La empresa Aguas Argentinas, operada por el grupo francés Suez, que decidió dejar la concesión, fue demandada hoy por cobrar servicios que no prestó a un centenar de empresas públicas y privadas, informaron fuentes judiciales.
El abogado Daniel Alonso acusó a la compañía de cometer "una estafa" a esos clientes por "montos millonarios aún indeterminados" a lo largo del contrato de concesión firmado en 1993, cuando se hizo cargo del servicio de la estatal Obras Sanitarias de la Nación.
"Empresas ubicadas en la zona portuaria (de Buenos Aires) recibieron durante años facturas con conceptos indebidos, ya fuera porque directamente no existían o porque estaban modificados los componentes de la ecuación de la tarifa básica bimestral", aseguró en la demanda.
Sostuvo que "casi cien empresas" fueron "severamente perjudicadas en su patrimonio" por Aguas Argentinas, en la que además participa la española Aguas de Barcelona como uno de los socios del grupo Suez.
Alonso apuntó que recurrió a la Justicia luego de hacer varias reclamaciones administrativas ante el organismo público de control de los servicios de agua potable y alcantarillado y el Gobierno Autónomo de la ciudad de Buenos Aires.
Aguas Argentinas, que presta servicio a unos diez millones de clientes en Buenos Aires y 17 distritos del cono urbano de la capital argentina, decidió rescindir el contrato de concesión durante una asamblea extraordinaria de sus accionistas, el 22 de septiembre pasado.
La cancelación del contrato fue impulsada por el grupo Suez, que posee el 39,93 por ciento del capital de la empresa y había anunciado su intención de salir del negocio al fracasar las negociaciones con el Gobierno argentino sobre nuevas condiciones de la concesión, principalmente en el capítulo tarifario.
La decisión de la asamblea de accionistas no fue unánime, ya que el argentino Banco de Galicia, que tiene una participación del 8,26 por ciento en la distribuidora, votó en contra y propuso seguir las negociaciones con las autoridades.
Suez y Aguas de Barcelona, que posee el 25,01 por ciento de las acciones de Aguas Argentinas, demandaron en junio de 2003 al Estado argentino ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por pérdidas ocasionadas por la congelación de las tarifas desde inicios de 2002, a partir de la crisis económica.
Al decidir la rescisión del contrato, los principales accionistas de Aguas Argentinas se reservaron el derecho de seguir adelante con esa demanda, por la que reclaman una indemnización de 1.700 millones de dólares.