Las sanciones a los propietarios por abrir pozos ilegales pasan de 1.800 a 6.000 euros
Lun, 28/06/2004
Desaparece el Banc Agrícola de l'Aigua, creado por el Pacte de Progrés. En la actualidad hay una docena de expedientes abiertos por apertura ilegal de pozos. La Conselleria aumenta las inspecciones para controlar este tipo de infracciones.
Las sanciones impuestas por la Conselleria de Medi Ambient por la apertura de pozos ilegales pasan de 1.800 a 6.000 euros para el promotor o propietario de la finca, y de 900 a 4.000 euros para la empresa ejecutora del sondeo o perforación.
Así lo ha anunciado Joan Crespí, director general de Recursos Hídrics, quien ha explicado que «la apertura de un pozo ilegal, para suministro humano o agrícola, es considerada una infracción leve, sancionada con hasta 6.000 euros, pero hasta el momento sólo se aplicaban multas de 1.800. A partir de ahora impondremos el máximo permetido, de manera discrecional y sin necesidad de cambiar normativas».
Para Crespí, «a estas alturas, es inconcebible que un propietario, con las facilidades que se dan, abra un pozo ilegal. Actuar así no tiene sentido, pero peor es que la empresa profesional, que conoce a fondo la normativa, acepte hacerlo». Si el pozo perforado no tiene autorización, pero es legalizable, las sanciones se reducirían a la mitad sólo cuando el sondeo haya sido regularizado. Si un pozo cumple los requisitos para ser legalizable, la autorización no suele tardar más de ocho días.
Así, las sanciones al propietario se multiplican por 3'3 y a la empresa perforadora, por 4'4. El director general señala, además, que está consultando con sus servicios jurídicos la posibilidad de inmovilizar y precintar la maquinaria que sea sorprendida «in fraganti» realizando una perforación ilegal. Joan Crespí indica que, actualmente, hay una docena de expedientes abiertos por esta cuestión y valora la labor inspectora tanto de los agentes y vigilantes de la Conselleria como del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Nuevo decreto
Continuando con materias hidráulicas, Crespí está preparando un nuevo decreto que anulará la vigencia del Banc Agrícola de l'Aigua. Como se recordará, esta iniciativa del Pacte de Progrés permitía intercambiar derechos sobre caudales entre titulares que no utilizasen un volumen de agua determinado y otros que sí lo necesitasen.
Según Crespí, «esta idea no ha tenido eco y apenas hemos registrado ofrecimientos ni solicitudes de agua a través de sistema. Sin embargo, sí hemos detectado peticiones de nuevos pozos para riego agrícola, que ahora no se pueden conceder. Por ello vamos a poner a disposición de esta demanda de pozos agrícolas una reserva de 2 hectómetros cúbicos en Mallorca, 0'5 en Menorca y 0'5 en Eivissa, cantidades que seguramente no se agotarán, ni mucho menos» En ese sentido añadió que «convocaremos el Consell Balear de l'Aigua para poner en marcha este decreto, que a su vez deberá ser revisado por el Consell Consultiu».
Recursos Hídrics ha organizado cursillos con las empresas de sondeos para que los profesionales conozcan las condiciones técnicas de perforación y se prevén líneas de ayuda compartidas con la Conselleria d'Indústria para la adaptación de la maquinaria más antigua a estos requisitos.
Las sanciones impuestas por la Conselleria de Medi Ambient por la apertura de pozos ilegales pasan de 1.800 a 6.000 euros para el promotor o propietario de la finca, y de 900 a 4.000 euros para la empresa ejecutora del sondeo o perforación.
Así lo ha anunciado Joan Crespí, director general de Recursos Hídrics, quien ha explicado que «la apertura de un pozo ilegal, para suministro humano o agrícola, es considerada una infracción leve, sancionada con hasta 6.000 euros, pero hasta el momento sólo se aplicaban multas de 1.800. A partir de ahora impondremos el máximo permetido, de manera discrecional y sin necesidad de cambiar normativas».
Para Crespí, «a estas alturas, es inconcebible que un propietario, con las facilidades que se dan, abra un pozo ilegal. Actuar así no tiene sentido, pero peor es que la empresa profesional, que conoce a fondo la normativa, acepte hacerlo». Si el pozo perforado no tiene autorización, pero es legalizable, las sanciones se reducirían a la mitad sólo cuando el sondeo haya sido regularizado. Si un pozo cumple los requisitos para ser legalizable, la autorización no suele tardar más de ocho días.
Así, las sanciones al propietario se multiplican por 3'3 y a la empresa perforadora, por 4'4. El director general señala, además, que está consultando con sus servicios jurídicos la posibilidad de inmovilizar y precintar la maquinaria que sea sorprendida «in fraganti» realizando una perforación ilegal. Joan Crespí indica que, actualmente, hay una docena de expedientes abiertos por esta cuestión y valora la labor inspectora tanto de los agentes y vigilantes de la Conselleria como del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Nuevo decreto
Continuando con materias hidráulicas, Crespí está preparando un nuevo decreto que anulará la vigencia del Banc Agrícola de l'Aigua. Como se recordará, esta iniciativa del Pacte de Progrés permitía intercambiar derechos sobre caudales entre titulares que no utilizasen un volumen de agua determinado y otros que sí lo necesitasen.
Según Crespí, «esta idea no ha tenido eco y apenas hemos registrado ofrecimientos ni solicitudes de agua a través de sistema. Sin embargo, sí hemos detectado peticiones de nuevos pozos para riego agrícola, que ahora no se pueden conceder. Por ello vamos a poner a disposición de esta demanda de pozos agrícolas una reserva de 2 hectómetros cúbicos en Mallorca, 0'5 en Menorca y 0'5 en Eivissa, cantidades que seguramente no se agotarán, ni mucho menos» En ese sentido añadió que «convocaremos el Consell Balear de l'Aigua para poner en marcha este decreto, que a su vez deberá ser revisado por el Consell Consultiu».
Recursos Hídrics ha organizado cursillos con las empresas de sondeos para que los profesionales conozcan las condiciones técnicas de perforación y se prevén líneas de ayuda compartidas con la Conselleria d'Indústria para la adaptación de la maquinaria más antigua a estos requisitos.