La guerra del agua entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Murcia está servida. El Consejo de Ministros, que ayer se celebró en Mérida (Extremadura), acordó trasvasar 82 hectómetros cúbicos de agua de la cuenca del Tajo a la del Segura durante los próximos tres meses, pero la decisión no contentó a nadie. El Gobierno castellanomanchego calificó la cantidad de "excesiva" e "irresponsable", mientras sus homólogos de Murcia advertían de que "una cantidad tan baja" les condena "a la miseria".
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó tras la reunión del Ejecutivo que la situación de la cabecera del Tajo es crítica. Las aportaciones netas de agua han sido las más bajas desde 1912: tan sólo 360 hectómetros cúbicos en lo que va de año hidrológico. Y aseguró que la decisión se ha tomado "con la máxima prudencia para no comprometer los recursos del año próximo" si, como todo parece indicar, persiste la sequía.
ABASTECIMIENTO Y REGADIO De los 82 hectómetros, 39 se destinarán a abastecimiento y unos 43 a regadío, aunque la distribución definitiva deberá realizarla la comisión de explotación del trasvase, que se reúne el próximo miércoles. Pero Castilla-La Mancha defendía que sólo se trasvasará agua para el consumo humano, con un máximo de 40 hectómetros.
Aunque De la Vega pidió a las partes implicadas "la máxima responsabilidad ante la delicada situación", todo fueron críticas tras conocerse la decisión. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno manchego, Máximo Díaz Cano, advirtió de que la medida "puede solucionar el problema de unos regantes, pero pone en riesgo el abastecimiento de tres millones de españoles que beben agua del Tajo". Tampoco ahorró calificativos. De "imprudente", "excesivo" e "irresponsable" calificó el volumen acordado.
10% DE RESERVAS De la Vega aseguró que el Ejecutivo también ha tenido en cuenta la "gravísima" situación de la cuenca del Segura, cuyos recursos propios han descendido al 10%, "poniendo en peligro las cosechas de este año y la supervivencia de los cultivos leñosos".
Pero para el portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, la decisión ha sido "absolutamente decepcionante e insolidaria" y constituye "un ataque frontal" a la región. Murcia había pedido 120 hectómetros para regadío, además de los 40 necesarios para el abastecimiento urbano. El dirigente vaticinó que con la cantidad asignada se causarán "daños irreparables" a la agricultura, no sólo en la cosecha de este año, sino también en las frutas, por la muerte de muchos frutales. "Condenará a la precariedad a 70.000 familias de regantes y dejará en el paro a decenas de miles de personas", lamentó.
PROTESTA EN CIUDAD REAL Desde ambos frentes se preparan movilizaciones. Varios miles de personas --30.000 según los organizadores, unas 6.000 según la policía local-- recorrieron Ciudad Real en defensa del agua de Castilla-La Mancha a la misma hora que se celebraba el Consejo de Ministros. Al acabar la marcha leyeron un manifiesto en el que se reclama que no salga una gota de agua de la región mientras ésta sufra restricciones.
El presidente de la comunidad de regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, anunció, por su parte, que sus asociados "saldrán a la calle" para protestar contra la decisión, que convertirá a la región en una "zona catastrófica" al perder 42.000 hectáreas de arbolado.

Recordó, además, que en la anterior sequía del año 1995 se bajaron los embalses de 80 a 60 hectómetros "y se llegaron a trasladar los peces de un pantano a otro para que no se murieran". El Gobierno murciano ya se ha comprometido a apoyar "las manifestaciones que surjan de la sociedad".