La ministra de Medio Ambiente defendió su propuesta de desaladoras basándose en que el agua del mar es inagotable y los trasvases «son siempre conflictivos»

MADRID. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, compareció ayer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, a petición del PP, para informar sobre las medidas previstas para afrontar el problema del agua. Y lo hizo en sus dos vertientes: el programa A.G.U.A. que sustituye al derogado trasvase del Ebro, y la sequía que está sufriendo buena parte de nuestro país. Ambos temas se mezclaron, como es lógico en la planificación hidráulica de un país que sufre sequías cíclicas.

Así, la ministra defendió las desaladoras frente a las transferencias, por considerar que el agua del mar es inagotable y que los trasvases «son siempre conflictivos». «No es racional decir que todo se puede arreglar con un trasvase intercuencas, incluso siendo todos muy solidarios, cuando no hay agua no hay agua», afirmó. En este sentido, advirtió que el Acueducto Tajo-Segura cada vez dará menos agua, por lo que los regantes de esa zona «cada vez tendrán menos garantía». Reconociendo que la del Segura es la cuenca que se encuentra en una situación más crítica, la ministra aseguró que no es justo que esté ««colgada» de la incertidumbre de lo que llegue desde el Tajo, que no es precisamente la España húmeda», o del Ebro, que «no es la panacea», y que también está sufriendo problemas con la sequía. Una situación que puso de manifiesto el presidente aragonés, Marcelino Iglesias -el único presidente autonómico en la sesión-quien mostró su apoyo a la ministra por la puesta en marcha de la llamada «nueva cultura del agua», si bien también le reclamó que en la revisión que se haga de los Planes Hidrológicos de Cuenca puedan participar todas las Comunidades Autónomas en la definición de los caudales ambientales. Y es que el caudal ambiental que se fije para el Delta del Ebro, que según la reforma del PHN quedará en manos del Estado y la Generalitat de Cataluña, repercute en la reserva de agua de Aragón para cubrir sus necesidades.

Recuperar la transferencia del Ebro

Pero las mayores demandas vinieron desde la Comunidad Valenciana y Murcia, cuyos consejeros reiteraron la petición de que se les concedan las obras del derogado trasvase del Ebro. «Le pido que nos deje hacerlo», dijo el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá. «Dénos el permiso y pónganos las condiciones ambientales». Una idea en la que abundó el consejero de Infraestructuras y Transportes valenciano, José Ramón García Antón, quien dijo que «los Bancos del Agua -que Medio Ambiente quiere poner en marcha el año que viene- no pueden funcionar si no hay conducciones, porque no se puede transferir agua a ningún sitio». García Antón dijo que «frente a la integración, solidaridad y el interés común», la política de Narbona es «de autorquía y de cierre de fronteras entre cuencas y regiones».

Narbona reiteró las bondades de su propuesta de desalación -«que no son un parche»-, y como en otras ocasiones puso como ejemplo de que otros países tienden a lo mismo una planta en Londres para abastecer a 900.000 habitantes. El consejero de Murcia, Antonio Cerdá, pidió la palabra de nuevo en el último minuto para decir que la construcción de esta desaladora se ha paralizado por su alto consumo energético