Edificios aislados e, incluso, urbanizaciones en cauces de ríos secos, riberas, ramblas y antiguos arroyos, son candidatos a sufrir inundaciones. 'El agua siempre vuelve a su cauce', se dice. Y las lluvias torrenciales que arrasan edificios y enseres son impredecibles pero inevitables en la cuenca mediterránea. Es cuestión de tiempo. Siempre queda el recurso de echarle la culpa a la naturaleza.
En Madrid, a falta de datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo, puede disponerse de la información que aporta Ecologistas en Acción. En riberas y cauces de ríos y zonas de influencia, contabilizan en la Comunidad 1.500 casas; de ellas, 500 en el río Guadarrama. Las zonas con mayores problemas son las de los términos municipales de Villaviciosa, Móstoles, Navalcarnero y Arroyomolinos. La organización ecologista también ha detectado edificaciones ilegales en el Jarama, arroyos tributarios de este río y en el Alberche. Otras fuentes hablan de 300 urbanizaciones ilegales.
Dominio Público Hidráulico
Los cauces y riberas de los ríos son dominio público hidráulico (DPH) y de su protección, evitando edificaciones, es responsable la administración pública, concretamente las confederaciones hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente. Las confederaciones consultadas no contestan o lo hacen parcialmente ¿Por qué se ha edificado y se sigue edificando en cauces y riberas, con grave daño para el bosque, ecosistemas de gran valor ecológico y también con riesgo para las personas que los habitan o utilizan? Hay desde restaurantes a camping y no faltan residencias de ancianos y colegios, según Ecologistas en Acción.
Esta organización aporta datos de un estudio -que no pueden ser contrastados con los de la Administración, que no los ha facilitado a Propiedades - en el que detectaba 40.000 edificaciones en dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación en toda España.
No se trata de que falten armas legales: está definido claramente el DPH que incluye los cauces de corrientes naturales continuas o discontinuas, considerando cauce natural de una corriente el terreno cubierto por las aguas en la máxima crecida producida en 10 años consecutivos. Y en DPH hay que pedir autorización a la confederación hidrográfica hasta para excavar. Y claramente en las zonas inundables, la Administración tiene la obligación de corregir las situaciones que afecten al dominio público hidráulico, incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo.
La profesora titular de Hidrografía de la Universidad de Valencia, Francisca Segura, menciona de un problema con fondo legal muy grave. En cumplimiento de la Ley de Aguas habría que establecer la zona DPH para todas las ramblas, barrancos y ríos de España. Pero, sólo ciñéndose a la fachada mediterránea, hay muchos ríos secos con inundaciones destructivas y en toda España hay millones de barrancos en los que, independientemente de su tamaño, puede haber una gran avenida de agua.
Deslindar
El proyecto Linde, que se deriva de la Ley de Aguas de 1985 obligaba a delimitar el DPH. Tal proyecto, recuerda Jesús Yagüe, del Ministerio de Medio Ambiente, se enfrenta a 76.000 kilómetros cuadrados de ribera (frente a los 7.000 kilómetros que tiene toda la costa). Desde que se puso en marcha el plan Linde, en 1993, se han deslindado unos 1.200 kilómetros de los 4.000 kilómetros considerados prioritarios por ser zonas con mayor presión de edificaciones o usos agrícolas. Hay otros 700 en elaboración. El ritmo aproximado es de un año y medio por cada 20 kilómetros; proceso que puede llegar a los tres años.
La costumbre secular de edificar en cauces de ríos secos genera derechos adquiridos. Deslindar las ramblas, barrancos y ríos de España parece una tarea muy compleja y no sólo por su magnitud. Según Yagüe hacer el deslinde es jurídicamente complicado. Primero se tiene que identificar el DPH y después proceder a su registro, proceso que no está exento de litigios legales y recursos por parte de los afectados.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha cursado un total de 1.802 denuncias sobre edificaciones en 2003, movimientos de tierra, zanjas o pozos y de enero a abril de este año ya cuenta con 989, a las que contribuye Andalucía, con 649. Madrid contabilizó 123; 325 Valencia y 576 Murcia durante el pasado ejercio. Las denuncias se ponen llamando al 062, además de en ayuntamientos, comunidad autónoma, policía, juzgado o Guardia Civil.
Un experto aconseja no comprar casa en zonas de costa baja, en valles o zonas deprimidas y sitios donde podría circular agua.
Según la Comunidad de Madrid, siempre que se aprueba cualquier planeamiento de forma inicial se solicita informe de la Conferederación Hidrográfica del Tajo. Cuando se realiza cualquier planeamiento de rango general se consulta a la Dirección General de Evaluación y Disciplina Ambiental, que realiza dos informes. Hay quejas de que los ayuntamientos no siempre cuentan con el organismo de Cuenca.
También hay quejas de éstos. Ecologistas en Acción sostiene que 'en la Comunidad de Madrid ha llegado a darse el caso de que el gobierno regional ha decidido eliminar construcciones y la Confederación Hidrográfica del Tajo se lo ha impedido, alegando la titularidad del Dominio Público Hidráulico, e impidiendo el acceso de la Comunidad de Madrid para proceder a las demoliciones'.
La labor de la Cuenca debe realizarse en colaboración con administración autonómica y local, que son competentes en ordenación del territorio, según Yagüe para quien es esencial, una buena cartografía y estudios de inundaciones y avenidas de cada comunidad autónoma. Sólo la valenciana ha hecho los deberes en su totalidad.
Vivir en Levante
De todas las comunidades autónomas la única que dispone de un Plan de Acción Territorial contra el Riesgo de Inundación es la Comunidad Valenciana ( patricova) . Es utilizado tanto por Protección Civil como para la planificación territorial, ya que incorpora normativa urbanística. Puede ser ser consultado en Internet (www.cth.gva.es). La escala (1/50.000) dificulta identificar zonas que bordean las inundables, pero tanto en el ayuntamiento como en la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad pueden ampliarle información si a la hora de comprar o alquilar duda de si el edificio estará o no en zona de riesgo.
El patricova establece la imposibilidad de levantar nuevos desarrollos en zonas inundables, pero si se trata de una vivienda en el litoral levantino se reconoce que, por la presión de los promotores, incluso se edifica en los marjales (marismas), lo que no sólo crea un problema medioambiental por su valor ecológico. Cuando llueve se inundan con seguridad porque están por debajo del nivel del mar.
Maruja Sornosa, eurodiputada socialista valenciana, considera que 'no faltan leyes, faltan mecanismos que permitan derribar o paralizar las obras con rapidez. Las confederaciones hidrográficas y ayuntamientos no han perseguido las edificaciones ilegales'. Para ella es básico que la ordenación del territorio parta de un marco normativo comunitario. Pero la Unión Europea se debate entre la lentitud burocrática y, según otro eurodiputado, el desinterés.
En 2002 se paralizaron los trabajos encaminados a marcar una estrategia integrada para la prevención, reparación e intervención ante riesgos naturales. Éste apuesta porque cuando se produce autorización por parte de un ayuntamiento o comunidad autónoma para edificar en zonas inundables, hay implicaciones penales. Hay también otras cautelas: En Estados Unidos, el comprador o arrendador tiene que firmar un documento declarando que conoce el riesgo de la vivienda y en Francia en caso de alquiler también y si se produce alguna inundación tiene derecho al reintegro de la renta