«El coste de la desalinización no recaerá sobre los agricultores»
Jue, 10/03/2005
Narbona aboga por un cambio de las confederaciones hidrográficas y apela a la moderación de los alcaldes en el uso residencial del suelo
J. E. M.
En medio de una enorme expectación, que desbordó las 220 plazas del salón de actos del Club INFORMACION, la ministra de Medio Ambiente recalcó ayer que los agricultores no tendrán que hacer frente al coste de la desalinización, el eje central de la nueva política hídrica que impulsa el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Durante un coloquio con el público que se prolongó más de 90 minutos, Cristina Narbona también abogó por un cambio «urgente» de las confederaciones hidrográficas, puso de relieve múltiples carencias y ocultaciones del trasvase del Ebro e hizo una llamada a la responsabilidad de los alcaldes para intentar frenar el abuso de la urbanización del suelo en los términos municipales. Como era previsible, el déficit hídrico de la provincia y, en menor medida, el sobredesarrollo urbanístico centraron la mayor parte de las intervenciones por parte del público.
Aunque ya lo había anunciado previamente, Narbona fue concluyente en una de sus últimas respuestas: «No haremos recaer el coste de la desalinización, que se sitúa en 0,5 euros por metro cúbico sobre los agricultores, que tendrán más agua procedente de la liberación de recursos hídricos que hoy en día van a alimentar las necesidades del litoral». La ministra culminó así su razonamiento de que la puesta en marcha de desalinizadoras contemplada en el programa AGUA del Gobierno no contempla llevar ese agua desalada a gran distancia. «Prioritariamente será para los usuarios urbanos y de ayuntamientos, y tendrá un uso residencial y turístico».
Narbona respondía así al presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, quien esbozó el malestar del campo alicantino por los bajos precios y preguntó si al coste de 50 céntimos en origen del metro cúbico desalado habría que añadir otros 36 céntimos por el traslado del agua hasta el Vinalopó. Aniorte planteó que no había que descartar la opción del trasvase del Ebro porque era una reivindicación de mucho tiempo atrás y porque el agua de esa transferencia sería más barata que la procedente de la desalinización. La ministra también tuvo respuesta para esta comparativa de precios y señaló que el coste del agua del trasvase del Ebro en Alicante hubiera ascendido -de haberse llevado a cabo la obra derogada por el Ejecutivo del PSOE- a «más de 60 céntimos de euro por metro cúbico porque habría sido necesaria la elevación del agua a bastantes metros de altura» con un gasto energético considerable, equiparable al consumo de una central de 1.000 megavatios. «Y ese análisis», añadió Narbona, «nunca fue trasladado a los agricultores».
Éste es uno de los muchos reproches que Narbona, siempre en un tono muy comedido, desgranó sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y particularmente sobre su obra estrella, el trasvase del Ebro. Así, en respuesta a una intervención del profesor de la Universidad de Alicante José Manuel Asensi sobre la poca participación de los agentes locales y la desconfianza de los mismos en la nueva política hídrica, la responsable de Medio Ambiente añadió que la ley del PHN fijaba como obligatorio un decreto que concretase quiénes y en qué cantidades eran los beneficiarios del trasvase, aunque, finalmente, ese decreto no se aprobó, «lo que llevó a muchos ciudadanos alicantinos a creerse titulares de un derecho cuando lo que había es desconocimiento de la realidad». Y no sólo eso. El anterior Gobierno, siempre según Narbona, no precisó las tarifas del agua de una obra cuyo coste era de 4.200 millones de euros, «lo cual fue uno de los factores clave para que la Unión Europea considerase inviable económicamente el trasvase». A su juicio, se había transmitido que el trasvase ya tenía 1.200 millones en fondos europeos, «y era falso» porque se estaba estudiando el proyecto. «Más que confianza [en el trasvase], ha habido fe, y mientras tanto la ejecución de la obra hidráulica apenas fue del 10% durante cuatro años». A su juicio, «cuando se hace demagogia o se engaña a los ciudadanos, puede haber confianza infundada».
Pero también puso objeciones desde el punto de vista de la calidad del agua procedente del Ebro. La que estaba previsto que viniera «era un agua prepotable, tomada al final del río en condiciones de calidad nada satisfactorias», según consta en un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que constata una potencial contaminación yacente en el lecho del Ebro. «¿Ocultar algo tan grave genera confianza?», se preguntó.
