La Comisión Pro-Río aseguró que, tras la reunión mantenida por los representantes de 146 colectivos el pasado 22 de junio en Madrid con el Fiscal General del Estado, recibieron una carta en la que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se reitera en su compromiso por la "recuperación de la legalidad en la cuenca del Segura".
Precisamente, ocho días después la Fiscalía de Murcia envió a los tribunales el Informe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), firmado por el Fiscal de Delitos Medio Ambientales del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Emilio Valerio, en el que se pide la imputación de la anterior cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La comisión Pro-Río se mostró satisfecha con la iniciativa, ya que se está cumpliendo el compromiso de "impulsar una solución jurídica para el problema del robo del agua, y desbloquea un asunto con demasiado tiempo de despacho en despacho, que ya estuvo archivado en Murcia antes de que lo reabriera Valerio".
Posteriormente, la Comisión Pro-Río remitió una carta a la Fiscalía General del Estado agradeciendo los compromisos adquiridos con respecto a la necesidad de dar una solución jurídica a los procedimientos en curso.
Según Pro-Río, hay dos casos abiertos. Uno es el fraude a la UE en forestación de tierras agrarias en la finca El Chopillo, en Moratalla, que se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, procedente del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, y que se ha publicado que vuelve a Madrid.
El segundo son las detracciones ilegales de aguas en la cuenca del Segura, que se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, explicaron fuentes de Pro-Río.
Finalmente, Pro-Río pidió que se resolviera "urgentemente", la correspondiente investigación del "fraude al fisco, que genera una gran alarma social, puesto que estas sumas de dinero negro están posibilitando económicamente la ejecución del gran desastre ambiental existente en la cuenca del Segura"