Con la modificación de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 18 de junio, ha quedado derogado el Trasvase del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña y las Cuencas del Júcar, Segura y Sur. Al mismo tiempo, se han declarado de interés general y de actuación prioritaria y urgente determinadas obras en distintas Cuencas Hidrográficas, entre ellas la del Segura, con el objetivo de aportar con urgencia nuevos recursos hídricos que vengan a minorar el déficit hídrico existente. Ante ello, ¿cómo valoramos los agricultores estas actuaciones y cuál es la actitud que debemos adoptar?

La valoración de UPA es clara al respecto. El Real Decreto-Ley 2/2004 viene a dar una nueva redacción a la Ley del PHN que, en lo que se refiere a la Cuenca del Segura, vuelve a tener aspectos en los que falta concreción (actuaciones en el Altiplano y en el Valle del Guadalentín, principalmente) y es, sin duda, un documento incompleto (no resuelve íntegramente el déficit hídrico de la Cuenca del Segura). Además, a falta de informes más detallados, permite cuestionarse la viabilidad futura de los recursos hídricos obtenidos a través de la desalación por un doble motivo: la vida útil de las desaladoras y el precio del agua obtenida a través de ellas de no mantenerse en el futuro las subvenciones públicas.

Como productores agrícolas dos aspectos nuevos merecen una valoración positiva: la declaración de urgencia e interés general para la realización de proyectos que en el corto plazo aportarán nuevos recursos a la Cuenca del Segura y la definición de unas tarifas que, para el regadío, establece una horquilla de precios que parte de los 0.12 e/m3.

Los agricultores, en tanto que regantes, sabemos bien, y así debería ser consciente también la sociedad murciana, que uno de los mayores problemas a los que estamos haciendo frente es la presión que el consumo de agua para abastecimiento urbano ejerce sobre el regadío. De hecho, la MCT (Mancomunidad de Canales del Taibilla) debe decenas de hectómetros a los agricultores regantes, que en los últimos tiempos se han convertido en prestatarios de agua al abastecimiento humano como consecuencia de la prioridad de uso que éste tiene sobre el regadío. En conclusión, quien incrementa sus necesidades no es el regadío sino el abastacimiento.

Pero esto no es cierto del todo. Los agricultores, en la medida que la red de distribución no diferencia el uso humano (que sí es prioritario con respecto al regadío) de los usos industrial y/o turístico (que no tienen prevalencia sobre el regadío), están cediendo una parte del agua que necesitan sus cultivos para abastecer usos que deberían ser atendidos después de satisfechas las necesidades agrarias. Esto también es así.

Ningún colectivo tiene, por tanto, más interés que los agricultores (insisto, ninguno) en que se resuelva el déficit hídrico de la Cuenca del Segura. Los agricultores, de no resolverse ese déficit hídrico, no sólo verían cercenadas sus expectativas de futuro (acotadas en la medida que el propio Plan de la Cuenca del Segura establece la prohibición de desarrollar nuevos regadíos), sino que ven amenazadas sus dotaciones actuales de agua (por la sobreexplotación de acuíferos y los préstamos al consumo humano) sin que se resuelva tampoco la infradotación de recursos hídricos que tienen en la actualidad determinadas zonas regables.

Los agricultores (y no ningún otro colectivo), y en particular las Organizaciones Profesionales Agrarias como UPA, son (somos) las Organizaciones Sociales que antes que nadie y con más insistencia a lo largo del tiempo hemos venido reclamando la aprobación y puesta en marcha de un PHN. Reclamamos su elaboración y aprobación antes que ningún partido político, que ninguna institución autonómica e, incluso, antes que las Comunidades de Regantes.

No se olvide, por favor, que cada cuál tiene una función en la sociedad, y la función de representar y defender los intereses socioeconómicos de los agricultores y los ganaderos le corresponde a las Organizaciones Agrarias (UPA, Coag y Asaja) y no a los empresarios, las Cámaras de Comercio ni tan siquiera las Comunidades de Regantes que son, no debemos olvidarlo, Comunidades de Usuarios cuya obligación es gestionar y distribuir, administrándolos eficazmente, los recursos hídricos que se les asignan.

Las principales Organizaciones Agrarias de Murcia (que por cierto han demostrado sobradamente no tener complejos a la hora de protagonizar movilizaciones con gobiernos de uno u otro signo político) nos hemos pronunciado a favor del diálogo y la negociación constructiva entre las instituciones autonómica y estatal como mejor fórmula para conseguir los dos objetivos que nos parecen esenciales: la ejecución urgente de las obras para que tengamos más agua en el plazo más corto posible y conseguir la concreción y perfeccionamiento necesario del PHN para resolver íntegra y definitivamente el déficit de la Cuenca del Segura y esto, desde luego, sin la renuncia a nuevos trasvases o la redotación del existente.

Creemos, por tanto, que tenemos que partir de la aceptación de la Ley en su actual redacción para aprovechar cuanto antes lo que de positivo puede tener, pero también tenemos la obligación de continuar exponiendo los déficits del actual texto legal para que se incorporen a él las medidas adicionales y complementarias necesarias.

Aceptemos pues, aunque nos pese, que estamos ante una realidad distinta, pero no olvidemos los reconocimientos del nuevo gobierno sobre el déficit hídrico del Segura y su compromiso para resolverlo, su ofrecimiento al diálogo y su anuncio de no descartar los trasvases. ¿Es sostenible, es incluso proporcional que a ese ofrecimiento de resolver la falta de agua en Murcia por procedimientos distintos, el Gobierno de España encuentre como única respuesta la confrontación, el anuncio de movilizaciones o inclusive las folclóricas llamadas a la desobediencia civil?

En cualquier caso, no parece afortunado que determinados colectivos, autoatribuyéndose un rol que no es el que tienen asignado en la sociedad, se proclamen portadores de una única y uniforme posición de todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Y, desde luego, mucho menos de fijar bajo sus exclusivos criterios que la confrontación y la movilización contra el Gobierno de España es el único procedimiento posible de actuar, acusando unas veces veladamente (cuando lo hacen en público) y otras abiertamente (cuando lo hacen en privado) a quienes no comparten milimétricamente sus postulados, de colaboracionistas con el subdesarrollo, el desempleo, la deslocalización y responsables del ostracismo futuro de la Región.

Esas actitudes son dañinas, sin duda, para una sociedad, porque en lugar de agruparnos a todos en torno a lo que nos une (que es mucho) tratan, desde su poder económico y mediático de descalificar, arrinconar y vilipendiar en torno a lo que no compartimos (que no es tanto) y pueden ser un buen caldo de cultivo para propiciar nuevas plataformas de quienes con la misma firmeza y amor por nuestra tierra e igual de comprometidos (o más) con el desarrollo de la misma, podemos entender que existen otros procedimientos, otras formas, para conseguir los objetivos.

Quizá valga la pena recordar aquí las palabras pronunciadas por el Presidente Ramón Luis Valcárcel quien dijo que «exigir el trasvase una vez derogado sería pedir la nada» y «exigir la nada es perder el tiempo y mi Región no está para perder el tiempo y yo tampoco lo estoy» (La Verdad, 13 de mayo de 2004).

Pues de acuerdo, los agricultores tampoco queremos perder el tiempo. Si lo que de verdad queremos es agua, estemos todos a lo que hay que estar y manos a la obra.

Marcos Alarcón Alarcón es Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia (UPA)