El Partido Popular experimentó ayer de nuevo su soledad en el Congreso como grupo de oposición. Intentó, sin éxito, recabar el apoyo de algún otro grupo para que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a 'realizar una evaluación ambiental estratégica' del impacto global de todas las desaladoras que sustituirán al trasvase del Ebro. Sólo consiguió la abstención del Partido Nacionalista Vasco. El diputado de ese partido Emilio Olabarría argumentó que las desaladoras son 'más eficaces para facilitar el agua a la costa, mientras que el trasvase lo es para dar agua al interior'.
La argumentación del PP, defendida por su diputada María Angels Ramón Llin, que fue consejera de Agricultura en la Comunidad Valenciana, se resume en defender 'una evaluación ambiental estratégica en consumo energético y en vertidos de salmuera' que sirva para comparar el impacto ecológico del trasvase con el de las desaladoras. El PP mantuvo que ese estudio ambiental será, además, necesario para pedir ayudas europeas.
La primera respuesta se la dio IU. Su diputado Joan Herrera dijo que ellos defienden una evaluación estratégica ambiental, 'pero bien hecha'. Herrera mantuvo que, 'aunque la desalación no es óptima, consume menos energía que el trasvase a larga distancia', y criticó que el PP pretendiera el trasvase del Ebro para 'regar campos de golf'.
La diputada socialista María del Carmen Ortiz recordó al Partido Popular que el PSOE 'ganó las elecciones el 14 de marzo y que, en cumplimiento de su programa electoral, ha puesto en marcha una nueva política del agua', que incluye la supresión del trasvase del Ebro.
Esquerra Republicana acusó al PP de mantener una 'actitud cínica en materia medioambiental'. El Grupo Mixto se felicitó de que 'la realidad sea que el trasvase se ha detenido'. CiU hizo un amago de apoyar a tirios y troyanos con la reclamación de que el PP debía aceptar las enmiendas de los demás grupos. Como no lo hizo, todos, menos el PNV, que se abstuvo, votaron contra el PP.