Medio Ambiente revisa las tarifas del Júcar-Vinalopó tras decidir la incorporación de caudal desalado
Lun, 23/05/2005
Los nuevos precios afectarán al crédito sindicado de los usuarios
F. J. Benito, Alicante
La empresa pública Aguas del Júcar ha encargado a un equipo de economistas de la Universidad de Alicante la revisión de las tarifas del trasvase Júcar-Vinalopó tras la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de incorporar al mismo los caudales desalados de la planta de Agua Amarga y de la nueva instalación que se construirá para abastecer a la Marina Baixa.
El consejero delegado de la empresa pública, José María Marugán, se reunió el martes pasado con la Junta Central de Usuarios para presentarles al equipo revisor que encabeza el catedrático de Economía Aplicada y ex conseller socialista de Industria, Martín Sevilla, para comenzar a trabajar conjuntamente en los nuevos precios del agua.
De momento, regantes y usuarios esperan con recelo el resultado del informe que elaboren los economistas ya que el mismo incidirá directamente sobre el crédito sindicado de 75 millones de euros que firmaron con cajas y bancos para pagar las obras, aunque su abono ha quedado congelado hasta la revisión del convenio.
La Junta Central de Usuarios ha aportado ya a la CAM -entidad coordinadora- los 700.000 euros correspondientes a la comisión de apertura, pero el resto queda pendiente hasta ver la evolución del Programa Agua y las propias obras del Júcar-Vinalopó que continúan avanzando lentamente debido al bloqueo que sufre la construcción de los 42 kilómetros de túneles. En principio los usuarios del agua firmaron con Aguas del Júcar un convenio por el que el precio del metro cúbico de agua estaría entre los 0,12 céntimos -20 de las antiguas pesetas- para riego y 0,27 céntimos -45 pesetas- para el abastecimiento urbano. Los usuarios de la Marina Baixa pagarían, por tanto, más de tres millones de euros al año por el agua. Una cantidad que ahora habrá que revisar y, por lo tanto, puede afectar al convenio.
Los futuros usuarios del caudal del trasvase continúan expectantes al comprobar que, tras la derogación del trasvase del Ebro, el plan alternativo al Vinalopó sólo contempla unos 45 hm3 anuales desde Cortes de Pallas y ocho más procedentes de la depuración y reutilización, siendo una incógnita la incorporación de agua desalada del mar. Mientras, el PHN contemplaba el trasvase Júcar-Vinalopó íntegro -80 hm3-, más otros 160 hm3 que llegaban las comarcas del Vinalopó por el trasvase del Ebro. Hoy, la situación ha cambiado al incorporarse la desalación para abastecer a l'Alacantí y la Marina Baixa, una comarca que sólo recibía del Júcar 11,5 hm3 en el proyecto original.
Trámites para reclamar ayudas a la CE
Por otro lado, un informe del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante data el inicio del nuevo ciclo seco que sufre la Comunidad, gran parte en el sur valenciano, en la primavera de 2002, tres años antes de la declaración oficial de Medio Ambiente. En este sentido, el Ministerio de Agricultura ha iniciado los trámites para reclamar ayudas económicas al Fondo de Solidaridad creado por la Comisión Europea para actuar en caso de catástrofe natural. No obstante, para que las ayudas sean efectivas los daños deben superar los 3.000 millones de euros o el 0,6% de la renta nacional bruta.
F. J. Benito, Alicante
La empresa pública Aguas del Júcar ha encargado a un equipo de economistas de la Universidad de Alicante la revisión de las tarifas del trasvase Júcar-Vinalopó tras la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de incorporar al mismo los caudales desalados de la planta de Agua Amarga y de la nueva instalación que se construirá para abastecer a la Marina Baixa.
El consejero delegado de la empresa pública, José María Marugán, se reunió el martes pasado con la Junta Central de Usuarios para presentarles al equipo revisor que encabeza el catedrático de Economía Aplicada y ex conseller socialista de Industria, Martín Sevilla, para comenzar a trabajar conjuntamente en los nuevos precios del agua.
De momento, regantes y usuarios esperan con recelo el resultado del informe que elaboren los economistas ya que el mismo incidirá directamente sobre el crédito sindicado de 75 millones de euros que firmaron con cajas y bancos para pagar las obras, aunque su abono ha quedado congelado hasta la revisión del convenio.
La Junta Central de Usuarios ha aportado ya a la CAM -entidad coordinadora- los 700.000 euros correspondientes a la comisión de apertura, pero el resto queda pendiente hasta ver la evolución del Programa Agua y las propias obras del Júcar-Vinalopó que continúan avanzando lentamente debido al bloqueo que sufre la construcción de los 42 kilómetros de túneles. En principio los usuarios del agua firmaron con Aguas del Júcar un convenio por el que el precio del metro cúbico de agua estaría entre los 0,12 céntimos -20 de las antiguas pesetas- para riego y 0,27 céntimos -45 pesetas- para el abastecimiento urbano. Los usuarios de la Marina Baixa pagarían, por tanto, más de tres millones de euros al año por el agua. Una cantidad que ahora habrá que revisar y, por lo tanto, puede afectar al convenio.
Los futuros usuarios del caudal del trasvase continúan expectantes al comprobar que, tras la derogación del trasvase del Ebro, el plan alternativo al Vinalopó sólo contempla unos 45 hm3 anuales desde Cortes de Pallas y ocho más procedentes de la depuración y reutilización, siendo una incógnita la incorporación de agua desalada del mar. Mientras, el PHN contemplaba el trasvase Júcar-Vinalopó íntegro -80 hm3-, más otros 160 hm3 que llegaban las comarcas del Vinalopó por el trasvase del Ebro. Hoy, la situación ha cambiado al incorporarse la desalación para abastecer a l'Alacantí y la Marina Baixa, una comarca que sólo recibía del Júcar 11,5 hm3 en el proyecto original.
Trámites para reclamar ayudas a la CE
Por otro lado, un informe del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante data el inicio del nuevo ciclo seco que sufre la Comunidad, gran parte en el sur valenciano, en la primavera de 2002, tres años antes de la declaración oficial de Medio Ambiente. En este sentido, el Ministerio de Agricultura ha iniciado los trámites para reclamar ayudas económicas al Fondo de Solidaridad creado por la Comisión Europea para actuar en caso de catástrofe natural. No obstante, para que las ayudas sean efectivas los daños deben superar los 3.000 millones de euros o el 0,6% de la renta nacional bruta.