Rechazo frontal de la Comunidad a la rebaja de la cota de Castrovido impuesta por Narbona
Vie, 26/11/2004
La reducción de la presa obligará a rescindir el contrato a 100 trabajadores, según Ruiz, quien anunció un estudio comparativo sobre las obras hidráulicas que se proyectan en otras confederaciones
Sindicatos agrarios, agricultores, regantes, vecinos y las administraciones del PP mostraron ayer su rotundo rechazo a la rebaja en once metros de la cota de Castrovido confirmada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el pasado miércoles. Por una vez los vecinos de la cuenca alta y baja del Arlanza están de acuerdo, ya que la decisión ministerial no ha convencido ni a unos no a otros. Por mucho que el Gobierno presente el nuevo proyecto como definitivo, en Burgos se considera una batalla más en una guerra que dura casi un siglo y que nadie da por perdida.
En la cuenca alta del Arlanza celebran la decisión del ministerio pero continúan reivindicando que la presa no se construya y están dispuestos a llevar el tema a la Unión Europea. Por su parte en la cuenca baja insisten en que con la nueva cota no se cumplirán los objetivos de la presa y señalan que después de tantas modificaciones al proyecto todavía puede realizarse alguna más.
El próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento de Castrovido de la que forman parte los alcaldes de la cuenca baja y las organizaciones agrarias para analizar conjuntamente la situación actual y estudiar posibles acciones reivindicativas.
Lo que está claro es que el anuncio de inversiones en la zona realizado por Cristina Narbona no ha convencido a la cuenca baja cuyo portavoz, Dositeo Martín, dejó claro ayer que «no entienden la bajada de la cota» y consideran que «el informe presentado no lo justifica». En este sentido señaló que «las actuaciones e inversiones compensatorias de las que se habla están todavía por ver y demostrar, mientras que antes teníamos un proyecto que ya se estaba ejecutando». En el mismo sentido se pronunció ayer el presidente de la Diputación de Burgos, Vicente Orden Vigara, quien consideró la decisión del Ministerio de Medio Ambiente como un ejemplo de la «inseguridad jurídica» a la que se enfrentan las empresas a quienes adjudique una obra la administración pública.
«Decisión política e improvisada»
Muy crítica se mostró también la portavoz de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que exigió a Narbona que tome de forma rápida una decisión «clara de actuación» que paralice o modifique el proyecto de la presa para, así, abrir las vías judiciales a las que puede atenerse el Gobierno regional en este asunto. «Lo que tenemos ahora es una decisión política, que no está fundada», aseguró Ruiz, quien recordó que todavía el Ejecutivo regional no cuenta con el segundo informe técnico que justifica la rebaja de la cota, lo que calificó de «improvisación».
La portavoz desgranó una vez los inconvenientes que acarrea la disminución de la presa para los regadíos y las riadas y criticó que «se siga manteniendo empecinadamente una actitud que no tiene ningún respaldo técnico». Por ello, hasta que se materialice formalmente la rebaja de la cota, la Junta de Castilla y León no estará de brazos cruzados y realizará en breve un estudio sobre lo que está sucediendo en el resto de cuencas hidrográficas, qué obras de regulación se están ejecutando y los criterios que se están llevando a cabo en estas infraestructuras para comprobar si existe discriminación hacia Castilla y León. Además, los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado pedirán la comparecencia de Narbona sobre este asunto.
En este sentido, Ruiz anunció que «esta paralización encubierta» ya tiene sus efectos porque «hay cien personas que van a ver rescindidos sus contratos en esta obra». Y es que con el proyecto anterior la empresa adjudicataria tuvo que contratar a muchos obreros que «tenían garantizado su trabajo durante los próximos cuatro años». Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes regionales, Juan Castaño, calificó como «kafkiana», la situación del embalse de Castrovido y aseguró que la ministra «no sabe lo que quiere».
Quienes también se mostraron contrarios a la decisión de Narbona fueron los tres sindicatos agrarios. Asaja calificó de «prepotencia» la postura del Gobierno y pidió la dimisión de Narbona y Caballero, mientras que el coordinador de Coag en Burgos, José Manuel de las Heras, aseguró que la ministra de Medio Ambiente tendrá que pagar políticamente la «nefasta» decisión adoptada. Por su parte, el secretario regional de UPA, Julio López, aseguró esta organización profesional agraria sigue sin entender las razones técnicas que han motivado esta rebaja.
El más optimista fue, sin duda, el secretario regional del PSCL-PSOE, Ángel Villalba, quien calificó de «excelente noticia» la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de rebajar la cota de la presa de Castrovido en 11 metros e incluir medidas complementarias, ya que, a su juicio, este proyecto «cumple todos los objetivos». Villalba incidió en que la propuesta que presentó la titular de Medio Ambiente al consejero del área de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, cumple los cuatro objetivos demandados por los habitantes y colectivos de la zona, informa Ep.
En concreto, el líder socialista manifestó que con el nuevo proyecto se mantiene el caudal ecológico, asegura el abastecimiento para 30.000 personas, asegura las 6.000 hectáreas de regadío (4.800 a través de la presa y 1.200 mediante actuaciones en los afluentes del Arlanza) y logrará controlar las riadas, algo que curiosamente negó recientemente y que ahora justifica.
