En plena "segunda batalla del Ebro", tal y como calificó
el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, la lucha por el nuevo trasvase a Levante, el alicantino Manuel Aldeguer comienza su etapa como comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. El Gobierno murciano ha calificado de mala noticia su nombramiento, precisamente por la condición de "antitrasvasista" del que fuera alcalde de Guardamar.

Al día siguiente de tomar posesión en su puesto de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el alicantino Manuel Aldeguer, ex alcalde de Guardamar del Segura y profesor de la Universidad de Alicante, deja claro cuál va ser el camino a tomar: asegura que la Comisaría de Aguas va a contratar a unas 80 personas, las que, a su juicio, necesita para poner en orden la cuenca del Segura y va a emplear mano dura con los pozos ilegales. En esta entrevista también juzga al Gobierno murciano, al que critica porque considera que está asustando a los empresarios mediante mensajes falsos.
Un alicantino al frente de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿qué va a cambiar en este departamento?
Es evidente que los alicantinos estamos a la cola de las vegas, por lo que recibimos los peores caudales, con mucha cantidad de sal. Uno de mis cometidos es tratar de conseguir que el agua que recibamos los alicantinos y murcianos sea mejor, al igual que trataremos de que llegue mayor cantidad de recursos a la Vega Baja. Los regadíos tradicionales tienen que mantenerse. Hasta el último pueblo de la cuenca debe tener el agua que necesite.
¿Y qué va a hacer para obtener más agua para la Vega Baja?, ¿se la va a quitar a las vegas murcianas?
Tendremos que construir una desalobradora en la parte final de la Vega Media, muy cerca de la desembocadura. De esta forma podremos aprovechar las escorrentías, que en estos momentos no se pueden utilizar por tener demasiada sal, ya que pasa por terrenos que son muy arcillosos. Así no tendremos que utilizar más agua de la cabecera del Segura, lo que acabará por liberar las aguas para murcianos y albaceteños. Deberá instalarse al final del río, ya que si se realizara en otra zona afectaría a los humedales y al resto de zonas protegidas o incluso podría perjudicar a las viviendas construidas en la huerta de Murcia. Así podremos utilizar el agua que en estos momentos llega al mar y no se aprovecha. Serán unos 90 hectómetros cúbicos.
El Gobierno de Murcia le ha criticado, asegurando que usted es antitrasvasista.
Lo único que he dicho es que si hay empresas que han utilizado el agua de forma ilegal debemos saberlo. Éste fue el problema principal de la anterior cúpula de la Confederación del Segura, que no tenía el personal suficiente y los medios para atajar los robos en la cuenca. Es una evidencia que robos los hay en todos los lugares, pero en la Confederación no había los medios necesarios para poner acabar con ellos. Trataremos de ejercer mayor control en el uso del agua. Dudo mucho de que este control moleste a los regantes, sino sólo a los que utilizan de forma irregular el agua.
¿Van a hacer algo para remediar los problemas de personal?
He estado estudiando las necesidades de la Comisaría de Aguas. Queremos que se duplique el personal existente. Es evidente que necesitamos un mínimo de 30 técnicos para poder funcionar de una forma racional. Pero para poner orden en la cuenca contrataremos a unos 80 trabajadores, sólo en la Comisaría de Aguas. Ahora mismo somos una administración muy pobre en medios, lo que repercute en el servicio que damos al ciudadano.
Sí, pero para contratarlas tendrán que tener el respaldo del ministerio de Medio Ambiente, cuya titular es Cristina Narbona.
Estoy seguro y confío en el compromiso suscrito, tanto por la ministra Narbona como por el presidente Zapatero. Es un momento histórico para la cuenca del Segura. Ahora tenemos que aprovechar la situación y solicitar lo que necesitemos. Los gobiernos de Valencia y Murcia pueden protestar porque no se vaya a hacer el trasvase, pero ahora tienen que tener cintura política y apoyar a los regantes para que se pongan en marcha las soluciones necesarias.
Después de las investigaciones sobre el supuesto robo del agua, la Fiscalía de Murcia ha imputado a 11 grupos empresariales y comunidades de regantes, pero ha solicitado a la Confederación que aporte los datos sobre los posibles caudales que han sido detraídos de manera irregular. ¿Ya se ha puesto manos a la obra?