El pasado 15 de junio, el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, publicaba un artículo titulado Guerras, agua y cascos verdes. En él se hacía eco de las declaraciones emitidas por diversos expertos, reunidos en el Foro de las Culturas y, de forma maniquea, asimilaba las reclamaciones del agua del Nilo, por parte de Sudán o Etiopía, con las de la Generalitat Valenciana respecto al Ebro. Olvidaba, deliberadamente, que en ese mismo Foro los expertos también afirmaron que los trasvases 'acaban siendo onerosos y a largo plazo menos rentables' (Bernard Barraqué) y que Klaus Töpfer (de quien el conseller recoge la alusión a los cascos verdes) expresó que 'la falta de acceso al agua no es una cuestión de disponibilidad o de cantidad, sino de gestión'. En el mismo sentido abundó Mario Soares, al decir que 'el problema del acceso al agua, como el de la pobreza extrema en el que viven miles de seres humanos de nuestro planeta, son problemas a los que debemos dar solución en el estado civilizatorio y tecnológico en el que se encuentra hoy la humanidad'. Asimismo, Jean Michel Cousteau afirmó que 'el acceso al agua está a nuestro alcance, sólo hace falta un cambio de mentalidad'.
Mejora de la gestión hídrica, aplicación tecnológica a la obtención de agua y cambio de mentalidad, tres conceptos sobre los que se sustentan las medidas, aprobadas el 18 de junio por el Gobierno de España, para garantizar la suficiencia hídrica a las cuencas mediterráneas. Con estas medidas, la Comunidad Valenciana obtendrá más agua que con el trasvase (400 hectómetros cúbicos anuales frente a 350), en menos tiempo (tres años en lugar de siete).
La mayoría de las actuaciones están vinculadas con una mejor utilización de los recursos hídricos actualmente disponibles en la Comunidad Valenciana:
Depurando mejor y reutilizando después las aguas residuales: Actualmente se depuran 437 hectómetros al año, de los que únicamente se reutilizan 125. Las medidas del Gobierno incluyen 7 proyectos de reutilización para obtener 62 hectómetros.
Modernizando las infraestructuras de regadío: de la superficie total de regadío de la Comunidad Valenciana, 361.000 hectáreas, únicamente en 149.000 está implantado el riego por goteo. El Gobierno acometerá 5 actuaciones en modernización, que supondrán la obtención de 69 hectómetros anuales.
Mejorando y ampliando las infraestructuras hidráulicas: El Gobierno construirá 6 obras para obtener 41 hectómetros anuales.
Reordenando usos: mediante la reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y la red de saneamiento del área metropolitana de Valencia se obtendrán 12 hectómetros anuales.
Desalando agua del mar para suministrar agua a lugares próximos a la costa: El Gobierno construirá 5 desaladoras y ampliará 2 ya existentes para obtener 141 hectómetros anuales.
Desalobrando las aguas salinizadas por efecto de la contaminación del suelo: Una planta desalobradora permitirá obtener 50 hectómetros anuales.
En conjunto, el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de España, recoge 29 actuaciones que aportarán 400 hectómetros a la Comunidad Valenciana, junto con 13 proyectos más, dirigidos a mejorar la calidad del agua, restaurar los acuíferos y prevenir el riesgo de inundaciones en nuestro territorio (un riesgo que, pese a ser el más alto de las regiones europeas, no ha constituido una preocupación para ninguno de los gobiernos del PP). La inversión que supone todo este conjunto de medidas asciende a 1.219 millones de euros, superior a la prevista para el trasvase en la Comunidad Valenciana.
En consecuencia, el Real Decreto-Ley no pone en peligro el futuro de la Comunidad Valenciana, como afirma el Consell, sino que lo garantiza porque las actuaciones que contiene son absolutamente fiables para obtener agua. Al contrario de lo que ocurría con el trasvase del Ebro, cuya falta de garantía se ha puesto de manifiesto en todos los informes emitidos por la Comisión Europea. Las actuaciones no tienen un impacto ambiental negativo: la desalación hoy en día tiene una tecnología suficientemente desarrollada y no hay que olvidar que es la fuente de abastecimiento en comunidades como Baleares o Canarias, sin que ello haya incidido en la calidad de su litoral o en su turismo.
Son actuaciones susceptibles de proporcionar agua a un precio razonable: 0,12 euros para la agricultura (precio aceptado por los mismos agricultores).
No deseo, en definitiva, avivar la discusión sobre cuál de las dos alternativas es mejor (aunque considero que es un debate necesario, pero desigual en cuanto a medios), pero sí que quiero, por lo menos, dejar a la reflexión del lector el hecho, para mi incuestionable, de que no hay mayor riesgo que fiar todo nuestro futuro a una sola obra y a la existencia de caudales en un solo río. Obra de la que, por cierto, en los tres años transcurridos desde su aprobación, el Gobierno sólo había ejecutado el 0,7%.
El PP constató el rechazo de todos los partidos políticos al trasvase, en una votación en el Congreso hace dos semanas, pero el Consell se empeña en hacer del agua un conflicto para sacar provecho político. Afortunadamente no podrá evitar que tengamos el agua que necesitamos y la prosperidad que merecemos, pero intenta que no podamos disfrutar de ellas en paz. Quiero terminar haciendo una llamada al PP para que reflexione sobre la frase de Rafael Blasco, en su artículo al que antes me he referido: 'El agua sólo es una fuente de conflictos cuando alguien se empeña en que no sea fuente de soluciones'. Sugiero que el Consell abandone su enfrentamiento con el Gobierno. Y, dado el resultado de la votación en el Congreso de anteayer favorable al Real Decreto-Ley, agradezca que, finalmente, se vayan a acabar los problemas de agua en la Comunidad Valenciana y se dedique a solucionar el resto de problemas que siguen pendientes, que por cierto son muchos, demasiados.
Francesc Signes es secretario de Medio Ambiente, Agua y Política Territorial del PSPV.