Todos recordamos la fama del Bajo Guadalquivir basada en sus pesquerías, el bosque de ribera y el aporte natural de sus aguas, que unía antaño el mar con las zonas situadas tierra adentro.
Dicha ligazón quedó cercenada por la construcción de un gran número de presas y obras hidráulicas. Éstas acabaron con el régimen de los caudales y con los sedimentos que reponían los arenales y playas, llevando a la extinción a especies como el esturión y poniendo en grave riesgo a otras como la anguila y el sábalo, especies que alimentaban una interesante actividad económica.
Hoy en día, la sociedad demanda la recuperación de sus ecosistemas fluviales y una mejor ordenación territorial de sus riberas, además del refuerzo de la protección del paisaje y del sentir ciudadano que liga a la persona a un territorio concreto, tal como postula la llamada 'nueva cultura del agua'. Con estos planteamientos, cada vez son más numerosas las voces que se preguntan sobre la existencia de las presas hidroeléctricas sevillanas de Alcalá del Río y Cantillana, causantes de un grave impacto ambiental en los últimos cien kilómetros del Guadalquivir.
Estas presas fueron construidas hace setenta años y adolecen de problemas de mantenimiento y de riesgos de conservación como toda construcción tan antigua, sin que la reducida producción que generan compense en absoluto los perjuicios ambientales y sociales que provocan. Así, aprovechando los incentivos económicos que existen en la actualidad para fomentar el ahorro de energía y la instalación de paneles fotovoltaicos, no hay razones para que Endesa se muestre tan reacia a aceptar su demolición, teniendo en cuenta por otro lado los pocos años que les quedan de concesión y su más que cumplida amortización. En realidad, existen numerosas oportunidades para que el Bajo Guadalquivir, como Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 europea que es, reciba fondos para recuperar el río y ayudar así a que fluya libre hasta el mar. Esta situación no sólo la provoca esta empresa en Sevilla, sino en otros valles como el del Nansa (Cantabria), donde la presa de Palombera, levantada por presos de la Guerra Civil, ha acabado con una de las mejores poblaciones españolas del mítico salmón atlántico. Estos ejemplos contradicen sobremanera la política ambiental de la que hace gala en sus publicaciones.
Asimismo existen desde hace décadas figuras jurídicas como la caducidad y la revisión de concesiones, junto con su rescate, que bien empleadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Consejería de Medio Ambiente facilitarán la recuperación del río. Como se ve, no es cuestión de medios, sino de voluntad política. A ello se une la obligación legal establecida en la Directiva Marco del Agua de impedir el deterioro de los ecosistemas fluviales y lograr el llamado 'buen estado ecológico' de los mismos, principios jurídicos que hay que defender. Una vez recuperado este tramo del Guadalquivir, debería declararse reserva ambiental a semejanza de los wild & scenic rivers, en los que se limita extraordinariamente el otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones.
Lo que proponemos no es nada novedoso, ya que la recuperación de los ríos es tradicional en los EE UU, donde sus propios dueños ya han demolido 600 presas; en Alemania, que recupera el valle del Rin mediante la eliminación de obstáculos y diques en los cauces, o en Francia, donde el Loira se ha visto librado de tres presas semejantes y tienen en estudio una cuarta. Para terminar, la cercanía a un gran conjunto de población servirá además para mejorar la educación ambiental de los andaluces como ejemplo a seguir a la hora de enmendar errores actuales. ¿A qué esperamos entonces?
Pedro Brufao Curiel es Doctor en Derecho Administrativo y asesor de Aems-rios con vida, Premio Nacional de Medio Ambiente 1998.