El Consejo Jurídico Consultivo (CJC) ha elaborado un dictamen a favor del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno valenciano contra el decreto-ley que deroga el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Así lo anunció ayer el presidente del Consell, Francisco Camps, durante el acto celebrado para presentar la memoria anual del organismo consultivo. Camps pidió al CJC que se involucre en el proceso de una posible reforma del Estatuto de Autonomía y anunció la creación del cuerpo de letrados de la Generalitat.
Camps aprovechó su intervención en el acto de presentación de la memoria anual del CJC correspondiente al ejercicio de 2003, celebrado ayer por la mañana en el Palau de la Generalitat, para informar de que el CJC ha emitido un dictamen -solicitado por el Consell- que 'respalda' el recurso de inconstitucionalidad contra la derogación del trasvase del Ebro que el Gobierno valenciano acordó presentar el pasado 21 de junio. Según el presidente, el organismo consultivo avala los argumentos del Consell para considerar inconstitucional la paralización del trasvase. Entre los argumentos, Camps citó el que cuestiona la urgencia de la decisión y el referido a la ruptura del principio de solidaridad interterritorial, además de la 'arbitrariedad' de la decisión del nuevo Gobierno socialista.
El CJC emitió un dictamen a favor de la decisión del Gobierno de la Generalitat de recurrir ante el Tribunal Constitucional, antes de tres meses, la derogación del trasvase del Ebro. El Consell acordó delegar en este organismo todas las actuaciones que se lleven a cabo respecto a esta cuestión.
Camps aseguró que el dictamen del CJC le da 'mucha mayor fuerza para seguir defendiendo la posición del Gobierno valenciano en esta cuestión'. Según destacó el presidente, en el propio dictamen se habla de esas cuestiones que los populares valencianos y el Consell han venido comentando durante estos últimos meses y semanas. 'La urgencia del decreto no la hemos visto nunca', añadió Camps, quien añadió que implica una decisión 'arbitraria' que 'rompe el principio de solidaridad entre territorios'.
Durante el acto, Camps invitó al CJC a involucrarse en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, en el que, aseguró, el organismo consultivo 'va a tener un papel en una parte muy importante'. Además, el presidente recordó que el CJC será incluido en el Estatuto de Autonomía, junto a las otras instituciones consultivas que no figuran en la norma porque fueron constituidas después de la promulgación del Estatuto.
El presidente del CJC, Vicente Garrido, destacó que el año pasado se recibieron 702 consultas, la cifra más alta desde que se constituyó el organismo, y que se aprobaron 664 dictámenes, entre ellos 10 correspondieron a anteproyectos de ley y 32 a proyectos de reglamento o disposiciones de carácter general. Entre las consultas resueltas figuraba la efectuada por la Generalitat acerca de la conveniencia de elaborar una ley de Creación del Cuerpo de Abogados de la Generalitat, que contó con un dictamen favorable en el que considera que hay 'suficientes razones de conveniencia y oportunidad' que justifican su creación. Camps anunció su intención de ponerlo en marcha.
Entre las observaciones y sugerencias que el CJC hace a la Administración en la memoria de 2003 se encuentra una referida a la modificación de los contratos públicos en fase de ejecución, en la que señala la necesidad' de perseguir el 'mayor rigor posible' a la hora de redactar los proyectos de obra y los pliegos de condiciones, 'intentando conseguir su inmediata y completa efectividad en el momento de su ejecución'. 'Sólo de esta forma se reduce el recurso a la prerrogativa del ius variandi de la Administración a la vez que se asegura la inmediata y completa efectividad de esos proyectos en el momento de la ejecución de las obras', indicó Vicente Garrido