Con machacona cadencia y muy escasos puntos de coincidencia, la polémica nacida entre, principalmente, populares y socialistas sobre la forma de abastecer de agua a la Región continúa desgranándose a ritmo de declaraciones con mejor o peor fortuna. Mientras tanto, como si la naturaleza quisiera apiadarse de las reales necesidades hídricas, la lluvia cae sobre nuestras ciudades y nuestros campos como no se producía desde los últimas treinta primaveras. Pero este espejismo de bondades no es algo que pueda esperarse habitualmente como producto de un milagroso cambio climático zonal. Murcia tiene sed . y no tiene agua. Por eso, se debe exigir con rotundidad que se solucione este histórico problema y que se posibilite nuestro futuro, sin más trabas que el ordenado desarrollo humano y territorial.

En defensa de este derecho, aunque con las miras puestas en el procedimiento -el trasvase desde el Ebro- que eligió el Partido Popular en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el Ejecutivo murciano recabó un informe jurídico que avalara distintas formas de actuación. Sin embargo, es muy probable que de dicho informe, y que ya obra en su poder, no quepan deducirse muchas alternativas en el camino de la protesta. Básicamente, dos eran los aspectos sobre los que se esperaba doctrina de reclamación: el procedimiento elegido para derogar el trasvase del Ebro, contenido en el PHN, y el daño económico que se hacía a la Región y a sus empresarios, del tipo que sean, por la merma de su futuro económico.

El primero -decreto ley frente a Ley- es una puerta que el Tribunal Constitucional ha venido cerrando sistemáticamente, porque, dicho en román paladino, el alto tribunal no puede impedir que el programa de un partido político legalmente constituido se cumpla, cuando no se opone a los valores constitucionales. El ámbito de separación de poderes lo impide desde el origen y cualquier acción en este sentido está condenada al fracaso, según experiencias anteriores.

El segundo, la posibilidad de reclamar, vía indemnizaciones, alguna cantidad por la merma de riqueza prevista en quienes vieron en el trasvase -sean instituciones o particulares- una oportunidad de establecer, reforzar o ampliar sus negocios no parece tampoco que pueda tener un camino de triunfos incuestionables para quien lo inicie. La doctrina, y volvemos al román paladino, suele diferenciar claramente los dos conceptos que forman parte del argumento habitual: expectativas y derechos. Aquí es donde está el meollo: las indemnizaciones por el llamado lucro cesante -aquello que uno deja de percibir cuando lo tenía previsto- sólo se fundamentan en los derechos; por tanto, sólo los derechos integrados en el patrimonio son los que se indemnizan cuando se ven objetivamente mermados por la ruptura de un acuerdo, correspondiendo al lesionado la petición de cuantía de indemnización y al Tribunal la fijación efectiva de la misma. Pero, en este caso, de lo que se estaba hablando era de unas expectativas, de algo que uno esperaba que se produjera, que tenía visos de que así iba a suceder pero cuya obligatoriedad no puede ser exigida por un derecho. Es decir, sólo cuando se priva de un derecho se puede exigir el resarcimiento por el lucro cesante. Pero las expectativas no se indemnizan; sencillamente, una expectativa no puede exigirse, porque únicamente está en el deseo de una de las partes, la de quien desea que algo se cumpla, pero no en la de quien puede hacer que así sea. No hay, en definitiva, obligación contractual. Sí tendrían derecho a indemnización las empresas a las que se les adjudicó alguna parte del proyecto. Pero es moneda de cambio usual en el sector hacer decaer las acciones logradas a cambio de que la Administración les compense con otras obras en otros lugares del territorio nacional. Lo contrario, ir a la vía del conflicto es práctica no habitual, habitualidad que algunos podrían considerar como suicida.

De todas formas, ambos conceptos -expectativas y derechos- pueden tener un límite vidrioso en las consideraciones, que puede dar juego a la polémica o a la reclamación. Pero, salvo que el informe jurídico solicitado por el Gobierno regional contenga algún camino más sólido -que pudiera ser-, la estrategia del Ejecutivo Autónomo en su defensa de la necesidad del agua para la Región debiera adentrarse por nuevos derroteros y articularse en la defensa de los derechos que asisten a nuestra Región; éstos sí derechos, históricos y de futuro, porque la Región de Murcia acumula un déficit estructural que nadie discute que se sitúa en los 460 hectómetros cúbicos y tiene el derecho a diseñar su desarrollo centrado en el sector servicios -amén de la actual agricultura- como parte de un fenómeno mediterráneo, tanto para sus actuales habitantes como para quienes, como tierra de acogida que somos, no dudarán en venir a ella y establecerse.

