El Pleno del Congreso de los Diputados convalidará hoy el real decreto ley por el que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 5 de julio de 2001, y se derogan los artículos que preveían transferencias de agua entre el Bajo Ebro y las cuencas hidrológicas de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur.
Además, en el decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros de 18 de junio, se incluye un plan de medidas alternativas con más de un centenar de actuaciones, de las que 20 serán nuevas plantas desaladoras y el resto están destinadas al ahorro, mejora de la gestión y reutilización de agua.
Estas medidas, que proporcionarán 1.063 hectómetros cúbicos a las cuatro comunidades mediterráneas, suponen una inversión de 3.798 millones de euros y proporcionarán a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía "más agua y a un precio más barato" que la que obtendrían del trasvase del Ebro, según los argumentos del Gobierno.
La inversión en Andalucía alcanzará 579 millones de euros; en Murcia se invertirán 875 millones; en la Comunidad Valenciana, 1.219 millones, y en Cataluña, 1.110 millones.
Los 3.798 millones que se invertirán corresponden, no sólo a la obtención de recursos alternativos al trasvase del Ebro, sino que incluyen también actuaciones urgentes en prevención de inundaciones o restauración ambiental.
El Gobierno argumenta que el trasvase del Ebro presentaba "falta de realismo de los supuestos objetivos de racionalidad, eficiencia socioeconómica y ambiental", por lo que es "absolutamente inviable".
Así, el Ejecutivo considera que se "han exagerado los beneficios del proyecto, sus costes aparecen sistemáticamente infravalorados y en algunos casos ni siquiera han sido tomados en consideración; la estructura de precios para la industria, la agricultura y los consumidores no ha sido suficientemente bien explicada; no se ha aclarado si se aplicarían tarifas diferentes según los territorios, ni cómo establecerían los acuerdos en materia de precios; los beneficios positivos, en términos de creación de empleo, han sido sobreestimados, y la relación entre el precio y la demanda no está bien contemplada".
En cuanto a las repercusiones ambientales, el Gobierno apunta que en el proyecto del trasvase del Ebro no se han analizado adecuadamente los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, no estando despejadas las incertidumbres sobre el caudal futuro del Ebro; no se han adoptado las medidas necesarias para la protección del río Ebro y, en particular, del Delta; no se ha asegurado la protección de las especies protegidas existentes, contrariamente a lo exigido por la legislación comunitaria sobre hábitats y, además, existe un riesgo real de propagación de especies invasoras.
En la evaluación de impacto ambiental y sus documentos asociados no se recoge ninguna información sobre la toma y la distribución del agua del trasvase, ni sobre los bombeos de agua y las instalaciones eléctricas necesarias, aspecto clave para determinar el consumo de energía que requieren y su impacto en el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto. Tampoco se ha informado en el trámite de consulta sobre el aumento de salinidad previsto, tanto en la cuenca cedente, como en las cuencas receptoras, pospuesta a estudios futuros, que pueden llegar cuando el daño sea ya irreparable.
Finalmente, en cuanto a los aspectos técnicos, ha de subrayarse la ausencia del rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías, existiendo, por otra parte, un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar el agua en las cuencas receptoras.
PP: "IRRESPONSABILIDAD".
Por su parte, la diputada del PP María Ángels Ramón-Llín declaró hoy a Europa Press que esta derogación supone una "irresponsabilidad" del Gobierno, ya que el trasvase del Ebro no tiene, a su juicio, "una alternativa real ni fiable".
"Esta actuación genera agravios territoriales, que se habían solventado con el anterior Gobierno, con un plan hidrológico que daba respuesta a las necesidades de todas las comunidades autónomas", señaló la diputada popular. Ramón-Llín también criticó las formas en las que se ha dejado sin efecto el trasvase del Ebro.
La portavoz en temas de agua del PP en el Congreso de los Diputados se mostró "preocupada" por la "política errática y carente de alternativas" del Ejecutivo socialista y confirmó que hoy su grupo votará en contra de este real decreto ley