Levante-EMV, Valencia.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega justificó ayer en el riesgo de una inminente sequía provocada por el descenso de las precipitaciones la declaración de como obras de emergencia de algunas actuaciones en desaladoras que afectan a la Comunidad Valenciana.
Al término del Consejo de Ministros la vicepresidenta afirmó que pese a que la situación general no es alarmante, «sí hay cierta preocupación», sobre todo tras constatar que desde otoño las lluvias han caído a la mitad de lo normal.
La vicepresidenta primera del Gobierno apuntó que entra las medidas figura la elaboración de planes de sequía que «debían haber sido puestas en marcha por el anterior Gobierno del PP en julio de 2003».
Entre otras actuaciones el gobierno declaró obras de emergencia las de la desaladora Cartagena II (Murcia) por 83 millones de euros y reconocido como obras urgentes la conexión de las desaladoras de San Pedro del Pinatar con la Vega Baja del Segura (Alicante) por 35,5 millones de euros; la conexión de la desaladora de Valdelentisco con el Canal de Cartagena por 38,5 millones de euros; el Canal del Mar Menor por 25 millones de euros; y la nueva desaladora del Canal de Alicante por 86,5 millones.
Con estas medidas, los abastecimientos urbanos «están garantizados durante el presente año hidrológico», y sólo algunos regadíos de determinadas cuencas, y en función de las lluvias que caigan en primavera, podrían ver limitados sus suministros, según el Gobierno.
Incendios
Por último, el Gobierno aprobó una inversión de 1.200.000 euros para la defensa y fijación de suelos en las pendientes afectadas por el incendio registrado el pasado verano en la Comunidad Valenciana y en especial en la Sierra Calderona, donde según el ministerio de Medio Ambiente se quemaron 684 hectáreas arboladas y 102 desarboladas.