El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy un decreto con medidas excepcionales para paliar los efectos de la sequía en la provincia de Málaga. Es la zona de mayor riesgo de Andalucía en este momento, pero no la única: la Vega del Guadalquivir, las Lo
Mié, 02/11/2005
El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy un decreto con medidas excepcionales para paliar los efectos de la sequía en la provincia de Málaga. Es la zona de mayor riesgo de Andalucía en este momento, pero no la única: la Vega del Guadalquivir, las Lomas de Úbeda y el área metropolitana de Granada están siendo vigiladas para evitar el desabastecimiento.
n málaga. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy un decreto con medidas excepcionales para paliar los efectos de la sequía en la provincia de Málaga. Es la zona de mayor riesgo de Andalucía en este momento, pero no la única: la Vega del Guadalquivir, las Lomas de Úbeda y el área metropolitana de Granada están siendo vigiladas para evitar el desabastecimiento.
–¿Ha habido muchas alegaciones al decreto sobre la sequía en la provincia de Málaga?
–Ha habido 250 puntos alegados, con la participación de 38 instituciones. Las sugerencias más importantes se refieren a la creación de infraestructuras que pueden funcionar en seis meses.
–¿Hasta cuando habrá agua con las medidas del decreto?
–Hasta después del verano, incluso si no llueve este otoño ni en invierno. Hemos liberado como recursos extraordinarios unos 1.100 litros por segundo para la Costa del Sol occidental. Se han rehabilitado pozos, se han construido nuevos en Fuengirola y el Guadiaro. Hay captaciones externas del Campo de Gibraltar, el embalse del Guadarranque, y de la Viñuela, en la Axarquía.
–¿Cuáles son las zonas de riesgo en el resto de Andalucía?
–Los embalses del Guadalquivir están al 37 por ciento, casi la mitad que hace un año. En la cuenca habrá restricciones si hay un bajo nivel de aportes en otoño e invierno. Otra zona que estamos vigilando es las Lomas de Úbeda. Y en el área metropolitana de Granada hemos rehabilitado los pozos de la sequía del 92 al 95, que pueden satisfacer más de la mitad de su demanda.
–Andalucía consume más agua por habitante que la media.
–Estamos algo por encima. En uso doméstico consumimos 180 litros por habitante y día y la media nacional es de 155. En agricultura estamos en 900 hectómetros anuales y la media española no llega a 800.
–Y, sin embargo, el precio es más barato.
–Es consecuencia de una agricultura muy potente y de un abastecimiento urbano para mucha población turística, que no aparece en las estadísticas. La media española es de 0,75 a 0,8 euros por metro cúbico y la nuestra está en torno a 0,65.
–Pero hay grandes diferencias dentro de Andalucía.
–En el Guadalquivir un agricultor puede pagar 6 pesetas por metro cúbico y en el litoral, si es agua de un trasvase puede llegar a 50. Y en abastecimiento urbano, hay un 10 por ciento de pequeños municipios que paga 0,2 euros el metro y grandes capitales, como Sevilla o Málaga, donde se llega a 1,2.
–¿Los precios van a subir?
–No necesariamente. Lo que habrá que hacer es un esfuerzo de mejora del servicio, para dar agua de calidad, segura y depurada.
–¿De cuanta agua disponemos?
–Los embalses tienen una capacidad total de 10.000 hectómetros cúbicos, pero la media es de 6.000. Después están los acuíferos y pozos, de los que podemos disponer de 1.500 hectómetros anuales...
–¿En todo caso, estamos gastando más agua de la que tenemos?
–Estamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Cuando vienen dos años secos seguidos tenemos sequía. Esto pasa cada cuatro o cinco años. Tenemos que gastar mejor en las casas, en la agricultura, en los campos de golf...
–¿Qué significa mejor?