Sobre otras cuestiones hídricas, la ministra garantizó el esfuerzo del Gobierno para que el precio del agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó no se vea alterado por las modificaciones del proyecto y calculó que los tres próximos años se incrementará el caudal del Segura en 200 hectómetros cúbicos. También garantizó el interés de su departamento para evitar posibles agresiones urbanísticas en las salinas de Calpe.
En materia de conservación consideró «una barbaridad» la «congestión» del suelo, que ha llevado a que tres de cada cuatro españoles vivan en sólo el 3% del territorio nacional.
La presencia de Cristina Narbona en el Club INFORMACION, primera ministra de un Gobierno español que participa en este foro de opinión y debate, provocó un nuevo llevo del aforo con representantes de todos lo sectores sociales. Atentos a las palabras de la titular de Medio Ambiente estuvieron los dos presidentes de la patronal alicantina, Joaquín Rocamora , presidente de Coepa y Antonio Fernández Valenzuela , de la Cámara de Comercio. No faltaron tampoco Javier López Mora , secretario general de la patronal, así como Andrés Martínez , empresario hortofrutícola y presidente de la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí-También asistió Ernest Blasco , delegado de la Unió-Coag. Por la Universidad de Alicante siguieron la conferencia, entre otros, Jorge Olcina , catedrático de Geografía Regional, Daniel Prats , director del Instituto del Agua, el ex rector Ramón Martín Mateo y los profesores Joaquín Melgarejo y Concha Bru , expertos en cuestiones hídricas.
Arropando a la ministra de Medio Ambiente no faltaron Juan José Moragues , presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y José María Marugán , consejero-delegado de Aguas del Júcar. Diego Maciá , alcalde de Elche, y Roberto Iglesias , de Aspe, acompañaron a la ministra, lo mismo que Etelvina Andreu , subdelegada del Gobierno en Alicante y Antonio Bernabé , delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Asimismo, acudieron estudiantes de la Universidad de Alicante y de la Politécnica de Orihuela, que la invitaron a participar en un coloquio sobre la desalinización. Los ediles socialistas Blas Bernal, Jorge Espí y Ángel Franco tampoco faltaron, lo mismo que Miguel Ángel Pavón , de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante; Domingo Martínez , de los concesionarios del Mercado Central; Francisco Rovira , del pequeño comercio. También entre los asistentes Antonio Mira-Perceval , adjunto al Síndico de Cuentas, los diputados provinciales Antonio Amorós y José Antonio Mourisco , los autonómicos Eduardo Vicente y José Antonio Godoy y el ex alcalde Ángel Luna
J. E. M.
En medio de una enorme expectación, que desbordó las 220 plazas del salón de actos del Club INFORMACION, la ministra de Medio Ambiente recalcó ayer que los agricultores no tendrán que hacer frente al coste de la desalinización, el eje central de la nueva política hídrica que impulsa el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Durante un coloquio con el público que se prolongó más de 90 minutos, Cristina Narbona también abogó por un cambio «urgente» de las confederaciones hidrográficas, puso de relieve múltiples carencias y ocultaciones del trasvase del Ebro e hizo una llamada a la responsabilidad de los alcaldes para intentar frenar el abuso de la urbanización del suelo en los términos municipales. Como era previsible, el déficit hídrico de la provincia y, en menor medida, el sobredesarrollo urbanístico centraron la mayor parte de las intervenciones por parte del público.
Aunque ya lo había anunciado previamente, Narbona fue concluyente en una de sus últimas respuestas: «No haremos recaer el coste de la desalinización, que se sitúa en 0,5 euros por metro cúbico sobre los agricultores, que tendrán más agua procedente de la liberación de recursos hídricos que hoy en día van a alimentar las necesidades del litoral». La ministra culminó así su razonamiento de que la puesta en marcha de desalinizadoras contemplada en el programa AGUA del Gobierno no contempla llevar ese agua desalada a gran distancia. «Prioritariamente será para los usuarios urbanos y de ayuntamientos, y tendrá un uso residencial y turístico».
Narbona respondía así al presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, quien esbozó el malestar del campo alicantino por los bajos precios y preguntó si al coste de 50 céntimos en origen del metro cúbico desalado habría que añadir otros 36 céntimos por el traslado del agua hasta el Vinalopó. Aniorte planteó que no había que descartar la opción del trasvase del Ebro porque era una reivindicación de mucho tiempo atrás y porque el agua de esa transferencia sería más barata que la procedente de la desalinización. La ministra también tuvo respuesta para esta comparativa de precios y señaló que el coste del agua del trasvase del Ebro en Alicante hubiera ascendido -de haberse llevado a cabo la obra derogada por el Ejecutivo del PSOE- a «más de 60 céntimos de euro por metro cúbico porque habría sido necesaria la elevación del agua a bastantes metros de altura» con un gasto energético considerable, equiparable al consumo de una central de 1.000 megavatios. «Y ese análisis», añadió Narbona, «nunca fue trasladado a los agricultores».
