Sequía, alarma arrojadiza
Dom, 08/05/2005
España se agrieta en una primavera rácana en agua, aunque en materia de prevención de la sequía (y ya es paradoja) llueva siempre sobre mojado. La sed de la tierra forma parte de nuestro equipaje nacional, sin que nadie haya sido capaz de ponerle un remedio definitivo. Avanza mayo y, tras las fallidas expectativas de una estación lluviosa, la realidad salta como un pez boqueante sobre la mesa de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Los recuentos del actual año hidrológico son hasta ahora desalentadores. El Instituto Nacional de Meteorología no tiene dudas en el diagnóstico y lo rubrica con dos palabras: extrema sequía, con el matiz de que el análisis se refiere a un periodo aún muy corto y las preocupaciones fundadas sólo se plantean a partir de doce meses de escasez de precipitaciones. Según Antonio Labajo, subdirector de este organismo público, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, parte de Andalucía, Cataluña y ciertas zonas de Aragón y sur de Castilla y León están por debajo del 50 por ciento de precipitación acumulada.
La titular de Medio Ambiente, después de certificar que el abastecimiento urbano está garantizado por un año, ya anuncia actuaciones en varios frentes, en medio de un rifirrafe previsible: ¿efectividad del Ejecutivo o mero despliegue propagandístico? Quizá no fue casual que el pasado viernes el director general del Agua de su Ministerio, Jaime Palop, aprovechara la rueda de prensa en la que detalló las obras de emergencia previstas para «tirar de las orejas» a Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Madrid y Murcia, a las que acusó veladamente de no sujetar una demanda desbordada.
El campo sí sufre ya las secuelas. Sindicatos del sector como Asaja, COAG o UPA han puesto cifras a las pérdidas. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos calcula que ya suman 875 millones de euros y la Unión de Pequeños Agricultores habla de 700. Asaja cree que superarán los mil millones. Disparidad notable que en todo caso revela una grieta real y cuantiosa.
Dos políticas del agua
La clásica frase que hizo fortuna en época de Felipe González, cuando los escándalos de corrupción («No, si el Gobierno tendrá la culpa hasta de la sequía...») rebrota ahora cuando se vuelve a cuestionar hasta qué punto es posible la prevención, por encima del hecho de que nuestro país sufre este azote cada cierto (o incierto) tiempo. La política de agua del Partido Popular apostó por el largo plazo (con el trasvase Ebro-Levante como eje central y posible solución definitiva de las carencias estructurales del sureste) en tanto que la del PSOE se sumerge más en la llamada «nueva cultura del agua», fundada en un pretendido uso racional de un bien escaso y preciado. Narbona lo acaba de decir: se pierde cada año, por falta de infraestructuras adecuadas y de medidas de ahorro, un volumen de agua equivalente a cinco veces un hipotético trasvase del Ebro, en los términos en que lo proyectaba el Partido Popular (1.050 hectómetros cúbicos al año). Ahora estamos también al borde de campañas de concienciación promovidas por la ministra de las que aún no se han dado a conocer detalles pero que quizá (¿se acuerdan?) vuelva a hacer que muchos coloquen una botella en la cisterna del váter. Empeño de indudable valor didáctico pero con una repercusión real aparentemente discutible, pues en España el consumo humano sólo supone el 15 por ciento del total, mientras que los regadíos (la auténtica madre del cordero) suman un 79 por ciento, y el 6 por ciento restante corresponde a la industria. Pese a ello, Jaime Palop opina que estas iniciativas son «extraordinariamente efectivas, se ha visto en ocasiones anteriores».
Cristina Narbona insiste en que aunque el cielo escamotea el agua, el nivel de las reservas de los embalses no es motivo de alarma, por ahora. La media nacional ronda un 60 por ciento de la capacidad total de almacenaje. Sin embargo, no casa esa sensata consideración con el hecho de que la cicatería del cielo se haya convertido en arma arrojadiza de primer orden entre el Gobierno y el partido mayoritario de la oposición. Y con igual inquina por las dos partes.