–No somos buenos gestores del consumo. Es una cuestión cultural: hasta ahora se consideraba que el agua era un bien infinito, que estaba en la naturaleza y no tenía límite. Es de aquí de donde viene el principio establecido por el PP de agua para todos. Hay que cambiar el concepto.
–¿Cuál es el déficit andaluz?
–Gastamos entre 500 y 1.000 hectómetros cúbicos más de lo que nos entra. No todas las actividades actuales serán posibles en el futuro.
–Tenemos un déficit equivalente al postergado trasvase del Ebro.
–Ese plan generó más conflicto de lo que iba a solucionar. Trataba de llevar unos 1.000 hectómetros del Ebro a las provincias mediterráneas. El Ministerio ha puesto en marcha alternativas y en Almería va a construir dos desaladoras, que se sumarán a las tres ya existentes.
–¿Las desaladoras son una fuente de suministro importante?
–Ya producen unos 95 hectómetros cúbicos al año.
–La agricultura está doblemente cuestionada: se reducen las ayudas europeas y es una gran consumidora de agua.
–No toda la actividad agrícola tiene la misma importancia económica, ni la misma rentabilidad para los agricultores. El empleo y la riqueza que genera son valores que la sociedad tiene que considerar.
–Los agricultores pagan por hectárea. ¿Deberían usar contadores y pagar sólo los litros utilizados?
–Sí. Es un proceso que habría que aplicar poco a poco. El Ministerio de Medio Ambiente está fomentando la instalación de contadores. Los agricultores deberían pagar por los metros cúbicos que gasten.
–¿Habrá que cambiar la agricultura para adaptarla a las posibilidades de agua?
–La Política Agraria Común ya se reformó en 1992 y desde entonces los agricultores se han adaptado a cambios continuos en el sistema de subvenciones. Los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio disponen separar las ayudas de la producción. Ahora debemos introducir criterios de ecocondicionalidad en las ayudas europeas, relacionados con el buen uso del agua. Tenemos que evitar situaciones como la que se dio este verano en el pantano de Iznájar, contaminado por el exceso de pesticidas, lo que dejó sin abastecimiento a 200.000 personas.
–¿Cuánto suponen el consumo doméstico, industrial y agrario?
–La agricultura, unos 5.000 hectómetros al año. Y en consumo doméstico, 800. Salvo dos polígonos industriales potentes, en el Campo de Gibraltar y Huelva, es difícil separar el consumo de las industrias de los núcleos de población.
–¿Los campos de golf son grandes depredadores de agua?
–Es un gran tabú y un elemento de reflexión para el futuro. Los campos de golf suponen un importante atractivo para el turismo de calidad en la costa y el interior. Pero hay que evitar que sean una excusa para un modelo de urbanismo especulativo. Por lo demás es una cubierta vegetal que necesita el mismo agua que el maíz o la remolacha.
–Deberían utilizar agua reciclada, pero no hay conducciones.
–El coste de la depuración terciaria, para obtener agua de calidad, la agricultura no la puede pagar, pero los campos de golf sí.
–¿Quién tiene que depurar el agua, para reutilizarla y quién debe pagar las conducciones?
–La depuración es responsabilidad de los municipios. Ya hay campos de golf en la Costa del Sol occidental que usan agua depurada tras un acuerdo con su mancomunidad. Con seis hectómetros abastecen a 15 campos. Y el coste de las redes lo deben pagar los usuarios.
–La Unión Europea es partidaria de elevar los precios del agua.
–La Directiva Marco establece que hay que trasladar los costes al precio. En sectores de alta rentabilidad, podemos adelantar la entrada en vigor, prevista para 2010.
–La UE obligaba a tener en 2000 depurada el agua de municipios mayores de 15.000 habitantes. Y el próximo 31 de diciembre las poblaciones con más de 2.000.
–No se ha cumplido ni en España ni en casi ninguno de los países. El último inventario ni siquiera fue contestado por Alemania y Holanda. Nuestro plan es completar una serie de convenios con diputaciones, municipios y mancomunidades. Todas las depuradoras deben estar licitadas en dos años y terminadas en cuatro o cinco. La Junta financiará el 60 por ciento .
