El canal Segarra-Garrigues, la infraestructura de regadío más importante proyectada en Catalunya desde el siglo XIX, está en punto muerto. El canal más soñado y reivindicado por los agricultores de Lleida parece arrastrar un gafe: una vez superados los obstáculos políticos y económicos que han mantenido encallado el proyecto durante varias décadas, las obras no avanzan al ritmo previsto.
El Gobierno central y la Generalitat se comprometieron a tenerlo acabado en 2012, pero nadie lo cree factible. Esta enésima demora ha sumido en la desesperanza a los futuros regantes, que se niegan a pagar por adelantado. Hace dos años la empresa pública Regs Sistema Segarra-Garrigues (Regsega) adjudicó la parte de infraestructura que corresponde a la Administración catalana a un grupo formado por 12 de las constructoras más importantes que operan en Cataluña, por un importe de 1.102,6 millones de euros. El concurso, conocido como el contrato del siglo, disparó la euforia del anterior Gobierno nacionalista, que anunció que en 2004 podrían regarse las primeras fincas de Ponts (Noguera) y alrededor de 35.000 hectáreas en el año 2008.
Las previsiones están lejos de cumplirse. El presidente de la Comunidad General de Regantes del Segarra-Garrigues, Carles Benet, admite que el retraso de las obras se debe, entre otros motivos, a la negativa de los regantes a pagar una derrama de 30 euros por hectárea y año. Benet explica que sólo 1.100 regantes -el 7% de los beneficiarios- han abonado la primera anualidad. Esta es una obra hidráulica declarada de interés general y la Ley de Aguas exige para poderla ejecutar que al menos el 51% de los futuros usuarios se den de alta en la Comunidad General de Regantes y se comprometan por escrito a pagar, algo que no sucede en este caso. Esta derrama, que se pagaría durante cinco años, se destinaría para financiar la parte de la infraestructura que le corresponde al Gobierno central. La fórmula de pago por adelantado provocó recelos entre los regantes.
La respuesta de la Administración central ha sido frenar las obras, que de hecho ya llevaban paradas un año. En este momento está avanzada la estación de bombeo en el pantano de Rialb, pero el primer tramo de 5,2 kilómetros de canal principal aún no está adjudicado.
Por su parte, la Generalitat, sólo ha hecho explanaciones, concentraciones parcelarias y algunas obras en la zona sur del sistema que captará el agua del río Segre, a la altura de Albatàrrec. El anterior Gobierno catalán estableció una línea de crédito a través del Instituto Catalán del Crédito Agrario (ICCA) para reducir el coste a cargo de los regantes, pero éstos reclaman un sistema de financiación que no implique adelantar el dinero y acabe con los agravios comparativos que sufren respecto a otros riegos que se están construyendo en Aragón y Navarra.
Los regantes no se niegan a pagar por falta de liquidez o porque la obra no sea esencial para el futuro de sus explotaciones. Su negativa se apoya en la desconfianza hacia la Administración. Tienen muy presente que la historia del canal se ha escrito en el último medio siglo con letras de incertidumbre y de promesas incumplidas por parte de los políticos de turno. 'Llevo muchos años esperando el agua de este canal y me las he tenido que ingeniar para hacer rentables las fincas. No sé hasta dónde podré resistir, pero lo que tengo claro es que no pagaré un euro hasta que vea gotear el agua en mis campos, y eso lo veo aún muy lejos', señala Francesc T., un agricultor de Torregrossa (Pla d'Urgell).
La organización agraria Unió de Pagesos (UP) se muestra muy crítica con el resultado de las negociaciones entre la Comunidad General de Regantes y las administraciones, y aconseja a los regantes que 'no paguen ninguna cantidad hasta que el agua llegue a las parcelas'. Josep Lluís Huguet, coordinador del sindicato en Lleida, afirma que las actuales condiciones económicas 'son inasumibles para muchos agricultores porque se les obliga a pagar por adelantado unas obras que no tienen calendario y que provocan desconfianza'. UP considera que, como en cualquier otra infraestructura pública, la Administración tiene que asumir su financiación. En este caso, a los regantes se les obliga a pagar el 50% del coste de las obras ejecutadas por el Gobierno central y el 30% de las que corresponden a la Generalitat. Al final, cada regante deberá desembolsar más de 6.000 euros por hectárea.
Ramon Vilalta, vicepresidente de Regsega, considera 'lógico' que los regantes estén expectantes y reclamen otra fórmula que aligere la carga financiera que deben soportar. 'No hay que olvidar', afirma Vilalta, 'que este canal no se utilizará sólo para regar, sino que tendrá diversos aprovechamientos industriales, turísticos y de abastecimiento de poblaciones, por lo que no es justo que ellos carguen con todo el peso'.
En la Generalitat no existe la impresión de que las obras estén paradas por motivos económicos, y los retrasos se atribuyen a los cambios que se han producido en las administraciones central y autonómica. Vilalta explica que el consejero de Agricultura, Antoni Siurana, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, están negociando un nuevo sistema de financiación y que, una vez resuelto este escollo, el Estado ya no tendrá excusas para continuar dilatando el proceso de licitación y adjudicación de los primeros tramos del canal. Vilalta sostiene que el Gobierno central 'tiene una partida económica reservada y los proyectos constructivos sobre la mesa'.
El Segarra-Garrigues transformará en regadío un total de 70.150 hectáreas de secano de seis comarcas de la plana de Lleida y beneficiará a 16.000 agricultores de 70 municipios de la Noguera, Les Garrigues, Urgell, Segarra, Pla d'Urgell y Segrià.
La superficie que estaba previsto regar en un principio se ha visto recortada en 5.800 hectáreas, en cumplimiento de una directiva comunitaria sobre protección de aves esteparias en peligro de extinción. La Generalitat compensará económicamente a los agricultores afectados por esta medida.