Castilla-La Mancha recurrirá las tarifas del trasvase Tajo-Segura al igual que lo hizo en su momento cuando el Partido Popular gobernaba en España, según avanzó hoy la consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, quien invitó al Gobierno central, la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente a que lleven a cabo un seguimiento sobre el uso del agua que se hace en la cuenca del Segura.
La consejera añadió que el recurso se producirá al entender que no corresponde aplicar las nuevas tarifas conforme a los criterios de la ley de acompañamiento del año 1999. La intención de Castilla-La Mancha, al presentar ese recurso, es también ser resarcidos por lo que se haya dejado de percibir en la región, por ese concepto, durante el tiempo que corresponda.
La titular de Obras Públicas comentó que el hecho de que se haya rebajado la transferencia a los 400 hectómetros cúbicos no viene nada más que a confirmar que el único riesgo en un periodo de sequía lo sería para la cuenca del Segura y no para la del Tajo.
Recordó que la cuenca cedente tiene preferencia sobre las demandas de la cuenca receptora, y que la Confederación Hidrográfica del Tajo ya afirmó que, en ningún caso, habrá riesgo para los consumidores de la cuenca del Tajo y que se cubrirán las necesidades de las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo.
Por ese motivo, la titular de Obras Públicas valoró la decisión de la comisión del trasvase como "una sensación de alivio", y agregó que "en las transferencias de agua se ha cerrado un ciclo, que fue el del PP, y se abre otro", señaló en alusión al Ejecutivo central socialista.
TARIFAS.
La consejera recordó que la región ya presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento que implicaba una rebaja de las tarifas del trasvase, cuando gobernaba el PP. Al respecto, Álvarez apuntó que durante los años 1997 a 1999, se rebajó el 28,6 por ciento la tarifa del trasvase.
Desde 1999 a 2004, se realizaron, según la consejera, las máximas transferencias de agua del Tajo al Segura, hasta 600 hectómetros cúbicos, cuando la media anterior había sido de la mitad. Eso suponía, a su juicio, el "máximo beneficio" para Murcia y el "máximo perjuicio para los ciudadanos de Castilla-La Mancha".
Además, la consejera destacó el incremento del 15 por ciento en las tarifas de regadío y del 12 por ciento en las de abastecimiento, y advirtió del riesgo que supone tener una tarifa para regadío, de 16 pesetas, cuando en el mercado, en Murcia, el agua para regadío se está pagando a 60 pesetas el metro cúbico.
Por ese motivo, María Encina Álvarez invitó al Gobierno de España, a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio de Medio Ambiente a que "se haga un estricto control del uso del agua en la cuenca del Segura".