–Por el contrario, aquí hay muchas pequeñas depuradoras en pueblos que no se están usando.
–Sí. Por falta de capacidad técnica o económica hay pequeños municipios que han dejado sus depuradoras en desuso. Estamos haciendo un esfuerzo con mancomunidades y diputaciones para poner en marcha más de 130 instalaciones.
–¿Ha habido muchas alegaciones al decreto sobre la sequía en la provincia de Málaga?
–Ha habido 250 puntos alegados, con la participación de 38 instituciones. Las sugerencias más importantes se refieren a la creación de infraestructuras que pueden funcionar en seis meses.
–¿Hasta cuando habrá agua con las medidas del decreto?
–Hasta después del verano, incluso si no llueve este otoño ni en invierno. Hemos liberado como recursos extraordinarios unos 1.100 litros por segundo para la Costa del Sol occidental. Se han rehabilitado pozos, se han construido nuevos en Fuengirola y el Guadiaro. Hay captaciones externas del Campo de Gibraltar, el embalse del Guadarranque, y de la Viñuela, en la Axarquía.
–¿Cuáles son las zonas de riesgo en el resto de Andalucía?
–Los embalses del Guadalquivir están al 37 por ciento, casi la mitad que hace un año. En la cuenca habrá restricciones si hay un bajo nivel de aportes en otoño e invierno. Otra zona que estamos vigilando es las Lomas de Úbeda. Y en el área metropolitana de Granada hemos rehabilitado los pozos de la sequía del 92 al 95, que pueden satisfacer más de la mitad de su demanda.
–Andalucía consume más agua por habitante que la media.
–Estamos algo por encima. En uso doméstico consumimos 180 litros por habitante y día y la media nacional es de 155. En agricultura estamos en 900 hectómetros anuales y la media española no llega a 800.
–Y, sin embargo, el precio es más barato.
–Es consecuencia de una agricultura muy potente y de un abastecimiento urbano para mucha población turística, que no aparece en las estadísticas. La media española es de 0,75 a 0,8 euros por metro cúbico y la nuestra está en torno a 0,65.
–Pero hay grandes diferencias dentro de Andalucía.
–En el Guadalquivir un agricultor puede pagar 6 pesetas por metro cúbico y en el litoral, si es agua de un trasvase puede llegar a 50. Y en abastecimiento urbano, hay un 10 por ciento de pequeños municipios que paga 0,2 euros el metro y grandes capitales, como Sevilla o Málaga, donde se llega a 1,2.
–¿Los precios van a subir?
–No necesariamente. Lo que habrá que hacer es un esfuerzo de mejora del servicio, para dar agua de calidad, segura y depurada.
–¿De cuanta agua disponemos?
–Los embalses tienen una capacidad total de 10.000 hectómetros cúbicos, pero la media es de 6.000. Después están los acuíferos y pozos, de los que podemos disponer de 1.500 hectómetros anuales...
–¿En todo caso, estamos gastando más agua de la que tenemos?
–Estamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Cuando vienen dos años secos seguidos tenemos sequía. Esto pasa cada cuatro o cinco años. Tenemos que gastar mejor en las casas, en la agricultura, en los campos de golf...
–¿Qué significa mejor?
–No somos buenos gestores del consumo. Es una cuestión cultural: hasta ahora se consideraba que el agua era un bien infinito, que estaba en la naturaleza y no tenía límite. Es de aquí de donde viene el principio establecido por el PP de agua para todos. Hay que cambiar el concepto.
–¿Cuál es el déficit andaluz?
–Gastamos entre 500 y 1.000 hectómetros cúbicos más de lo que nos entra. No todas las actividades actuales serán posibles en el futuro.
–Tenemos un déficit equivalente al postergado trasvase del Ebro.
