Alicante
El Gobierno de Castilla-La Mancha reclamó ayer, por segunda vez, la paralización del trasvase Tajo-Segura con el argumento de que el agua se destina al 'desmesurado' desarrollo urbano o turístico. Su portavoz regional, Máximo Díaz-Cano, se basó en el planteamiento 'estatal' socialista, compatible, dijo, con una política hidráulica 'solidaria y racional'. La reacción no se hizo esperar. El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó al Gobierno manchego de 'insolidario' al negar el agua de la que depende la 'supervivencia' del sur de Alicante y Murcia.
Por segunda vez en menos de dos semanas el ejecutivo de Castilla-La Mancha ha lanzado una nueva andanada contra el trasvase Tajo-Segura, infraestructura básica para garantizar los abastecimientos agrícolas y urbanos del sur de la Comunidad Valenciana. El primer mensaje sobre una posible paralización del trasvase partió del presidente de la esta comunidad autónoma, el socialista José María Barreda. La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, salió al pasó y desautorizó al mandatario castellano-manchego.
Ayer, contraatacó el portavoz del ejecutivo de Barreda: 'Ha llegado el momento de racionalizar el agua, ya que la política hidráulica no puede basarse en usos urbanísticos desmesurados', apuntó ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano. El dirigente regional socialista explicó que la reivindicación de Castilla-La Mancha de poner caducidad al trasvase Tajo-Segura no es una posición política 'con miras regionales', sino que, a su entender, es coherente con el planteamiento del Gobierno central.
En una reunión informativa, el consejero manchego insistió en que los argumentos para pedir el fin del Tajo-Segura son los mismos que han llevado a la derogación del trasvase del Ebro. 'Tiene más justificación, porque planteamos que se cancele un trasvase que se hace desde la cabecera de un río', dijo. Además, el socialista apeló a motivos ecológicos para basar esta petición. 'Hoy sería inviable, por razones medioambientales', remachó. Al respecto, agregó que la nueva directiva comunitaria europea de 2011 obliga a repercutir en las tarifas sobre el agua los impactos medioambientales. 'Esto en la actualidad no ocurre con el agua destinada a los regadíos murcianos y, por eso, esta barata', subrayó.
'Nuestro planteamiento es solidario, porque no estamos negando el abastecimiento humano a Murcia. Este tiene que estar garantizado, pero no podemos admitir que mientras Castilla-La Mancha no tiene resueltas sus necesidades de abastecimiento, el agua del Tajo se destine a actuaciones más relacionadas con desarrollo urbanístico o turístico', recalcó.
Las manifestaciones del portavoz manchego provocó una pronta reacción del consejero de Obras Publicas de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón. El dirigente popular acusó al Gobierno manchego de 'insolidario', toda vez que este trasvase es 'fundamental' para la supervivencia de la mitad sur de la provincia de Alicante y de Murcia.
El consejero de Infraestructuras opinó, no obstante, que el Gobierno central 'no se atreverá a tocar un trasvase tan importante para el desarrollo agrícola, económico y social de los territorios con menos recursos hídricos'. 'Estamos legitimados a solicitar el agua excedente en otras cuencas, como la del Tajo, porque estamos haciendo un esfuerzo muy importante por aprovechar al máximo nuestros recursos', afirmó García Antón.
Por otro lado, la secretaria de Organización del Bloc, Pepa Chesa, solicitó ayer al secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francisco Signes, que sea 'más contundente' y le exija a la ministra de Medio Ambiente la paralización inmediata del trasvase Xúquer-Vinalopó. A su entender, ésta es la mejor contestación que se le puede dar al consejero García Antón, en su intento por crear una batalla en torno al agua.