Según la ministra, la decisión del pasado Consejo de Ministros garantiza el suministro para entre 2,5 y tres millones de personas de todo el sistema que abastecen los Canales del Taibilla durante el próximo año. 'Si en julio se hubiera dado el 100% de las peticiones de los regantes del trasvase Tajo-Segura, en estos momentos no se podría garantizar el abastecimiento a las poblaciones del Segura', subrayó la titular de Medio Ambiente en el Foro de la Nueva Sociedad.
Narbona pidió a los gobiernos autonómicos responsabilidad 'más allá de cualquier batalla partidista, y si no hay agua eso nada tiene que ver con las distintas fuerzas políticas que gobiernan en un sitio o en otro', añadió. Una de las medidas para hacer frente a la sequía serán las desaladoras, que en la cuenca mediterránea permitirán obtener hasta 600 hectómetros cúbicos.
La nueva desaladora, ubicada en Torrevieja, será la más grande de España y producirá unos 60 hectómetros cúbicos. En la actualidad el coste de desalar agua asciende a 0,45 euros por metro cúbico, y los regantes pagarán un precio máximo de 0,30 euros por metro cúbico, con lo que la subvención para la agricultura de agua desalada ascenderá al 33%, indicó Narbona.
La responsable de Medio Ambiente apuntó la necesidad de una 'transformación en el sector agrario' para que 'se utilice el agua con la mayor eficiencia'. 'Hay que aportar racionalidad y sensatez al uso del agua', añadió. En cuanto a la financiación europea de los proyectos del Programa AGUA, la ministra indicó que los susceptibles de recibir fondos FEDER ya han sido reprogramados sustituyendo al trasvase del Ebro y los de Fondos de Cohesión, concretamente los de Cataluña, serán analizados 'en tiempos y modalidad' por la Comisión Europea. 'No hay previsión de que España vaya a pedir ni un euro', aseveró.
En Valencia, el consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco, aseguraba que las desaladoras 'son sólo una solución puntual y nunca la alternativa a la llegada de las aguas excedentes del Ebro. Blasco advirtió en respuesta al anuncio del Ministerio de elaborar dos decretos contra la sequía para las cuencas del Júcar y el Segura. Blasco subrayó que el Consell ejercerá sus competencias en el control medioambiental de las desaladoras. 'Nuestra actitud es la de colaborar con el Gobierno central teniendo en cuenta que las desaladoras son sólo una solución puntual y nunca la alternativa a la llegada de las aguas excedentes del Ebro, que constituye la única solución real al déficit hídrico de la Comunidad'.
El consejero recordó que el artículo 33 del Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana afirma que corresponde al Consell la ejecución de la legislación del estado 'en materia de salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del estado correspondientes al litoral valenciano', concepto en el que se incluyen las desaladoras, dijo.
Según Blasco, se trata 'de una inaceptable invasión de competencias', lo que demuestra una vez más 'que el Gobierno de Rodríguez Zapatero discrimina con absoluto descaro a las autonomías que no son de su mismo signo político'.
Blasco añadió que para el Gobierno valenciano la construcción de desaladoras 'nunca puede ser una solución global al problema del agua'. 'Las plantas desaladoras pueden resolver problemas concretos de abastecimiento en puntos muy localizados, pero la única opción válida es el trasvase a nuestra Comunidad de las aguas excedentarias del Ebro'.
El Consell ejercerá sus competencias 'al máximo' y en ningún caso hará 'dejación de funciones' para el control del impacto ambiental de las desaladoras. De hecho, en virtud de la nueva Ley de Calidad Ambiental, el Gobierno valenciano informará al Ministerio de Medio Ambiente de los impactos negativos de las desaladoras para el establecimiento de medidas correctoras.
Blasco explicó que el Consell se ha adelantado a la entrada en vigor de la nueva Ley de Calidad Ambiental, y ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente siete informes en los que se recogen los posibles impactos negativos de las desaladoras previstas en la provincia de Alicante. 'Es una gran paradoja', dijo Blasco, que el Gobierno central 'plantee todo tipo de subterfugios jurídicos, como los decretos, para la construcción de desaladoras en la Comunidad Valenciana.