–Ese plan generó más conflicto de lo que iba a solucionar. Trataba de llevar unos 1.000 hectómetros del Ebro a las provincias mediterráneas. El Ministerio ha puesto en marcha alternativas y en Almería va a construir dos desaladoras, que se sumarán a las tres ya existentes.
–¿Las desaladoras son una fuente de suministro importante?
–Ya producen unos 95 hectómetros cúbicos al año.
–La agricultura está doblemente cuestionada: se reducen las ayudas europeas y es una gran consumidora de agua.
–No toda la actividad agrícola tiene la misma importancia económica, ni la misma rentabilidad para los agricultores. El empleo y la riqueza que genera son valores que la sociedad tiene que considerar.
–Los agricultores pagan por hectárea. ¿Deberían usar contadores y pagar sólo los litros utilizados?
–Sí. Es un proceso que habría que aplicar poco a poco. El Ministerio de Medio Ambiente está fomentando la instalación de contadores. Los agricultores deberían pagar por los metros cúbicos que gasten.
–¿Habrá que cambiar la agricultura para adaptarla a las posibilidades de agua?
–La Política Agraria Común ya se reformó en 1992 y desde entonces los agricultores se han adaptado a cambios continuos en el sistema de subvenciones. Los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio disponen separar las ayudas de la producción. Ahora debemos introducir criterios de ecocondicionalidad en las ayudas europeas, relacionados con el buen uso del agua. Tenemos que evitar situaciones como la que se dio este verano en el pantano de Iznájar, contaminado por el exceso de pesticidas, lo que dejó sin abastecimiento a 200.000 personas.
–¿Cuánto suponen el consumo doméstico, industrial y agrario?
–La agricultura, unos 5.000 hectómetros al año. Y en consumo doméstico, 800. Salvo dos polígonos industriales potentes, en el Campo de Gibraltar y Huelva, es difícil separar el consumo de las industrias de los núcleos de población.
–¿Los campos de golf son grandes depredadores de agua?
–Es un gran tabú y un elemento de reflexión para el futuro. Los campos de golf suponen un importante atractivo para el turismo de calidad en la costa y el interior. Pero hay que evitar que sean una excusa para un modelo de urbanismo especulativo. Por lo demás es una cubierta vegetal que necesita el mismo agua que el maíz o la remolacha.
–Deberían utilizar agua reciclada, pero no hay conducciones.
–El coste de la depuración terciaria, para obtener agua de calidad, la agricultura no la puede pagar, pero los campos de golf sí.
–¿Quién tiene que depurar el agua, para reutilizarla y quién debe pagar las conducciones?
–La depuración es responsabilidad de los municipios. Ya hay campos de golf en la Costa del Sol occidental que usan agua depurada tras un acuerdo con su mancomunidad. Con seis hectómetros abastecen a 15 campos. Y el coste de las redes lo deben pagar los usuarios.
–La Unión Europea es partidaria de elevar los precios del agua.
–La Directiva Marco establece que hay que trasladar los costes al precio. En sectores de alta rentabilidad, podemos adelantar la entrada en vigor, prevista para 2010.
–La UE obligaba a tener en 2000 depurada el agua de municipios mayores de 15.000 habitantes. Y el próximo 31 de diciembre las poblaciones con más de 2.000.
–No se ha cumplido ni en España ni en casi ninguno de los países. El último inventario ni siquiera fue contestado por Alemania y Holanda. Nuestro plan es completar una serie de convenios con diputaciones, municipios y mancomunidades. Todas las depuradoras deben estar licitadas en dos años y terminadas en cuatro o cinco. La Junta financiará el 60 por ciento .
–Por el contrario, aquí hay muchas pequeñas depuradoras en pueblos que no se están usando.
–Sí. Por falta de capacidad técnica o económica hay pequeños municipios que han dejado sus depuradoras en desuso. Estamos haciendo un esfuerzo con mancomunidades y diputaciones para poner en marcha más de 130 instalaciones.