Regadíos sentenciados
Como aperitivo, el equipo de Medio Ambiente ya ha dicho que el volumen de los cultivos de regadío de Levante se tendrá que reducir a la mitad, y que los agricultores de la zona llevan tiempo avisados. Con el aderezo de anunciadas restricciones del trasvase Tajo-Segura, a partir de agosto. Las advertencias de Narbona también alcanzan, más en diferido, a los usos urbanos, turísticos y recreativos. Dice que se ha desmadrado tanto el consumo del agua que suministran los canales del Taibilla (que abastecen a una población de dos millones de personas en Murcia y Alicante) que, o se toma en serio la contención de la demanda, o habrá que comprar agua a los agricultores. La poca que les quede.
Madrid también ha tenido su regañina: o se arbitran convenios de colaboración entre el Ministerio y el Canal de Isabel II o el abastecimiento peligraría, porque esta Comunidad sólo reutiliza, según el Ministerio, un 2 por ciento de su agua. Entretanto, el PP protesta con energía. Ve en Murcia y sus inminentes padecimientos (sobre todo en materia agrícola) la prueba del nueve de que el trasvase del Ebro derogado por los socialistas era una necesidad y una solución razonable.
Pero si estamos en un primer año (no cumplido) de escasez, en el que todo es aún susceptible de empeorar pero también de mejorar en el otoño... ¿a qué viene el desabrido cruce de acusaciones? Quizá a que nos hallamos en una «etapa puente» en la que tan fácil es capitalizar políticamente la supuesta «imprevisión» del anterior Gobierno como el «error» de Narbona al desechar la ambiciosa conexión Ebro-Levante. Según el director general del Agua, Jaime Palop, el equipo del PP encabezado por Elvira Rodríguez no puso en marcha dentro de plazo los mecanismos de prevención recogidos en el Plan Hidrológico Nacional. Aduce que el PHN aprobado en 2001 estipulaba que en julio de 2003 tenían que haberse habilitado tres herramientas complementarias entre sí: una red de indicadores de sequía, los planes de sequía de cada cuenca y los proyectos de obras de emergencia para abastecimiento de ciudades de más de 20.000 habitantes. Pero como asegura que «todo estaba por hacer», prevé que se tardará un año en culminar ese proceso.
Embalses «denostados»
María Teresa de Lara, la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, rebate esos argumentos: «Es el Gobierno el que nos deja indefensos ante la sequía. El Partido Popular sí puso los medios, con el proyecto del trasvase y algunas obras de regulación, para no padecer sus efectos y para que la solución fuera definitiva. Ahora la ministra se dedica a desechar la construcción de embalses, como ha hecho con el de Castrovido, en Burgos, cuando en momentos como éstos queda claro que el almacenaje es la mejor salvaguarda. A cambio del trasvase del Ebro, un año después de su derogación, estamos instalados en la nada. Ni un solo litro adicional de agua». Considera que las desaladoras alternativas del programa AGUA son otro fiasco: «No hay inversiones para ellas en los Presupuestos de 2005 y ni siquiera se sabe dónde van a estar situadas». Añade que ahora, «so pretexto de la sequía, se están adjudicando obras por un procedimiento de emergencia, o sea, que se están otorgando a dedo. Haremos un seguimiento exhaustivo de todos los proyectos».
Sin embargo, la sequía puede convertirse igual en razón que abona la necesidad de un gran trasvase o un argumento en contra de este tipo de obras. Ya lo ha dejado claro Palop: «Precisamente la margen izquierda del Ebro está ahora en una situación de escasez de agua muy preocupante. ¿Cómo pensar en ese río como pulmón del Levante?». En el otro frente, el experto John A. Dracup, experto de la Universidad de Berkeley, acaba de visitar Alicante y ha puesto en valor las similitudes entre el clima de California y el de la España seca. «La experiencia allí -ha dicho- es que se están desechando las desaladoras para volver a los trasvases. Eso ocurrió, por ejemplo, en Santa Bárbara». De momento, la sequía está en sus primeros meses y ya copa titulares de calibre grueso, quizá más interesados que prudentes.