Por ello preocupa, y el Gobierno regional debe hacer bandera de esta preocupación, las disquisiciones, maquiavélicas cabría calificarlas, del director general del Agua, Juan López Martos, en su reciente visita a Murcia sobre «cuencas cuya estructura productiva se adapta a los recursos que tiene y cuencas que no». Pero ¿qué quiere decir el emisario de la ministra Narbona: que la región de Murcia debe resignarse a congelar su futuro con la repetición de su presente de manera continua?, ¿que la favorable evolución hacia un turismo de calidad debe ser un vaso comunicante hacia la eliminación de su actual y eficiente agricultura?, ¿que Murcia no puede esperar ninguna acción de solidaridad nacional para su desarrollo, que lo será de toda España? ¿Qué opinan los socialistas murcianos de todas estas cuestiones, que nada bueno presagian ni para el conjunto de la Región, ni siquiera para sus votantes como habitantes de la misma? El futuro de Murcia es de todos, populares, socialistas, comunistas Todos ellos debieran fijarse en la claridad de razonamiento de la que ha hecho gala el recién reelegido presidente de la Croem, Miguel del Toro, cuando, tras proclamarse del Partido del Agua, no duda en pedir un gran pacto social a favor del agua «por encima de veleidades y de intereses particulares y partidistas».

Es probable que la institución que agrupa a todos los empresarios de la Región haya dado el paso que las fuerzas políticas se resisten a dar: la defensa de lo esencial, pero el pragmatismo en la acción. Y lo esencial es el agua para cuya venida el PP eligió el trasvase desde el Ebro, mientras que el PSOE gobernante lo excluye y plantea reutilización, ahorro y desalación como paradigmas de solución.

¿Fue un error la declaración del presidente Valcárcel al afirmar que no insistiría en el trasvase cuando finalmente se derogara, porque la situación no estaba como para perder el tiempo pidiendo algo que positivamente se sabría que ya no iba a suceder? Quizás, la sorprendente frase -«Si se deroga el trasvase no insistiré; pedir la nada es perder el tiempo»- era un franco acto fallido ante una realidad que cada vez se torna más pragmática y que hace decir, con buen tono, aunque exigente tono, al reciente reelegido presidente de la Croem que los empresarios son del Partido del Agua.

Mucha importancia política se le ha dado a este desliz, sin extraer de lo afirmado la auténtica realidad: nadie, ¿y mucho menos el presidente Valcárcel!, duda de la necesidad del agua, venga de donde venga, y poco debiera importarle al Ejecutivo murciano si alguien saca punta a lo dicho, porque la política de preocuparse solamente por las formas es abiertamente contraria al interés general. ¿Y alguien duda de que el presidente Valcárcel no lo persiga hasta la extenuación? Es cierto que su partido prefería el trasvase, pero la legítima matemática de las urnas ha caído de la parte socialista y en su programa figuraba expresamente la derogación del mismo.

Cabría aventurar que, excluido el icono que representaba el trasvase, si se desea seguir con la confrontación política, el Ejecutivo regional no debiera fijarse en el método elegido, sino comparar la bondad de los beneficios de la oferta popular con la que se pueda deducir de la oferta socialista. El Gobierno de la Región, si quiere adecuar su paso de exigencia a la oferta socialista debería equiparar ambos escenarios y deducir y razonar por qué el trasvase es mejor que lo propuesto hasta ahora y exigir, si lo desea, que nada se haga hasta pasado el año que la propia ministra se ha dado para conocer la globalidad de las alternativas.

Es la bondad de una obra frente a la indefinición de lo ofertado lo que carga de razones al jefe del Ejecutivo murciano y lo que deberá exhibir en su próxima visita al presidente Zapatero. En este empeño, todos -populares y socialistas- deben ser exigentes porque la Región no puede paralizar sus expectativas mientras alguien dilucida si son galgos o podencos