Castilla y León tropieza por tercera vez con la Confederación Hidrográfica del Duero. El respaldo de Zapatero a las reformas estatutarias autonómicas ha sido aprovechado de inmediato por la Junta para exigir las competencias sobre el agua del Duero, algo que ya ha sido rechazado de plano por el Ministerio, que ofrece como alternativa la cogestión. Herrera emprende ahora un camino tortuoso para conocer qué posibilidades jurídicas tiene para asumir esta gestión. El gran escollo es la Constitución, que sólo permite controlar el agua a las regiones por las que discurra el 100% de la cuenca. El Duero cruza 6 territorios y Castilla y León tiene el 98%

VALLADOLID. El discurrir del Duero por Castilla y León ha sufrido desde principios de los 90 algunos vaivenes que han perturbado la tranquilidad de sus aguas. La asunción de las competencias sobre esta cuenca es ya una vieja aspiración en la Comunidad. Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, ya se unieron en 1998 para que el Gobierno central traspasara la gestión del agua del Duero a la Junta, mediante una reforma del Estatuto de Autonomía, y recibió el no por respuesta en las Cortes generales. La historia se repite seis años después, aunque ahora el partido que gobierna en la región, el PP, se queda solo en la solicitud de gestionar las competencias de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo que ahora está en manos socialistas.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha querido aprovechar el compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de apoyar las reformas que se aprueben en los parlamentos regionales para intentar «barrer para casa» todo lo que pueda. Así, en la reciente entrevista que mantuvo con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, le pidió la gestión del agua para alcanzar el techo competencial y abrió el «melón» de la reforma del Estatuto de Autonomía.

La respuesta de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no se hizo esperar y rechazó la petición, aunque le ofreció como alternativa la cogestión, procedimiento incluido en el Estatuto. Una fórmula que estuvo a punto de firmar Isabel Tocino y Juan José Lucas y que problemas jurídicos y políticos lo impidieron. Y es que es la legislación la que da la espalda a las aspiraciones de Herrera.

La Junta acude ahora a este embrollo jurídico para intentar marcar los límites de estas competencias y pedirá el próximo jueves de forma oficial al Consejo Consultivo que dictamine si es procedente reformar el Estatuto para alcanzar estas competencias. Lo cierto es que la Constitución Española es clara y en su artículo 149.22 contempla que el Estado tiene la competencia exclusiva en la gestión del agua cuando la cuenca discurra por más de una Comunidad. Castilla y León cuenta con el 98,35% de su recorrido, mientras que el 2% restante se lo distribuyen seis comunidades (Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla La-Mancha, Extremadura y Madrid), a lo que hay que unir Portugal, donde muere el Duero. No obstante, ya el Ejecutivo autonómico gobernado por Juan José Lucas quiso sentar las bases a una futura gestión del Duero al incorporar una disposición adicional tercera que abre la puerta a la cogestión entre el Ministerio y la Junta. Por su parte, Villalba dice ahora que lo único a lo que puede esperar Castilla y León es a la cogestión, ya que la petición de Herrera es «antiestatutaria». El informe que elabore el Consejo Consultivo será determinante para la acción política que llevará el Ejecutivo autonómico en este asunto. De momento, las críticas al Gobierno socialista no se han hecho esperar por su «falta de diálogo» y porque «niegue a Castilla y León lo que sí dará a Andalucía».

De lo que no cabe duda es de que la ambición por gestionar las competencias del Duero dotaría a Castilla y León de un alto grado de autogobierno, aunque los expertos en esta materia ven más probable la cogestión a través de convenios con el Ministerio de Medio Ambiente. La «guerra del agua» está servida