones vayan a disponer de una depuradora propia de sus aguas residuales, y que estos recursos depurados serán los usados en el riego de zonas verdes o de los campos de golf, ya que entonces esas aguas residuales dejarían de ir a las flamantes EDAR municipales, privándose así de su uso a los posibles usuarios prioritarios de las aguas depuradas. Estas nuevas urbanizaciones no son las concesionarias del recurso, y no pueden por ello realizar de modo directo una reutilización o segundo uso de las aguas. De otro modo los regadíos se verían gravados dos veces por estas nuevas urbanizaciones, primero porque la MCT toma el agua de sus dotaciones para atender a las nuevas demandas, y después porque tampoco podrían acceder a su segundo uso -para el que son prioritarios sobre los fines recreativos- al impedirse su retorno.
El abastecimiento a las poblaciones es una responsabilidad municipal, si bien en esta zona, en lo que se refiere a su captación y conducción en alta, se realiza a través de la MCT. Si los ayuntamientos quieren consolidar -como es lo deseable- aquel desarrollo turístico o recreativo, deben preocuparse, por sí o a través de la MCT, de gestionar los nuevos recursos hídricos necesarios para atender esta demanda sin afectar a ningún otro uso anterior, y la única vía para ello es la desalación de agua de mar. En otro caso mucho me temo que el conflicto seguirá creciendo inevitablemente.
José Manuel Claver Valderas es secretario del Sindicato central de Regantes del Trasvase