El director general del Agua, Jaime Palop, aseguró que el Gobierno central aprobará el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) en 2006, tendrá un horizonte de trabajo de 10 o 15 años, y producirá una estabilidad satisfactoria en el uso del agua en esta zona.
Palop realizó estas declaraciones en una entrevista concedida al programa 'A Pie de Campo', de Radio Castilla La Mancha (RCM), a la que tuvo acceso Europa Press, donde explicó que pendiente de la aprobación del Plan Especial de reordenación de los usos de aguas, los trabajos han comenzado con el envío a todos los agentes sociales de un índice de directrices que serán consensuadas a finales de 2005.
Sobre el presupuesto global del PEAG, Palop aseveró que el gasto será progresivo, a medida que se vaya definiendo el modelo de desarrollo para el mismo, y anunció que como primer paso, el Ministerio de Medio Ambiente comprará derechos de agua y tierras, para lo que se ha destinado una partida de 18 millones de euros.
A ello, matizó, se sumarán otras cuantías en concepto de modernización de regadíos, y para la puesta en marcha de las obras de abastecimiento a la llanura manchega.
Preguntado por la solución a los pozos ilegales, el director general del Agua, que reconoció que "existen en la zona 100.000 hectáreas que no cuentan con títulos concesionales, apuntó que la solución, "viendo el volumen de ilegalidad", no pasa por aplicar la ley sin más, "estamos hablando de un problema social, económico y de desarrollo que habrá que tener en cuenta" afirmó.
Por ello dijo que habrá que superar esta situación en un corto plazo de tiempo, mediante la reasignación del agua, y "en ello, vamos a dar un papel muy importante a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, que tiene que intervenir, pues es un problema territorial, y debe asumir el liderazgo dentro de este proceso de regularización y armonización de la sociedad".
POZOS ILEGALES.
Dicho esto, Palop descartó que la solución a los pozos ilegales sea una amnistía, aunque anunció que el Ministerio de Medioambiente "estudia con el sector agrario qué posibilidades de juego da al respecto la legislación y la jurisprudencia, para alargar plazos, y soslayar estas necesidades impuestas por la normativa" alegando que se trata de actuaciones bastante antiguas y que afectan incluso a otras administraciones.
Por último, el director general del Agua concluyó diciendo que de los expedientes enviados, 2.700 cuentan una con resolución judicial firme, que obliga a sus propietarios a cerrar los pozos, mientras existen otros 1.500 que cuentan con mayor margen de maniobra, apostillando que se está trabajando para revocar estos expedientes, "manteniendo la legalidad".