Éste es uno de los muchos reproches que Narbona, siempre en un tono muy comedido, desgranó sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y particularmente sobre su obra estrella, el trasvase del Ebro. Así, en respuesta a una intervención del profesor de la Universidad de Alicante José Manuel Asensi sobre la poca participación de los agentes locales y la desconfianza de los mismos en la nueva política hídrica, la responsable de Medio Ambiente añadió que la ley del PHN fijaba como obligatorio un decreto que concretase quiénes y en qué cantidades eran los beneficiarios del trasvase, aunque, finalmente, ese decreto no se aprobó, «lo que llevó a muchos ciudadanos alicantinos a creerse titulares de un derecho cuando lo que había es desconocimiento de la realidad». Y no sólo eso. El anterior Gobierno, siempre según Narbona, no precisó las tarifas del agua de una obra cuyo coste era de 4.200 millones de euros, «lo cual fue uno de los factores clave para que la Unión Europea considerase inviable económicamente el trasvase». A su juicio, se había transmitido que el trasvase ya tenía 1.200 millones en fondos europeos, «y era falso» porque se estaba estudiando el proyecto. «Más que confianza [en el trasvase], ha habido fe, y mientras tanto la ejecución de la obra hidráulica apenas fue del 10% durante cuatro años». A su juicio, «cuando se hace demagogia o se engaña a los ciudadanos, puede haber confianza infundada».
Pero también puso objeciones desde el punto de vista de la calidad del agua procedente del Ebro. La que estaba previsto que viniera «era un agua prepotable, tomada al final del río en condiciones de calidad nada satisfactorias», según consta en un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que constata una potencial contaminación yacente en el lecho del Ebro. «¿Ocultar algo tan grave genera confianza?», se preguntó.
Sobre otras cuestiones hídricas, la ministra garantizó el esfuerzo del Gobierno para que el precio del agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó no se vea alterado por las modificaciones del proyecto y calculó que los tres próximos años se incrementará el caudal del Segura en 200 hectómetros cúbicos. También garantizó el interés de su departamento para evitar posibles agresiones urbanísticas en las salinas de Calpe.
En materia de conservación consideró «una barbaridad» la «congestión» del suelo, que ha llevado a que tres de cada cuatro españoles vivan en sólo el 3% del territorio nacional.
La presencia de Cristina Narbona en el Club INFORMACION, primera ministra de un Gobierno español que participa en este foro de opinión y debate, provocó un nuevo llevo del aforo con representantes de todos lo sectores sociales. Atentos a las palabras de la titular de Medio Ambiente estuvieron los dos presidentes de la patronal alicantina, Joaquín Rocamora , presidente de Coepa y Antonio Fernández Valenzuela , de la Cámara de Comercio. No faltaron tampoco Javier López Mora , secretario general de la patronal, así como Andrés Martínez , empresario hortofrutícola y presidente de la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí-También asistió Ernest Blasco , delegado de la Unió-Coag. Por la Universidad de Alicante siguieron la conferencia, entre otros, Jorge Olcina , catedrático de Geografía Regional, Daniel Prats , director del Instituto del Agua, el ex rector Ramón Martín Mateo y los profesores Joaquín Melgarejo y Concha Bru , expertos en cuestiones hídricas.
Arropando a la ministra de Medio Ambiente no faltaron Juan José Moragues , presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y José María Marugán , consejero-delegado de Aguas del Júcar. Diego Maciá , alcalde de Elche, y Roberto Iglesias , de Aspe, acompañaron a la ministra, lo mismo que Etelvina Andreu , subdelegada del Gobierno en Alicante y Antonio Bernabé , delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Asimismo, acudieron estudiantes de la Universidad de Alicante y de la Politécnica de Orihuela, que la invitaron a participar en un coloquio sobre la desalinización. Los ediles socialistas Blas Bernal, Jorge Espí y Ángel Franco tampoco faltaron, lo mismo que Miguel Ángel Pavón , de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante; Domingo Martínez , de los concesionarios del Mercado Central; Francisco Rovira , del pequeño comercio. También entre los asistentes Antonio Mira-Perceval , adjunto al Síndico de Cuentas, los diputados provinciales Antonio Amorós y José Antonio Mourisco , los autonómicos Eduardo Vicente y José Antonio Godoy y el ex alcalde Ángel Luna