El Ministerio Fiscal solicita una pena de cino años de prisión y cuatro de inhabilitación para el alcalde de Vacarisses (Barcelona), Salvador Boada (Unió Independent per Vacarisses), por haber tenido conocimiento supuestamente y haber autorizado vertidos de aguas residuales industriales en el torrent de Sant Jaume, afluente del río Llobregat.
Los hechos, que se comenzaron a juzgar hoy en la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, ocurrieron entre el 1 de enero de 2000 y el 25 de junio de 2001, cuando supuestamente se vertieron residuos industriales procedentes del polígono Can Torrella de la población a la depuradora de Vacarisses (EDAR) --dedicada únicamente al tratamiento de aguas residuales urbanas-- a través de una conexión que habría aprobado el alcalde.
En su declaración, Salvador Boada, aseguró que el proyecto de conexión del colector de residuos del polígono al de la depuradora se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de octubre de 1991, cuando la depuradora aún no se había construido, y que no se lo comunicó a la Junta de Saneamiento de la Generalitat --actual Agència Catalana del Agua (ACA)-- porque no lo creyó necesario.
La depuradora de Can Torrella estaba autorizada únicamente para tratar las aguas residuales sanitarias del polígono y no las industriales, algo que Boada manifestó desconocer y, además, destacó que no había recibido ninguna queja sobre vertidos tóxicos de las industrias del complejo hasta el momento en que se denunciaron los hechos.
Asimismo, afirmó conocer que EDAR, construida en 1995, recibía vertidos de colores, aunque precisó que le habían explicado que se trataba de vertidos alimenticios y que no suponían ninguna toxicidad para el agua.
DENUNCIAS A LOS MOSSOS.
Por su parte, el gerente de la empresa que explotaba la depuradora, José Cardona, y la jefa de planta, Rosa Rica, que se enfrentan a la misma pena que el edil, coincidieron en que informaron de los vertidos residuales tóxicos que recibían al ACA cuando tuvieron constancia y denunciaron el caso a los Mossos d'Esquadra cada vez que se repetían éstos.
Así, queda constancia de que se denunciaron un total de 22 vertidos en un periodo de 6 años y acusaron a empresas de Can Torrella como Kinesia (detergentes), Sevasa (vidrio) y Procrimac (colorantes) de ser las responsables.
Cardona manifestó que los vertidos tóxicos se producían de manera "esporádica" y "puntual", algo que calificó como "normal en todas las depuradoras de Catalunya" y que "no se puede controlar" y aseguró que no sabía que el colector del polígono estaba conectado a la planta, aunque Rica aseguró que dichos vertidos se llegaron a producir "a diario" y sabía que venían del complejo industrial.
El último de los procesados por este caso --acusados de un delito contra los recurso naturales y el medio ambiente--, Antonio Rabascall, máximo responsable entonces del Departamento de Recursos y Explotación de la ACA, admitió que conocía que se producían vertidos industriales en la EDAR porque sus subordinados se lo habían hecho saber.
Rabascall aseguró que se limitó a informar de lo ocurrido a sus superiores, de quienes consideró que tenían competencias para actuar al respecto y eludió cualquier responsabilidad en los hechos que se juzgan.