Aragón debe poner por delante el principio de utilización sostenible de los recursos hídricos frente a criterios de defensa del máximo aprovechamiento del agua seguidos para planificaciones como la del Pacto del Agua de 1992. Es el mensaje que lanzó ayer en Zaragoza Adrián Baltanás, director general de Acuamed, la sociedad estatal que trabaja para solventar el déficit hídrico de Levante. Baltanás abogó por "desdramatizar" la polémica hidráulica y "olvidar planteamientos catastróficos".
El alto cargo de este organismo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, clausuró el VIII Simposio de Hidrogeología, organizado desde el pasado lunes en Zaragoza por la Asociación Española de Hidrogeólogos y la Confederación Hidrográfica del Ebro. Baltanás, zaragozano, dio a conocer las líneas generales de la llamada nueva política del agua del Gobierno central del PSOE, una filosofía que ha llevado a derogar el proyectado macrotrasvase
del Ebro, pero que también tendrá influencia en la manera de afrontar otras actuaciones hidráulicas.
NOVEDADES El director general de Acuamed (Aguas de las Cuencas del Mediterráneo) no quiso entrar en detalles sobre las obras aragonesas que están pendientes y sobre las que hay polémica. Pero sí indicó, en referencia a la comunidad aragonesa, que los criterios y principios seguidos hace dos décadas en la planificación "han cambiado".
Indicó que en España hay una dependencia cada vez menor del regadío, pues su incidencia ha disminuido mucho en una economía "cada vez más terciarizada". Y en esa línea apuntó que el Pacto del Agua, algunos de cuyos grandes proyectos están ahora en revisión, debe "poner por delante el uso sostenible".
Y es que el objetivo, indicó, no puede ser ya el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos. Como después matizó en su ponencia ante los asistentes al simposio, es necesario "olvidarse de la política de la pura oferta" de agua y centrarse en la gestión de la demanda.
Baltanás rechazó, en cualquier caso, hablar de la influencia concreta de estas nuevas políticas en las obras de regulación que espera Aragón o de la posibilidad de que alguna de ellas se vea descartada.
También se refirió al trasvase, puesto que la sociedad estatal que dirige sustituyó a Trasagua, el ente que debía construir la cesión del Ebro. A su juicio, dicho proyecto era inviable "técnica, económica y ambientalmente" y está totalmente descartado. En su lugar, la Administración impulsa el programa A.G.U.A., un conjunto de actuaciones urgentes en Levante para dotar de agua a las zonas deficitarias.
El alto cargo recordó que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha previsto revisar el estado y las demandas del Mediterráneo en un año para saber si es necesario acometer otras actuaciones además de las previstas. En ningún caso, según dijo, se tratará de un trasvase.
El programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) prevé un gasto de más de 28 millones de euros para la cuenca del Ebro, destinados a solventar el problema de la contaminación en el embalse de Flix (12,15 millones) y a corregir problemas en el Delta