La Asamblea de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (Cuenca) ha acordado por unanimidad solicitar a las autoridades competentes un porcentaje mínimo de agua embalsada del 40 por ciento del volumen total en cada uno de los embalses.
La asociación, que ha hecho hoy públicas a través de un comunicado las conclusiones de la reunión celebrada el pasado 30 de julio en Alcohujate, pide también al Gobierno central la modificación de la Orden de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido informativo del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. En opinión de la asociación, "esta cuestión es mucho más fácil que resolver que poner una fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura".
La asociación ha acordado además reclamar que se compense por el almacenamiento de agua a cada uno de los municipios, mediante la financiación de proyectos de desarrollo en inversiones básicas y realizar las infraestructuras necesarias para la eliminación de barreras creadas por la construcción de los embalses y las excesivas distancias en carretera.
Otra de las demandas es que se destinen las partidas fijas que contempla el Plan Nacional de regadíos para esta zona, ya que hasta el momento no se han realizado las infraestructuras necesarias para poderlos utilizar, y que se conceda una partida del capítulo hidrológico forestal, protección y regeneración de enclaves naturales contempladas en el programa de inversiones del Plan Hidrológico Nacional.
La asociación de municipios ribereños asegura que 30 años después de la construcción del trasvase Tajo-Segura, sus pueblos se están quedando sin población y sin servicios, tienen carencias de abastecimiento de aguas, no tiene infraestructuras para regadíos y abundan las carreteras con un trazado de más de 40 años. Además, núcleos que antes distaban ocho kilómetros hoy están separados por más de 40, como Alcohujate-Alcocer o Buendía-Villalba del Rey.
El presidente de la asociación, Vicente Obispo, ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación e insiste en que "desde los municipios ribereños nunca nos hemos negado a travasar agua para el consumo humano, pero ya estamos hartos de que Murcia utilice el agua para el estraperlo y los campos de golf".
La asociación insiste en que ningún Gobierno les puede reclamar a estos municipios solidaridad para solucionar las carencias de agua que se originen fuera de esta zona por el ‘boom’ inmobiliario, la construcción de pozos y regadíos ilegales, el despilfarro de agua y la práctica dispar en la vigilancia de su uso por parte de las distintas confederaciones hidrográficas.
En el comunicado, afirman que en los años 60, antes que se empezara a trasvasar agua, los embalses estaban casi llenos y fluía el turismo, proliferaron urbanizaciones, como Las Brisas, Las Anclas, Peñalagos o Calas Verdes que se apagaron en los años 70 con los embalses casi vacíos por el trasvase Tajo-Segura