Organizaciones ecologistas han valorado la eficacia que los bancos públicos de agua pueden tener para luchar contra la sequía, pero han advertido que deben funcionar de forma "transparente" y que se deben adoptar cautelas para asegurar un buen uso del agua por quien la "compra" y evitar daños en el medio ambiente.
Pedro Arrojo, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua (que agrupa a unos cuatrocientos profesores e investigadores universitarios de España y Portugal), recordó, por ejemplo, que organismos similares a los bancos de agua se activaron "con mucho éxito" en Andalucía en la sequía que duró entre 1990 y 1995.
El Estado hizo entonces una oferta pública para adquirir derechos de agua y consiguió "recuperar" grandes cantidades de agua, recordó Arrojo, y observó que en California se puso también en marcha un banco de agua en los noventa "y demostró su eficacia para luchar contra la sequía".
Insistió, en declaraciones a Efe, en que es necesario, en especial en tiempos de escasez, gestionar la demanda del agua y flexibilizar el sistema de concesiones que impera en España.
Arrojo se mostró convencido de que muchos de los concesionarios de agua preferirían vender el recurso ya que pueden sacar una rentabilidad mayor que utilizándolo para el objetivo por el que tienen la concesión.
A este posible mercadeo del agua se refirió también en declaraciones a Efe la geóloga Lucía De Stéfano, autora del informe "Los mercados de aguas y la conservación del medio ambiente.
Oportunidades y retos para su implantación en España", elaborado por la organización ecologista WWF/Adena.
De Stéfano mantuvo que los bancos de agua pueden servir, además de para paliar los efectos de la sequía, para mejorar la situación de los ríos, de los humedales y de los acuíferos, pero insistió en la necesidad de acometer esta iniciativa "con mucha prudencia", con "absoluta transparencia" y salvaguardando en todos los casos la protección del medio ambiente.
Según De Stéfano, los bancos pueden servir además para estimular entre los usuarios la racionalidad del consumo y el ahorro, ya que el agua que no gasten la pueden vender.
Se mostró además convencida de que, si los concesionarios asumen que el agua es un bien que se puede comprar y vender y que en esa transacción pueden obtener beneficios económicos, asumirán que este recurso tiene un valor económico y que por lo tanto no se debe malgastar