Los recuentos del actual año hidrológico son hasta ahora desalentadores. El Instituto Nacional de Meteorología no tiene dudas en el diagnóstico y lo rubrica con dos palabras: extrema sequía, con el matiz de que el análisis se refiere a un periodo aún muy corto y las preocupaciones fundadas sólo se plantean a partir de doce meses de escasez de precipitaciones. Según Antonio Labajo, subdirector de este organismo público, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, parte de Andalucía, Cataluña y ciertas zonas de Aragón y sur de Castilla y León están por debajo del 50 por ciento de precipitación acumulada.
La titular de Medio Ambiente, después de certificar que el abastecimiento urbano está garantizado por un año, ya anuncia actuaciones en varios frentes, en medio de un rifirrafe previsible: ¿efectividad del Ejecutivo o mero despliegue propagandístico? Quizá no fue casual que el pasado viernes el director general del Agua de su Ministerio, Jaime Palop, aprovechara la rueda de prensa en la que detalló las obras de emergencia previstas para «tirar de las orejas» a Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Madrid y Murcia, a las que acusó veladamente de no sujetar una demanda desbordada.
El campo sí sufre ya las secuelas. Sindicatos del sector como Asaja, COAG o UPA han puesto cifras a las pérdidas. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos calcula que ya suman 875 millones de euros y la Unión de Pequeños Agricultores habla de 700. Asaja cree que superarán los mil millones. Disparidad notable que en todo caso revela una grieta real y cuantiosa.
Dos políticas del agua
La clásica frase que hizo fortuna en época de Felipe González, cuando los escándalos de corrupción («No, si el Gobierno tendrá la culpa hasta de la sequía...») rebrota ahora cuando se vuelve a cuestionar hasta qué punto es posible la prevención, por encima del hecho de que nuestro país sufre este azote cada cierto (o incierto) tiempo. La política de agua del Partido Popular apostó por el largo plazo (con el trasvase Ebro-Levante como eje central y posible solución definitiva de las carencias estructurales del sureste) en tanto que la del PSOE se sumerge más en la llamada «nueva cultura del agua», fundada en un pretendido uso racional de un bien escaso y preciado. Narbona lo acaba de decir: se pierde cada año, por falta de infraestructuras adecuadas y de medidas de ahorro, un volumen de agua equivalente a cinco veces un hipotético trasvase del Ebro, en los términos en que lo proyectaba el Partido Popular (1.050 hectómetros cúbicos al año). Ahora estamos también al borde de campañas de concienciación promovidas por la ministra de las que aún no se han dado a conocer detalles pero que quizá (¿se acuerdan?) vuelva a hacer que muchos coloquen una botella en la cisterna del váter. Empeño de indudable valor didáctico pero con una repercusión real aparentemente discutible, pues en España el consumo humano sólo supone el 15 por ciento del total, mientras que los regadíos (la auténtica madre del cordero) suman un 79 por ciento, y el 6 por ciento restante corresponde a la industria. Pese a ello, Jaime Palop opina que estas iniciativas son «extraordinariamente efectivas, se ha visto en ocasiones anteriores».
Cristina Narbona insiste en que aunque el cielo escamotea el agua, el nivel de las reservas de los embalses no es motivo de alarma, por ahora. La media nacional ronda un 60 por ciento de la capacidad total de almacenaje. Sin embargo, no casa esa sensata consideración con el hecho de que la cicatería del cielo se haya convertido en arma arrojadiza de primer orden entre el Gobierno y el partido mayoritario de la oposición. Y con igual inquina por las dos partes.