Sindicatos agrarios, agricultores, regantes, vecinos y las administraciones del PP mostraron ayer su rotundo rechazo a la rebaja en once metros de la cota de Castrovido confirmada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el pasado miércoles. Por una vez los vecinos de la cuenca alta y baja del Arlanza están de acuerdo, ya que la decisión ministerial no ha convencido ni a unos no a otros. Por mucho que el Gobierno presente el nuevo proyecto como definitivo, en Burgos se considera una batalla más en una guerra que dura casi un siglo y que nadie da por perdida.
En la cuenca alta del Arlanza celebran la decisión del ministerio pero continúan reivindicando que la presa no se construya y están dispuestos a llevar el tema a la Unión Europea. Por su parte en la cuenca baja insisten en que con la nueva cota no se cumplirán los objetivos de la presa y señalan que después de tantas modificaciones al proyecto todavía puede realizarse alguna más.
El próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento de Castrovido de la que forman parte los alcaldes de la cuenca baja y las organizaciones agrarias para analizar conjuntamente la situación actual y estudiar posibles acciones reivindicativas.
Lo que está claro es que el anuncio de inversiones en la zona realizado por Cristina Narbona no ha convencido a la cuenca baja cuyo portavoz, Dositeo Martín, dejó claro ayer que «no entienden la bajada de la cota» y consideran que «el informe presentado no lo justifica». En este sentido señaló que «las actuaciones e inversiones compensatorias de las que se habla están todavía por ver y demostrar, mientras que antes teníamos un proyecto que ya se estaba ejecutando». En el mismo sentido se pronunció ayer el presidente de la Diputación de Burgos, Vicente Orden Vigara, quien consideró la decisión del Ministerio de Medio Ambiente como un ejemplo de la «inseguridad jurídica» a la que se enfrentan las empresas a quienes adjudique una obra la administración pública.
«Decisión política e improvisada»
Muy crítica se mostró también la portavoz de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que exigió a Narbona que tome de forma rápida una decisión «clara de actuación» que paralice o modifique el proyecto de la presa para, así, abrir las vías judiciales a las que puede atenerse el Gobierno regional en este asunto. «Lo que tenemos ahora es una decisión política, que no está fundada», aseguró Ruiz, quien recordó que todavía el Ejecutivo regional no cuenta con el segundo informe técnico que justifica la rebaja de la cota, lo que calificó de «improvisación».
La portavoz desgranó una vez los inconvenientes que acarrea la disminución de la presa para los regadíos y las riadas y criticó que «se siga manteniendo empecinadamente una actitud que no tiene ningún respaldo técnico». Por ello, hasta que se materialice formalmente la rebaja de la cota, la Junta de Castilla y León no estará de brazos cruzados y realizará en breve un estudio sobre lo que está sucediendo en el resto de cuencas hidrográficas, qué obras de regulación se están ejecutando y los criterios que se están llevando a cabo en estas infraestructuras para comprobar si existe discriminación hacia Castilla y León. Además, los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado pedirán la comparecencia de Narbona sobre este asunto.
En este sentido, Ruiz anunció que «esta paralización encubierta» ya tiene sus efectos porque «hay cien personas que van a ver rescindidos sus contratos en esta obra». Y es que con el proyecto anterior la empresa adjudicataria tuvo que contratar a muchos obreros que «tenían garantizado su trabajo durante los próximos cuatro años». Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes regionales, Juan Castaño, calificó como «kafkiana», la situación del embalse de Castrovido y aseguró que la ministra «no sabe lo que quiere».
Quienes también se mostraron contrarios a la decisión de Narbona fueron los tres sindicatos agrarios. Asaja calificó de «prepotencia» la postura del Gobierno y pidió la dimisión de Narbona y Caballero, mientras que el coordinador de Coag en Burgos, José Manuel de las Heras, aseguró que la ministra de Medio Ambiente tendrá que pagar políticamente la «nefasta» decisión adoptada. Por su parte, el secretario regional de UPA, Julio López, aseguró esta organización profesional agraria sigue sin entender las razones técnicas que han motivado esta rebaja.
El más optimista fue, sin duda, el secretario regional del PSCL-PSOE, Ángel Villalba, quien calificó de «excelente noticia» la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de rebajar la cota de la presa de Castrovido en 11 metros e incluir medidas complementarias, ya que, a su juicio, este proyecto «cumple todos los objetivos». Villalba incidió en que la propuesta que presentó la titular de Medio Ambiente al consejero del área de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, cumple los cuatro objetivos demandados por los habitantes y colectivos de la zona, informa Ep.
En concreto, el líder socialista manifestó que con el nuevo proyecto se mantiene el caudal ecológico, asegura el abastecimiento para 30.000 personas, asegura las 6.000 hectáreas de regadío (4.800 a través de la presa y 1.200 mediante actuaciones en los afluentes del Arlanza) y logrará controlar las riadas, algo que curiosamente negó recientemente y que ahora justifica.