Uno de los ámbitos prioritarios de actuación que se fijó el Ministerio de Medio Ambiente al inicio de la presente legislatura fue la reorientación de la política del agua que, de acuerdo con el contenido del discurso de investidura del presidente Zapatero, debía propiciar una ordenación del territorio más equilibrada y tomar en consideración tanto el valor económico como el valor social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad, optimizando su uso y restaurando los ecosistemas asociados . Esta reorientación de la política del agua para toda España se materializa en el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (Programa A.G.U.A.).
El objetivo principal de la política del agua impulsada por este Ministerio es, por tanto, la promoción del uso sostenible del agua en la cantidad y calidad adecuadas para garantizar la protección a largo plazo de los recursos hídricos. Ello exige incorporar, en primer lugar, racionalidad económica en la obra hidráulica y en la gestión del agua, conforme al principio de recuperación de costes establecido en la Directiva Marco y conforme, también, al equilibrio presupuestario con el que este Gobierno está plenamente comprometido.
En segundo lugar, la racionalidad económica está estrechamente vinculada al uso de las mejores tecnologías disponibles y a la existencia, hoy día, de un mayor número de opciones técnicas viables para obtener agua, así como para mejorar su calidad. No es entendible que se pretenda abordar hoy la política del agua como si sólo existieran las obras hidráulicas convencionales; mucho menos si se apuesta, como apuesta este Gobierno, por un desarrollo más sostenible; es decir, un desarrollo económico más duradero, basado en la innovación tecnológica y en el uso eficiente de los recursos. En definitiva, un desarrollo más inteligente.
En tercer lugar, la política del agua tiene que incorporar la variable ambiental en el inicio de cualquier proceso de toma de decisiones, y no –como lamentablemente ha sucedido a menudo– al final de dicho proceso, como un elemento corrector y en muchos casos más ornamental que efectivo.
Por último, nuestros ejes de actuación deben estar basados en una política de transparencia, de información veraz y completa. Sólo de esta forma, a través de la información, lograremos impulsar y desarrollar uno de los puntos cruciales de la Directiva Marco del Agua: la participación ciudadana en la toma de decisiones. Participación de todos los agentes sociales a través del debate de las ideas, tratando de aunar intereses comunes e intereses particulares. Debate, por tanto, entre ciudadanos cada vez más y mejor informados, más responsables y más exigentes, capaces así de sentirse protagonistas del esfuerzo colectivo para avanzar hacia un desarrollo más sostenible.
Todas estas premisas, que este Gobierno viene desarrollando desde hace más de un año, están siendo materializadas a través de las diversas actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente está ejecutando y que se engloban en el Programa A.G.U.A. En concreto, la cuenca del Guadalquivir está tratando de reflejar fielmente la letra y el espíritu en el que se basa la reorientación de la política del agua. Durante un año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha venido impulsando un completo proceso participativo en el que, de la mano de las diferentes administraciones autonómicas, fundamentalmente la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Medio Ambiente, se han involucrado todos los actores sociales relacionados con la gestión del agua en la cuenca. En este amplio debate han participado desde los actores tradicionales (comunidades de regantes, empresas abastecedoras…) hasta aquellos representantes de posicionamientos que, hasta ahora, no habían contado con presencia en los órganos de decisión (organizaciones ecologistas, consumidores y usuarios, asociaciones vecinales, expertos universitarios, etcétera.
Fruto de este debate es el Acuerdo por el Agua en la cuenca del Guadalquivir, un ambicioso documento que no sólo retrata la situación de los problemas de la cuenca, sino que aporta un completo plan de medidas a ejecutar a corto plazo.
La importancia de este documento es doble. En primer lugar, pone las bases de lo que debe ser la nueva política de aguas en la cuenca del Guadalquivir y la aprobación, en 2009, del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca, que debe comenzar a elaborarse en 2006. Además, y seguramente más importante, se ha elaborado con la participación y el consenso de todos. Más de cuarenta entidades relacionadas con la gestión del agua han consensuado un texto y un programa de actuación. Más de cuarenta entidades, por primera vez, se han puesto de acuerdo en impulsar una nueva forma de ver nuestros ríos y ecosistemas fluviales; una nueva forma de relacionarnos con un recurso que, en el caso concreto de Andalucía, es especialmente escaso; una nueva forma basada, principalmente, en la gestión de la demanda; una nueva forma, en definitiva, más respetuosa con el medio ambiente y más comprometida con un desarrollo más sostenible.
La política del agua tiene que incorporar la variante ambiental en el inicio de cualquier proceso de toma de decisiones, y no sólo al final, como un elemento corrector