Regadíos sentenciados
Como aperitivo, el equipo de Medio Ambiente ya ha dicho que el volumen de los cultivos de regadío de Levante se tendrá que reducir a la mitad, y que los agricultores de la zona llevan tiempo avisados. Con el aderezo de anunciadas restricciones del trasvase Tajo-Segura, a partir de agosto. Las advertencias de Narbona también alcanzan, más en diferido, a los usos urbanos, turísticos y recreativos. Dice que se ha desmadrado tanto el consumo del agua que suministran los canales del Taibilla (que abastecen a una población de dos millones de personas en Murcia y Alicante) que, o se toma en serio la contención de la demanda, o habrá que comprar agua a los agricultores. La poca que les quede.
Madrid también ha tenido su regañina: o se arbitran convenios de colaboración entre el Ministerio y el Canal de Isabel II o el abastecimiento peligraría, porque esta Comunidad sólo reutiliza, según el Ministerio, un 2 por ciento de su agua. Entretanto, el PP protesta con energía. Ve en Murcia y sus inminentes padecimientos (sobre todo en materia agrícola) la prueba del nueve de que el trasvase del Ebro derogado por los socialistas era una necesidad y una solución razonable.
Pero si estamos en un primer año (no cumplido) de escasez, en el que todo es aún susceptible de empeorar pero también de mejorar en el otoño... ¿a qué viene el desabrido cruce de acusaciones? Quizá a que nos hallamos en una «etapa puente» en la que tan fácil es capitalizar políticamente la supuesta «imprevisión» del anterior Gobierno como el «error» de Narbona al desechar la ambiciosa conexión Ebro-Levante. Según el director general del Agua, Jaime Palop, el equipo del PP encabezado por Elvira Rodríguez no puso en marcha dentro de plazo los mecanismos de prevención recogidos en el Plan Hidrológico Nacional. Aduce que el PHN aprobado en 2001 estipulaba que en julio de 2003 tenían que haberse habilitado tres herramientas complementarias entre sí: una red de indicadores de sequía, los planes de sequía de cada cuenca y los proyectos de obras de emergencia para abastecimiento de ciudades de más de 20.000 habitantes. Pero como asegura que «todo estaba por hacer», prevé que se tardará un año en culminar ese proceso.
Embalses «denostados»
María Teresa de Lara, la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, rebate esos argumentos: «Es el Gobierno el que nos deja indefensos ante la sequía. El Partido Popular sí puso los medios, con el proyecto del trasvase y algunas obras de regulación, para no padecer sus efectos y para que la solución fuera definitiva. Ahora la ministra se dedica a desechar la construcción de embalses, como ha hecho con el de Castrovido, en Burgos, cuando en momentos como éstos queda claro que el almacenaje es la mejor salvaguarda. A cambio del trasvase del Ebro, un año después de su derogación, estamos instalados en la nada. Ni un solo litro adicional de agua». Considera que las desaladoras alternativas del programa AGUA son otro fiasco: «No hay inversiones para ellas en los Presupuestos de 2005 y ni siquiera se sabe dónde van a estar situadas». Añade que ahora, «so pretexto de la sequía, se están adjudicando obras por un procedimiento de emergencia, o sea, que se están otorgando a dedo. Haremos un seguimiento exhaustivo de todos los proyectos».
Sin embargo, la sequía puede convertirse igual en razón que abona la necesidad de un gran trasvase o un argumento en contra de este tipo de obras. Ya lo ha dejado claro Palop: «Precisamente la margen izquierda del Ebro está ahora en una situación de escasez de agua muy preocupante. ¿Cómo pensar en ese río como pulmón del Levante?». En el otro frente, el experto John A. Dracup, experto de la Universidad de Berkeley, acaba de visitar Alicante y ha puesto en valor las similitudes entre el clima de California y el de la España seca. «La experiencia allí -ha dicho- es que se están desechando las desaladoras para volver a los trasvases. Eso ocurrió, por ejemplo, en Santa Bárbara». De momento, la sequía está en sus primeros meses y ya copa titulares de calibre grueso, quizá más interesados que prudentes.