Las obras del canal Segarra-Garrigues sufren un retraso de casi dos años Elecciones a la comunidad de regantes

Mar, 14/12/2004

Expansión

La Comunidad de Regantes denuncia el desinterés de los agricultores y las administraciones. El primer tramo de la obra de riego podría salir a concurso a principios de 2005.
paloma san josé. Barcelona
El futuro del canal Segarra-Garrigues, la infraestructura proyectada para regar setenta mil hectáreas en seis comarcas de Lleida, es incierto. El presidente de la Comunidad de Regantes, Carles Benet, quien abandonará su cargo tras las elecciones del próximo sábado, asegura que la construcción del canal pende de un hilo y que si 'políticos y agricultores no se lo toman en serio de una vez por todas, el canal no verá la luz'.

Las obras comprenden la construcción de un canal principal, con un coste de 444,75 millones de euros, que deben ser financiados a partes iguales por los regantes y el Estado.
Además, la red secundaria de riego, diseñada para llevar el agua a las fincas, costará 1.102 millones de euros y será asumida por la Generalitat (30%) y los regantes (70%).
Desconfianza
La desconfianza de los regantes, que no han querido darse de alta en la comunidad, ha sido clave para retrasar la construcción del canal. Sólo 1.100 agricultores de los 17.000 que recibirán el agua se han dado de alta. El requisito que cada agricultor debe cumplir para entrar en la asociación es pagar 30 euros por hectárea al año durante cinco ejercicios.
Ante esta situación, la Generalitat se ha comprometido a conceder una línea de avales a la comunidad, para que ésta pueda aportar los fondos iniciales. El Govern autorizó el año pasado al Institut Català del Crèdit Agrari (Icca) a constituir una línea de crédito de 223 millones de euros, destinado a los regantes.

'El anterior Govern había dicho a los regantes que no tendrían que pagar ni un euro hasta que el agua llegara a sus fincas, y además, el sector agrario es muy escéptico', asegura Josep Pau, secretario general del Departament d'Agricultura de la Generalitat.

Esta situación ha paralizado la licitación de las obras durante casi dos años. Sin embargo, según Pau, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de Casega la sociedad estatal encargada del desarrollo y la explotación del proyecto , José Luis Alonso Gajón, ha anunciado que el primer tramo del canal saldrá a concurso a principios del próximo año, con un retraso considerable. El Govern de CiU había sostenido que las primeras gotas del canal llegarían a las fincas a principios del año 2004.
Por su parte, la red de riego ya está adjudicada, a un consorcio liderado por FCC y Agbar.
De momento, Casega sólo ha convocado un concurso. Se trata de las obras de bombeo y conexión de la presa de Rialb con el canal que se adjudicaron en noviembre de 2001 a FCC y Comapa por 29,34 millones.
Benet pedirá hoy, ante el consejo de Casega, una prórroga de dos años para pagar el crédito sindicado concedido por 19 entidades financieras en noviembre de 2003. El préstamo, de 112 millones, fue concedido a la empresa pública para que ésta financiara a los regantes. Según Benet, los regantes han incumplido las garantías del préstamo al no pagar la cuota para entrar en la asociación.
Elecciones a la comunidad de regantes
La comunidad de regantes del Canal Segarra-Garrigues renovará su presidencia el próximo sábado. De momento, se han presentado tres candidaturas, todas procedentes de presidentes de colectividades de regantes. La comunidad aglutina a 17 colectividades. El actual presidente, Carles Benet, cuya legitimidad ha sido cuestionada desde varios sectores, no volverá a presentarse al cargo. La candidatura más contiunista es la de Josep París, que se enfrentará con Justo Minguella y Joan Batalla. Una de las principales preocupaciones de los regantes es la fuerte subida del precio de las tierras.
La construcción de la infraestructura de regadío ha desatado la especulación y ha disparado el valor de las fincas. Los terrenos que se beneficiarán del agua del canal han multiplicado su precio por siete respecto al año 2001 y su precio sobrepasa los 18.000 euros por hectárea. Según Pau, 'no se han detectado operaciones especulativas'.