La Junta de Hacendados sostiene en sus alegaciones ante el Consejo del Agua que el decreto por el que se derogó el trasvase es inconstitucional.

Empresarios, regantes y organizaciones agrarias ven peligrar los regadíos de la Región con la alternativa al trasvase del Ebro que el ministerio de Medio Ambiente ha recogido en su programa AGUA. En las alegaciones dirigidas a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, los representantes murcianos plantean el temor de que la repercusión del coste de las obras hidráulicas sobre las tarifas del agua asfixie a la agricultura murciana, mientras que la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia va más lejos y afirma que el real decreto del pasado 18 de junio por el que se modificaba el Plan Hidrológico Nacional, derogando el trasvase del Ebro, "es inconstitucional".
La Región cuenta con seis representantes en el Consejo Nacional del Agua, a través de los cuales están haciendo llegar a este órgano consultivo del Gobierno su disconformidad con las modificaciones que la ministra Cristina Narbona ha introducido en el Plan Hidrológico Nacional.
De entrada, la Juan de Hacendados de la Huerta de Murcia, que preside Sigifredo Hernández, plantea "la inconstitucionalidad" del real decreto por el que se derogaba el trasvase del Ebro, ante la falta de "correspondencia entre los que se deroga y aquello con lo que se pretende sustituir". Los hacendados consideran que el Gobierno "no se ha seguido los trámites establecidos en la Directiva Marco del Agua, al haberse infringido los artículos 86 (inexistencia de una extraordinaria urgencia y necesidad", al tiempo que vulnera el derecho de participación y de solidaridad interterritorial. "El decreto es contrario al principio de interdicción, según el cual los poderes públicos deben actuar sometidos a un mínimo examen crítico de las medidas que adopta", según recoge el documento enviado a través de José Joaquín García-Yelo, representante de los usuarios en el Consejo del Agua.
Para la Junta de Hacendados, la modificación de la Ley de Aguas propuesta por Narbona para aplicar la Directiva Europea sería una "variación unilateral de las concesiones que tienen las comunidades de regantes". Además, la reforma "puede conducir a un modelo de agricultura insostenible para nuestros regadíos y muchos podrían incluso desaparecer".
Por su parte, el presidente de la Cámara de Cámara de Comercio de Murcia, que es vocal del Consejo Nacional del Agua en representación de las Cámaras españolas, sospecha que "el agua se va a seguir pagando en las cuencas secas a un precio muy superior al actual y no se va a pagar en las cuencas húmedas". Los empresarios temen que "pueda llegarse a una tarifa discrecional por parte de la Administración que contribuiría negativamente al desarrollo socioeconómico".
García Balibrea, que recoge también los planteamientos de la patronal CROEM, no está de acuerdo con que los caudales procedentes de las desaladoras sean considerados como aguas públicas, si han sido obtenidas mediante inversiones de carácter privado. Se queja también del "olvido de las aguas subterráneas" y concluye que el único objetivo del programa AGUA "es justificar la derogación del trasvase del Ebro, pero no resolver el problema del déficit".
También Coag-Ir plantea en sus alegaciones que la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, ignorada en el documento de Narbona, ha llevado a la desaparición de zonas de cultivo en el Altiplano y en el Guadalentín y se queja de que el documento no da un plazo de ejecución. Su presidente regional, Pedro Lencina, que representa a la organización agraria en el Consejo, sostiene que "el sector agrario se ve imposibilitado para soportar los costes del uso de la agua, que son superiores a nuestros competidores". Lencina añade que el elevado precio del agua desalada aumentaría las pérdidas en la renta agraria y "aceleraría la desaparición de activos del campo español"